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Julio 18, 2019 02:33 hrs.

Karen Ballesteros / CONTRALÍNEA › Emmanuel Ameth Noticias

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En el reporte de la auditoría de cumplimiento 2018-6-90UJB-19-0509-2019, indica que la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos se realiza ’para atender particularmente las actividades de transmisión, comercialización, distribución de energía eléctrica y desarrollo de proyectos, así como trasladar personal de la CFE’.

Agrega que ’para el ejercicio de 2018, la contratación de este servicio ascendió a 2 mil 814 millones 139.5 mil pesos (1 mil 728 millones 284.9 mil para los terrestres y 1 mil 85 millones 854.6 mil para los aéreos), de los cuales se ejercieron 2 mil 452 millones 260.1 mil pesos’.

En sus observaciones, el máximo órgano de fiscalización detalla que 186 millones de pesos se cargaron a otras cuentas, ocasionando que los estados financieros resultaran ’inconsistentes’.

Los gastos por la contratación provisional de vehículos debían cargarse a la cuenta ’Renta de equipo de transporte’, sin embargo, en el registro contable de la CFE se constató que 186 millones 702 mil 400 pesos no fueron provisionados al ejercicio fiscal de 2018, sino que se cargaron a dos cuentas distintas, ’lo que repercute en el saldo de la cuenta al cierre del ejercicio y en el resultado del ejercicio, presentando inconsistencias en las cifras de los estados financieros’.

Otra irregularidad detectada fue que faltó información sobre el servicio recibido por 1 mil 537 vehículos terrestres, equivalentes a 176 millones 866 mil 200 pesos, pues no había reportes de los días de servicio, nombre, firma o número de empleado del funcionario al que se le asignó el vehículo.

En cuanto a la contratación de vehículos aéreos, la ASF señala que de las 8 mil 640 horas de vuelo contratadas por la CFE, no se utilizaron más de 111 horas, equivalentes a un gasto de 11 millones 365 mil 100 pesos, por lo que los servicios no corresponden a las condiciones pactadas en el contrato.

Ante esto, el organismo auditor exhortó a la Unidad de Responsabilidades de la CFE a iniciar el procedimiento de responsabilidades contra los servidores públicos que, en su gestión, incumplieron con los lineamientos internos para el control y administración de vehículos arrendados.


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