BAJO FUEGO

El de Nestora Salgado es un caso extraordinario cuya complejidad logró meter en un brete a la justicia mexicana, la electoral incluida, especialmente ahora que los intereses de uno y otro lado del espectro político mantienen posturas infranqueables.

Nestora lideró un fenómeno popular de rebelión contra los embates del crimen organizado que amenazaban la forma de vida de la pacífica comunidad de Olinalá, municipio de La Montaña reconocido como productor de un exquisito arte popular, apreciado más allá de las fronteras.

Ese 2012 fue el año del surgimiento tanto del Consejo Ciudadano de Seguridad y Vigilancia de Olinalá, como del Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, estallidos de verdadera ira popular que, en ambos casos, acusaron a sus autoridades municipales de tener vínculos con la delincuencia organizada.

De hecho, entre 2013 y 2015 otros cuatro estallidos de hartazgo popular dieron lugar a la integración de sendos movimientos de autodefensa que serían conocidos como Consejo Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero-Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (UPOEG-SSJC), Frente Unido por la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC).

Aunque en el mismo periodo surgieron otros grupos menores de autodefensa popular armada, los ya citados fueron los fenómenos más conocidos dadas sus actuaciones radicales y envolventes.

Los movimientos de rebelión popular de Huamuxtitlán y Olinalá fueron los precursores de un fenómeno histórico que se generalizaría con el paso del tiempo por todo el estado de Guerrero, lo que finalmente se tradujo en la generación de una oleada de más de 20 mil ciudadanos armados que comenzaron a tomar la justicia en sus manos, ante la ausencia visible del estado en todas esas regiones.

En el caso de Nestora, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Vigilancia de Olinalá procedió a afiliarse a la Casa de Justicia de El Paraíso, filial de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), la guardia comunitaria surgida en San Luis Acatlán 20 años atrás.

En la lectura de estas formaciones irregulares lideradas por Nestora Salgado, al afiliarse a la CRAC-PC quedarían en automático bajo la protección de la Ley 701 promulgada en 2011 por Zeferino Torreblanca Galindo. Como ocurrió, la CRAC reconoció como propios a los comunitarios de Olinalá y sucedió que éstos se sintieron legitimados.

Pero, aunque fueron reconocidos por la CRAC, los comunitarios comandados por Nestora ignoraron algunos elementos constitutivos fundamentales de la CRAC-PC, que aparecen reglamentados en la Ley 701.

Uno de esos elementos es que esa ley tiene dedicatoria, es decir, está pensada para reconocer e inclusive regular la actuación de las comunitarias en territorios indígenas o con población mayoritariamente indígena. Es el caso de la CRAC, pero no aplica en Olinalá, municipio que si bien está ubicado en La Montaña, cuenta con una población absolutamente mestiza.

Otro aspecto que pasaron por alto es que la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán está regida por una asamblea general regional que es el máximo órgano de decisión en la CRAC-PC. En esa organización netamente indígena de ninguna manera permitirían que el mando absoluto de la Policía Comunitaria recayera en una sola persona, como sí ocurrió en Olinalá.

Así las cosas, era cuestión de tiempo para que los comunitarios de Nestora comenzaran a cometer abusos, excesos e inclusive delitos, como finalmente sucedió.

Hablamos de un caso muy similar al protagonizado por Marco Antonio Suástegui en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, quien bajo el amparo de la CRAC-PC se convirtió en un cacique de horca y cuchillo cuyos excesos terminaron en una matanza la madrugada del 7 de enero de este año.

Así pues, Nestora comenzó a hacer detenciones sin ton ni son, en algunos casos sólo por señalamientos personales o por simples indicios. Uno de los casos de apresamiento más sonados fue el de autoridades municipales de Olinalá, a quienes los habitantes acusaban de permitir o estar coludidos con el crimen organizado.

Diferentes fuentes gubernamentales admitieron que algunos funcionarios municipales, connotados priistas, efectivamente eran parte del crimen organizado en esa región de La Montaña, lo que llevó a los comunitarios a tomarlos prisioneros.

El hecho fue aplaudido por muchos en todo el estado, incluyendo al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien llegó a caracterizar a Nestora como una heroína.

Pero al pasar de los días los excesos aumentaron al extremo de que Nestora llegó a concentrar a más de 50 personas en la prisión clandestina en que se convirtió la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, lo que generó crecientes inconformidades.

Que sus comunitarios, sin el consenso popular, cometieron abusos y excesos, está más que probado inclusive por una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esas quejas y excesos obligaron a intervenir al gobernador Aguirre quien, con apoyo de la Infantería de Marina y de la Policía del Estado, tomó por asalto la Casa de Justicia, liberó a los recluidos y procedió a detener a los comunitarios que la resguardaban, algunos de los cuales efectivamente pertenecían a la CRAC-PC, como es el caso de Arturo Campos Herrera.

Nestora Salgado nunca fue absuelta de los cargos que se le imputan, que hoy por hoy están más vigentes que nunca. Los procedimientos penales en su contra, que sin duda alguna están cargados de intencionalidad política, tendrán que dictaminarse conforme a derecho y no en razón de su pertenencia al sistema de justicia comunitario.

Así las cosas, en un mes podremos saber si esta dudosa heroína va a lograr una curul en el Senado de la República, o a terminar en una celda por diversos cargos de secuestro agravado. La decisión final tendrá que ser clara y transparente, especialmente porque estará inmersa en el proceso comicial federal más competido de la historia.

Pero la justicia tendrá que tomar decisiones antes de que Nestora reciba su constancia de mayoría. De lo contrario, generará más encono entre los diferentes actores políticos de este inédito proceso electoral, lo que se podría traducir -de hecho, ya es así- en una grave pugna política que empeñará aún más la elección por la presidencia de la República.