Abigeato, delito grave en Chiapas; abuso sexual, delito menor

En el estado de Chiapas es más “redituable”, legalmente hablando, optar por el abuso sexual de tres, seis o nueve niñas, pues se trata de un delito que no está considerado como grave, que desmantelar un auto robado, hurtar ganado o traficar con especies de flora o fauna en peligro de extinción.

Abuso sexual en Chiapas no es delito grave
De acuerdo al Código Penal vigente en esa entidad, en el primero de los casos el delincuente puede alcanzar la libertad bajo fianza, ya que el delito de abuso sexual no se considera grave, aun cuando las víctimas hayan sido nueve o diez personas, pues la pena sólo va de 3 a 7 años de prisión, con posibilidades de obtener la libertad bajo caución.

No obstante, si ese mismo malhechor resulta culpable de desmantelar algún vehículo o vehículos robados, comercializar conjunta o separadamente sus partes; enajenar o traficar estas unidades; detentar, poseer, custodiar, alterar o modificar de cualquier manera la documentación que acredite la propiedad o identificación de un automóvil robado, la pena será de cinco a quince años de prisión y hasta mil días de multa, sin derecho a fianza.

Ahora bien, si la persona en cuestión comete el delito de abigeato y es encontrado culpable de robarse una cabeza de ganado, se le impondrán de tres años con seis meses a siete años de prisión; pero si su ambición lo lleva al hurto de dos a diez cabezas, la pena se incrementará de seis a ocho años de prisión; si se roba más de 10 y menos de 15, la sanción penal será de ocho a diez años de cárcel; y si las cabezas de ganado hubieran sido más de 15, entonces la sanción carcelaria se elevaría de 10 a 12 años de prisión. En ninguno de los casos, el inculpado alcanzaría la libertad bajo caución.

Pero si el delincuente prefiere traficar ilegalmente con una o más especies o subespecies silvestres de flora o fauna, terrestre o acuática, en peligro de extinción o sujetas a protección especial en cualquier tipo de disposición oficial, su osadía lo llevará a purgar una pena de entre tres a nueve años de prisión y a pagar una multa de mil a diez mil días de salario mínimo.

Si se toma en cuenta que el salario mínimo vigente en el estado de Chiapas es de 63.77 pesos diarios, el pago de la multa por tráfico de especies en peligro de extinción fluctuaría entre 63 mil 770 y los 637 mil 700 pesos.

Abuso sexual contra 10 niñas indígenas

Lo anterior viene a colación, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas detuviera el pasado fin de semana al profesor Esteban Fidel Román Román, señalado por su presunta responsabilidad del delito de abuso sexual en contra de por lo menos diez niñas tojolabales del Ejido Nuevo San Juan Chamula, municipio de Las Margaritas, Chiapas.

El susodicho fue señalado por padres de familias de haber abusado sexualmente de diez alumnas de la escuela primaria bilingüe "Ignacio Zaragoza", de la citada localidad, a quienes habría inducido a realizar actos eróticos.

María Susana Palacios García, subprocuradora General de Justicia de Chiapas, declaró a medios electrónicos que los hechos que se le imputan al docente están tipificados como “delito menor".

Román Román fue detenido la primera vez el 11 de marzo por los delitos de corrupción de menores contra cuatro niñas de 6 años de edad, pero el juzgador del caso reclasificó el delito como abuso sexual, por lo que alcanzó una fianza de 35 mil pesos.

"El criterio del juzgador fue reclasificarnos el delito por abuso sexual, el Ministerio Público en el momento que fue notificado interpuso el recurso de apelación. De este mismo hecho, el maestro fue muy reiterativo con otros niños, y hubieron otras denuncias en agravio de cinco niñas, dos de 13, dos de 6 y una de 9 años", informó Palacios García.

El 22 de marzo, familiares de las jovencitas afectadas bloquearon la carretera fronteriza del sur, a la altura de la comunidad de Las Margaritas, en protesta por la liberación del maestro Esteban Fidel.

También acordaron suspender las clases y cerrar las escuelas de los niveles preescolar y primaria, así como la supervisión escolar zona 501 y el albergue-comedor “por tiempo indefinido” por la seguridad de sus hijos.

A través de una misiva, los padres de familia pidieron al gobierno estatal su intervención y la destitución de todo el personal docente de esos niveles, luego de sospechar que existen más profesores que practican ese tipo de delito, “por lo que, como padres de familia, tememos por la inseguridad de nuestros hijos, pues existen las pruebas suficientes y quedaron comprobadas en el expediente penal número 66/2014”.

El escándalo de abuso sexual contra las menores de edad inició el pasado 11 de marzo, cuando Luis Gómez Hernández, Aniseta Hernández Ruiz, Paulina Hernández Arias y Carmen Pérez Gómez acudieron ante el Comité de Educación de la comunidad para presentar una queja en contra el presunto abusador por corrupción de menores.

Al conocer la gravedad de los hechos, el Comité de Educación notificó de inmediato al juez rural, Juan Martín Collazo, y al agente ejidal, Francisco Hernández Pérez, quienes esa misma noche solicitaron la presencia del profesor y lo detuvieron en la cárcel ejidal.

Al continuar con las indagatorias, las autoridades de la comunidad indígena tzotzil reunieron a todos los padres y madres de familia, quienes llevaron a sus hijas para que hablaran de los supuestos abusos cometidos por parte del profesor y documentaron al menos 10 casos, aunque sólo se dio el nombre y apellido de cinco niñas que dieron su testimonio ante las autoridades.

La CNTE defiende al agresor

El 21 de marzo, cientos de maestros de la Coordinadora Regional Tojolabal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron frente al Centro de Reinserción Social Número 10, en el municipio de Comitán, para exigir la liberación del maestro detenido, bajo el argumento de que el docente había sido arrestado “de manera injusta por personas que quieren dividir a la Coordinadora”.

Según los maestros sindicalizados que se solidarizaron con el presunto abusador, Román “es un líder del magisterio que ha luchado por la educación pública y por eso le inventaron delitos. Es un delito construido por problemas laborales, estamos abogando por él, es inocente”, aseguró Abel Román, hermano del detenido.

Ese mismo viernes por la tarde, Esteban Fidel Román Román fue liberado después de pagar una fianza de 35 mil pesos. Tan pronto como supieron la noticia, el 22 de marzo por la mañana, los padres de familia y sus hijos bloquearon la carretera fronteriza del sur.

El pasado fin de semana, el profesor fue capturado en el municipio de Comitán de Domínguez, según un reporte oficial, mientras la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena abrió la averiguación previa 61/IN16/2014.

A principios de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja para investigar el caso.

Amable lectora, lector: el pasado 9 de abril, yoinfluyo.com difundió un reportaje sobre la gravedad del problema que representa el abuso sexual infantil en escuelas públicas del país. Si le interesa leerlo, le compartimos la siguiente liga: http://bit.ly/1kLMwAP

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