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Noviembre 02, 2016 09:19 hrs.

Maria Inés Becerra › Noticias Patria Moreira

Política ›


El Grupo Farallón, una de las firmas cuyo titular es Eduardo Gutiérrez, procesado en la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López, aportó un $1 millón a la campaña presidencial de Mauricio Macri. El desembolso se realizó en 2015, año en que el entonces jefe de Gobierno lanzó su carrera a la Casa Rosada.

El aporte fue realizado a través de la firma Diedra Paneles S.A, perteneciente al Grupo Farallón, que se dedica a la construcción de paneles para casas y que adquirió en los últimos años la patente del sistema Emmedue, con el fin de lograr casas de fácil armado. Sin embargo, en el propio balance del PRO, el mismo figura bajo otra razón social: "Piedra Paneles S.A", aunque con el CUIT correcto que permite constatar que se trata de una de las divisiones de Farallón.


Esta generosa contribución a Cambiemos se suma a la financiación que el propio Grupo Farallón le otorgó a la Fundación SUMA, que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti, cuyo vínculo con Gutiérrez fue negado taxativamente meses atrás al afirmar desconocer "qué cuernos es Farallón", pese a que el propio titular de la firma había donado unos $80.000 a su organización e incluso había participado de la cena de fin de año de SUMA, hoy en la mira de la Justicia por los irregulares fondos robados a Michetti en su domicilio el pasado 22 de noviembre.

El titular de la firma, Eduardo Gutiérrez, también desconoció su vínculo con la vicepresidenta y el gobierno de Cambiemos semanas atrás, al asegurar en diálogo con La Nación que fue a la cena de SUMA porque lo "invitaron a colaborar" tal como ya hizo "con muchas otras instituciones", y agregó que su colaboración "no tiene ningún tipo" de implicancia política: "A Michetti no la conozco, no tengo ningún tipo de relación con ella. No puede ser que un día digan que soy kirchnerista y al otro día soy macrista", concluyó el empresario.

Gutiérrez se encuentra procesado desde el 1 de septiembre pasado, cuando el juez Daniel Rafecas entendió que formó parte de una maniobra ilegal para simular ser propietario del inmueble donde vivía el ex secretario de Obras Públicas José López, un ostentoso chalet ubicado en el corazón de Tigre, valuado en 700 mil dólares.

Además, su firma también recibió jugosos contratos por parte del gobierno de la Ciudad bajo la gestión de Mauricio Macri por más de 400 millones de pesos, al formar uniones transitorias (UTE) con algunas otras empresas contratistas del Estado porteño.

(Fuente: El Destape)

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El presunto testaferro de José López aportó un millón a la campaña de Macri

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