Carta Abierta

A los Medios de Comunicación
A la Opinión Pública

Ciudad de México, a 15 de mayo del 2018

Ante los últimos acontecimientos, en donde un periodista fue asesinado, otro fue víctima de allanamiento y robo, uno más fue amenazado a través de redes sociales y un defensor de la tierra fue asesinado, el primero en Tabasco y los últimos tres en Puebla, donde es evidente la escalada en la ola de violencia que el Estado no puede contener contra quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y el libre ejercicio del periodismo, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, manifiesta su siguiente
Posicionamiento:
1.- Que urge al Estado mexicano a que diseñe una política de atención, urgente e inmediata para garantizar la seguridad de todos los defensores de los derechos humanos y de los periodistas que enfrentan situaciones de riesgo a causa de su ejercicio.
2.- Que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​(FEADLE) de la PGR y el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, inicien un censo nacional para conocer en forma directa las condiciones de riesgo que se presentan en cada región del país, a fin de que se brinden las medidas de protección a las personas en riesgo.
3.- Que se investigue a profundidad el asesinato del compañero periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ocurrido este 15 de mayo en el municipio de Centro, Tabasco, a fin de que su homicidio no quede en la impunidad, y que no se distraiga a la opinión pública al señalarlo como un hecho fortuito en donde se asegura que el comunicador ’fue víctima de un robo’, pretendiendo desvincular el crimen de su actividad periodística.
4.- Que se investigue a fondo el allanamiento de morada y robo del que fue víctima el compañero periodista Hugo Ortuño Suárez, en hecho ocurridos en la ciudad de Puebla el pasado 11 de los presentes, de cuyo caso la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Comisión Estatal de Protección a Periodista en Puebla han querido desvirtuar los hechos, al filtrar la información de que se trata de ’un asunto entre particulares’, sin haber agotado todas las líneas de investigación.
5.- Que se investigue la amenaza de muerte que a través de redes sociales recibió el día 14 de los presentes el periodista Miguel Enrique Ortega Bonilla, del municipio de Chignautla, en donde además se le infiere desprestigio y deshonra a causa de su labor informativa, la que realiza en forma vertical.
6.- Que se investigue, agotando todas las líneas de investigación, el asesinato del compañero defensor de la tierra, Manuel Gaspar Rodríguez, ocurrido el 14 de los presentes en el municipio de Chignautla luego de haber convocado a un Foro Nacional de Defensa del Agua, en donde ventiló la colusión entre autoridades federales y estatales con empresas particulares que pretende llevar a cabo proyectos de muerte a costa del uso del agua propiedad de los poblanos.
7.- Que se ponga en libertad en forma inmediata e incondicional al compañero León Fierro Armendáriz, vocero de la organización ’Mexicali Resiste’ y quien encabeza la lucha por preservar el agua en el Valle de Mexicali, la que intenta ser despojada por la cervecera Constellation Brands, razón por la que ha sido encarcelado y acusado falsamente de lesiones calificadas contra cuatro policías estatales.
8.- Urge que el Estado mexicano intervenga en estos casos, y que deje de utilizar el nombre y caso de un solo periodista asesinado para tratar de distraer a la opinión pública, a fin de que no atienda otros casos igual de graves que ocurren en todo el país, en donde la letalidad de la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo colocan a México como una de las regiones más peligrosas del mundo.
9.- Urge que se investiguen a fondo los asesinatos de los periodistas Cecilio Pineda Birto de Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera de Veracruz, Miroslava Breach de Chihuahua, Maximino Rodríguez Palacios de Baja California Sur, Juan José Roldan de Tlaxcala, Erik Bolio López de Puebla, Filiberto Álvarez de Morelos, Jonathan Rodríguez Córdova de Jalisco, Javier Valdez Cárdenas de Sinaloa, Salvador Adame Pardo de Michoacán, Edwin Rivera Paz de Honduras asesinado en Veracruz, Luciano Rivera de Baja California, Cándido Ríos Vásquez de Veracruz, Juan Carlos Hernández Ríos de Guanajuato, Edgar Daniel Esqueda Castro de San Luis Potosí, Gumaro Pérez Aguilando de Veracruz y de Luis Abraham Gonzalez Contreras de Yucatán, ocurridos en el 2017 y que a la fecha se encuentran en total impunidad.
10.- Reclamamos que también se investiguen a fondo los asesinatos de Jose Gerardo Martínez de Ciudad de México, Carlos Domínguez de Tamaulipas, Pedro Damián Gómez Bonifaz de Baja California, Leobardo Vásquez Atzin de Veracruz y el más reciente de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ocurridos en lo que va de este año.
11.- Exigimos una rápida respuesta del Estado para que informe de manera pública sobre los avances en las investigaciones de los 29 defensores de la tierra que fueron asesinados durante el 2017, así como las muertes que a causa de su labor sufrieron Guadalupe Campanur, en Michoacán, y Manuel Gaspar Rodríguez, en Puebla.
Sabemos que detrás de los asesinatos de periodistas y defensores de la tierra que hoy nos ocupan, están detrás los intereses de empresas e inversionistas que, corrompiendo las estructuras de gobierno y aliados con miembros del crimen organizado, han visto en todas las regiones del país la posibilidad de una explotación irracional del suelo, privilegiando la generación de capital por encima del interés colectivo y del respeto a la vida de las personas.
Atentamente
Claudia Martínez Sánchez