Caso Ayotzinapa: advierte el GIEI del mal manejo de la información.

Propone nuevas líneas de investigación en torno a la desaparición de los jóvenes

Caso Ayotzinapa: advierte el GIEI del mal manejo de la información

Luciano Tapia García

Ciudad de México, 6 de noviembre. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)– advirtió a la Procuraduría General de la República (PGR) del manejo inadecuado de la información pública sobre la supuesta identificación de Jhosivany de la Cruz a partir de un resto óseo aparecido en el río San Juan y enviado a la Universidad de Innsbruck.

Los integrantes del GIEI informaron lo anterior en conferencia de prensa en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde presentaron las características de la segunda parte de su mandato y los desafíos que han enfrentado y están enfrentando para su ejecución y a dos meses de la presentación del Informe Ayotzinapa, y ya con un acuerdo firmado para continuar su colaboración técnica con el Estado mexicano.

Informaron también que los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que vive una parte de la población en el estado de Guerrero.

En su presentación resaltó las nuevas líneas de investigación; la importancia de que un nuevo equipo retome la investigación y los puntos de comunicación y relación con las víctimas que es necesario cuidar.

Los integrantes del GIEI Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos M. Beristain y Francisco Cox dieron a conocer los siguientes puntos: el acuerdo con el Estado y siguiente fase de trabajo es de conocimiento público que, con el fin de cumplir el mandato que le fue encomendado, el GIEI y el Estado mexicano firmaron un acuerdo el 19 de octubre para pasar a una segunda etapa en la asesoría técnica acordada entre el Estado, los representantes de las víctimas y la Cidh.

Incluye la constitución de un nuevo equipo de investigación de la PGR, la profundización en la misma y el desarrollo de nuevas líneas de búsqueda, así como compromisos en la comunicación con las víctimas.

En los pasados dos meses, el GIEI continuó con su trabajo, solicitando información, analizando el expediente, realizando entrevistas a nuevos detenidos y las gestiones necesarias para llegar al acuerdo antes mencionado.

Informaron que el jueves pasado, el expediente fue transferido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, por lo que el GIEI espera avanzar en el trabajo de investigación en coadyuvancia con el nuevo equipo.

Señalaron que las gestiones para reiniciar la investigación con el nuevo equipo han tenido un retraso ajeno a su voluntad, lo que no ha permitido avanzar con la nueva unidad en el trabajo, consideraron no hacer nuevo estudio que plantea la PGR en el basurero de Cocula, pues ya fue evaluada en el estudio solicitado por el Grupo al doctor José Torero.

Sin embargo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto, además de que dio un listado de nueve especialistas, aún no se ha hecho el proceso de selección final para participar.

Cabe agregar que el GIEI recuerda que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas.

Investigación de los hechos y responsabilidades

En esta nueva fase el GIEI enfatiza la necesidad de completar las demandas de pruebas e informaciones solicitadas en los primeros seis meses y que no han sido aún proporcionadas.

Entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR y que se desarrollan en el documento mencionado están: a) la investigación del quinto autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos, la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones; la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros; la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas; la investigación sobre manejo y control información de la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes; la ampliación de la investigación financiera; la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul; la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.

Todas estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda.

Entrevistas a personal del 27 Batallón

El GIEI tuvo conocimiento de que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias.

El GIEI propone realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares, con base en la información proporcionada por las líneas de investigación propuestas, en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, más allá de las fosas.

Acerca de las fosas, es necesario hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología Lidar en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota y otras zonas. Hasta la fecha estas diligencias no se han realizado.

Sobre la supuesta identificación de Jhosivany de la Cruz a partir de un resto óseo, el cotejo de ADN muestra que no se trata de una identificación plena, sino con una probabilidad moderada o baja debido a que se trata de un caso abierto, contrariamente a la información difundida públicamente.

También dijeron que médicos especialistas de Cuba y Costa Rica llegaron a México para hacer una valoración clínica sobre el estado de salud y las posibilidades de atención para Aldo Gutiérrez, normalista gravemente herido en la cabeza por disparos de la policía de Iguala, visita gestionada durante meses por el GIEI, a petición de la familia de Aldo, para contar con una segunda opinión sobre su estado y las alternativas de tratamiento.

En este caso, la difusión de los resultados preliminares se hizo sin informar a los familiares, ni al GIEI, de que se iba a realizar un documento escrito que fue repartido a diferentes instancias y se difundió públicamente. Esto es particularmente delicado en este caso por el incumplimiento de las reglas establecidas y el enorme impacto de los hechos.

Al hablar sobre la exhumación e inicio de la segunda autopsia a Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura, el GIEI considera que puede proporcionar nuevos elementos sobre el trato sufrido, causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia y cuyas deficiencias fueron señaladas en el informe.

El GIEI recibió la versión del 26 de octubre del anteproyecto de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. En los próximos días enviará sus comentarios, en los que insistirá en la necesidad de contar con un marco jurídico integral sobre la prevención, búsqueda, investigación, sanción, atención a las víctimas, reparación, derecho a la verdad, acceso a la información y garantías de no repetición.

Los especialistas coincidieron en que es necesario que la ley establezca procedimientos uniformes que eviten la fragmentación de la búsqueda e investigación entre los niveles estatales y federales, y que haya un solo protocolo de búsqueda.

Temas como la declaración de ausencia deben estar claramente establecidos y no ser definidos individualmente por las entidades federativas, informaron también que en el próximo informe se darán a conocer los pormenores de la declaración de Sidronio Casarrubias, entre otros.