A dos años de la tragedia de Iguala

El próximo lunes se cumplirán dos años de los asesinatos de tres estudiantes y la desaparición de otros 43 de la normal rural ’Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en hechos ocurridos en Iguala que fueron catalogados por la opinión pública como la peor tragedia de los últimos tiempos en esta entidad suriana.
También se cumplirán dos años de la muerte de un joven deportistas del equipo de fútbol ’Avispones’ de Chilpancingo, de una mujer y del chofer del autobús que transportaba a los futbolistas, quienes tuvieron la mala fortuna de formar parte de la llamada tragedia de Iguala que llenó de coraje a los mexicanos porque fueron acontecimientos que nunca debieron haber ocurrido.
En el país, en Guerrero, pero sobre todo en la comunidad estudiantil de la normal de Ayotzinapa, y en la Sociedad de Padres de Familia de esa institución, sigue en pie el reclamo y exigencia de justicia, y que se sepa el paradero preciso de los 43 jóvenes normalistas.
Si bien el gobierno federal tiene metidos en la cárcel a más de 100 presuntos implicados en esos hechos, la comunidad mexicana sigue inconforme por los tropiezos de una investigación que tardíamente inició la Procuraduría General de la República tras conocerse los asesinatos y la desaparición de los estudiantes, y porque hasta ahora a nadie convence que los normalistas hayan sido incinerados amontonados en el basurero de Cocula, como lo relata la verdad histórica elaborada por la PGR.
A todos duele lo que pasó en Iguala, y más tratándose de jovencitos que iniciaban su preparación profesional para tener un mejor modo de vida y salir de la pobreza que caracteriza a las familias de los 43 desaparecidos y de los 3 jóvenes asesinados en la noche trágica de Iguala.
Pero en definitiva, no será con actos violentos ni con movilizaciones que alteren el orden social, los medios para recordar el paso de 24 meses sin resultados satisfactorios de una investigación que parece estar frenada, y que está perdiendo el interés del gobierno federal como responsable principal de las pesquisas.
Ni quemazones ni la destrucción de edificios públicos ayudarán en el fin superior que persigue la inconformidad social, que es la localización de los estudiantes de Ayotzinapa.
Lo que se debe de evitar es que partidos y organizaciones de la sociedad civil, traten de sacar provecho político y personal para satisfacer otros intereses de la tragedia que enlutó a los guerrerenses, y que la demanda de justicia no se contamine.
Se espera que previo a cumplirse dos años de los ataques contra los estudiantes, la Procuraduría General de la República rinda un informe detallado de las investigaciones que deje satisfechos a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, que siguen reclamando justicia y que hechos como los de Iguala no se repitan nunca más en el territorio estatal ni nacional.