Corrigen ’pensiones doradas’

Después de que en la conferencia mañanera la Secretaría Anticorrupción revelara que casi 39 mil exservidores públicos quienes, presuntamente, gozarían de las altas ’pensiones doradas’, consistentes en el pago de miles y en algunos casos, de millones de pesos por sus jubilaciones, por lo cual se enviaría una iniciativa de ley para acabar con ese tipo de ’privilegios’.
Los ’beneficiados’ son exfuncionarios de organismos paraestatales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Bancomex, Banrural y Luz y Fuerza de Centro, y para reducir esos privilegios, la presidenta envió al Senado una iniciativa para reducir a aproximadamente setenta mil pesos los montos máximos de esas pensiones.
Resulta que el viernes Pemex ajustó seis registros de cifras previamente reportadas para precisar que en esos casos las pensiones son mucho menores, siendo los rectificados Mario Francisco Espinosa Estrada, quien de 500 mil 52.60 pesos, se corrigió a 63 mil 921 pesos; Jorge Ernesto Moreno Tovar, quien pasó de 976 mil 512.80 pesos, a 160 mil 512.80 pesos; Salvador Quero García, quien de 987 mil 978.50 pesos bajó a 170 mil 978.50 pesos.
Los otros rectificados son Carlos Arturo Sánchez Magaña, que bajó de un millón 107 mil 361.34 pesos a 201 mil 961.34 pesos; Jorge Luis Talamantes Montoya que pasó de 972 mil 626.98 pesos a 155 mil 626.98 pesos; y Alejandro Valadez Urrutia, quien de 655 mil 515.92 pesos, se actualizó a 170 mil 915.92 pesos.
De todas formas Pemex ratificó cinco ’altas’ pensiones: de Carlos Arturo Sánchez Magaña con un millón 107 mil 361 pesos; Guillermo Gil Arias, con 410 mil 181 pesos; Marcos Ramírez Silva con 227 mil 988 pesos; Miguel Tame Domínguez, con 227 mil 757 pesos y Horacio Guevara Montalvo con 226 mil 589.
Si bien Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción, recordó que cada dependencia es responsable de generar y actualizar sus bases de datos, por lo que las modificaciones realizadas deben derivar de cada una, no estaría más que los otros organismos involucrados también deberían efectuar una revisión para verificar que no existan otros ’ajustes’ a la baja.
Además, también debe hacerse un estudio a profundidad para determinar cuál sería la cantidad de pensión por otorgar, no solamente fijar la mitad de lo que gana la presidenta, al existir casos que dependen de factores técnicos, como aportaciones hechas durante la vida laboral, reglas actuariales del sistema, edad de retiro y rendimiento de lo aportado, principalmente. Es decir, no de forma arbitraria por una cantidad fijada sin bases legales.
Incluso, en caso de aprobarse esa reforma y aplicarse a exfuncionarios que actualmente perciben esas jubilaciones, los afectados podría apelar a la retroactividad, pero habría litigios y amparos, que seguramente se ganarían, ya que la acción iría en contra de derechos adquiridos, aunque con la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación podría esperarse cualquier cosa.
En fin, así como se hizo un gran espectáculo para dar a conocer a los favorecidos por esas ’pensiones doradas’, por lo menos se debió hacer una disculpa pública o una aclaración, aunque se califiquen se ’altas’ prestaciones, pero de ninguna forma seguir alentado mala fama a quienes gozan de altos beneficios, obtenidos legalmente.
Sin embargo, aunque se debata y apruebe legalmente el asunto de esas pensiones, no será el final sino el inicio de un debate jurídico.