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Septiembre 26, 2016 14:27 hrs.

José García Sánchez › diarioalmomento.com

Política ›


Dos años se cumplen de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Lo más lamentable es el hecho de que haya una corriente de opinión, originada en los grises escritorios de la alta burocracia, que insiste en criminalizar a las víctimas, como lo hacen los gobiernos del PRI desde hace muchos años, pero que en 1968 les funcionaría a la perfección condenando a la cárcel a los estudiantes que consideraban un peligro para el país, con la aprobación de una opinión pública que entonces todavía no descubría la manipulación de los medios.
La mejor manera de hacer que un crimen se olvide es criminalizando a las víctimas, y en eso son expertos los priistas en el poder. Cuando en la campaña por sacar al PAN de Los Pinos afirmaban que ellos sí sabían gobernar, se referían a este tipo de mecanismos que no permiten disidencia, desde luego que no se referían a cómo llevar al país a un buen desarrollo económico, esto es evidente.
Dos años que implican la angustia de los padres en cada segundo, situación que algunos comunicadores oficialista no consideran importante. Para ellos lo trascendente es tener una lógica descafeinada, porque todo en ellos es tibio y a medias tintas.
La demora para llegar a una conclusión lógica, o por lo menos con sentido común, y las cortinas de humo surgidas de diferentes oficinas del gobierno federal, obligan a una interpretación que implican a alguna dependencia del gobierno que podría ser el Ejército o la Policía Federal.
El proyecto de exterminio a las normales rurales es sólo una de las causas, y probablemente nada tenga que ver con la desaparición de los 43 normalistas. Acusar al gobierno por ese motivo, en este caso, parecería superficial y hasta una distracción imperdonable.
El despido del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente del país, fue una señal de alarma inequívoca que invitaba a profundizar en las investigaciones en los espacios de los soldados, de los cuarteles policiacos, de todas las áreas que dominan a la milicia, que son muchas y cada día aumentan.
La verdad histórica que esgrimió el entonces procurador de lamentable trayectoria y pésima reputación, no es más que un factor más para que se exija hurgar en esos espacios oficiales, algún indicio de los restos de los estudiantes; el hecho de que se impida el acceso a estos sitios es un elemento más para dudar que tuvieron que ver las fuerzas armadas en esa desaparición. En el caso de Ayotzinapa las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas están bajo sospecha.
Dos años sin respuesta real, y cuando un grupo de expertos se acercaba a la verdad, los diarios de ultraderecha en México, que cada día son más, dan a conocer los gastos y los salarios de estos investigadores como si superaran a los ingresos de los diputados o de los secretarios de Estado en el país, quienes, por si fuera poco, no hacen nada por México, sólo trabajan para su beneficio propio.
Ángela Buitrago, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sostuvo que ’era claro y es claro que el resultado final no fue el basurero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay 5 dictámenes técnicos en ese sentido’. Lo que queda, apuntó, es ’seguir insistiendo y recordando que dentro de las recomendaciones habían otras líneas de investigación que podrían estar sustentadas en el expediente, demostrando incluso que los muchachos fueron separados’. Hasta ahora, afirmó, ’se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista’.
Mientras la PGR y todo el gobierno federal se aferra obsesivamente a sus teorías, lo esencial que es encontrar a los estudiantes, sus cuerpos o sus restos en algún lado, sigue no sólo como al principio sino con una complejidad mayor, debido a las trampas y distractores que han injertado a las investigaciones los propios agentes de la PGR y otros entes del gobierno que no quieren que se sepa la verdad.
A dos años de desaparición de los 43 estudiantes los padres los siguen buscando con pistas y vertientes de investigación que son secreto de Estado para las autoridades.

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Ayotzinapa, dos años

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