Condenan a diez años de prisión a exdirector general de recursos financieros de la SEP Hidalgo

Por peculado condenan a diez años de prisión y al pago de 126 mdp de reparación de daños a exdirector general de recursos financieros de la SEP Hidalgo

Juan Ricardo Montoya

Tras ser encontrado culpable de un peculado por 44 millones de pesos, José Antonio Turrubiarte exdirector de recursos financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) fue condenado por el Tribunal de Enjuiciamiento de Pachuca a pasar 10 años y 3 meses de prisión así como al pago de 126 millones 861 mil 653 pesos como reparación del daño así como una multa por otros 24 mil 360 pesos.

También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el tiempo que permanezca recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

Turrubiarte hizo uso para gastos personales 44 millones de pesos destinado por la SEPH para cubrir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de trabajadores de la dependencia lo que provocó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT ) impusiera a la dependencia estatal recargos por un monto de 126 millones que se tuvieron que cubrir. Por esa razón los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento determinaron sentenciar al exfuncionario cubrir esa cantidad por reparación de daños.

En la audiencia realizada en los juzgados de procesos orales localizado en el Cereso de Pachuca, Rafael Souverbille, juez relator dijo que se trató de un delito culposo toda vez que Turrubiarte tiene conocimientos en el área de contaduría y que el daño perpetrado a la SEPH no se había reparado.

La madrugada del pasado 17 de agosto, José Antonio Turrubiarte había sido declarado culpable por el Tribunal de Enjuiciamiento por el delito de peculado de 44 millones 203 mil pesos.

De acuerdo a los jueces Lizbeth Arlene Chávez Rizo, Rosa María Escamilla Reyes y Rafael Souverbille García, Turrubiarte fue encontrado responsable de desviar el recurso destinado por la SEPH para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de trabajadores de la dependencia.

Tras un proceso que duró seis meses, en el que atestiguaron en su contra de trabajadores de la dependencia y así como diversas evidencias obtenidas por un perito de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.