El turno de los celulares

El sexenio anterior impuso una estrategia para exterminar instituciones y modificar leyes a su antojo: acusarlas de corruptas y de que la ley las protegía. Lo peor es que las nuevas en su lugar acabaron por ser peores y por servir sólo al gobierno caprichoso y demandante.
De esta manera acabó con el importantísimo Poder Judicial, sólo por el prurito de consumar una venganza.
Así acabó, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social.
Con la Comisión Federal de Competencia Económica. Con la Comisión Reguladora de Energía y con muchas más.
También urdió la forma de quedarse con el ahorro de los trabajadores del Infonavit, de acuerdo con denuncias que interpuso la oposición, principalmente Acción nacional.
Estas medidas han sido vistas como un abuso en tiempos en que el gobierno reparte dinero inclusive a quienes no hacen absolutamente nada: ni trabajar, ni estudiar, con el fin de resarcir sus menguadas finanzas.
Las estrategias han sido vistas por la clase pensante como la mejor forma de conseguir votos y de mantenerlos en vilo hasta con amenazas de quitárselas a quienes no cumplan con esa demanda.
Todas esas medidas han orillado a una gran parte de la población a dudar con razón, de las buenas intenciones del gobierno y a señalar que tales disposiciones sólo llevan a México al precipicio, por su empobrecimiento indudable.
Ahora toca el control de los mexicanos a través de sus celulares. La Presidenta acaba de anunciar que el registro de los teléfonos no pretende espiar o vigilar, sino garantizar la seguridad, porque sirven para cometer delitos.
Sin embargo, esta medida corresponde a un gobierno que ni siquiera necesita permiso para consumarla. Los especialistas hablan de una multitud de problemas que acarreará, pues generará escenarios ideales para fraudes.
Las faltas de confianza en las instituciones instarían a los usuarios a no registrarse y a utilizar alternativas. Verbigracia, eSIM internacionales.
Un artículo advierte que ’la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alerta sobre los riesgos de violaciones a la privacidad y la consolidación de un sistema de vulnerabilidad, como periodistas, opositores, migrantes y defensores de los derechos, que enfrentan mayores riesgos, debido a la posibilidad de suplantación de identidades y fraudes.
También existe un riesgo muy alto, previsto por expertos de la Social TIC, de que, si no se opera con los controles rigurosos, la información sensible y biométrica podría caer en manos del crimen organizado e inclusive ser utilizada por las mismas autoridades con fines ilícitos.
Los expertos han manifestado, asimismo, dudas sobre lo efectivo de dichos padrones dizque para combatir los delitos, como la extorsión, con el argumento de que los delincuentes ignoran dichos riesgos.
Otros intentos previos al padrón de celulares, como el RENAUT, fracasaron por falta de efectividad y filtraciones.
En fin, existe una infinidad de riesgos y de fracasos observados por los expertos, que opinan de manera general que esos padrones no conducen a nada bueno. Todo lo contrario.
Sin embargo, la Presidenta insistió en la bondad del programa, por no tener la finalidad de espiar. ¿Y quién sería capaz de creer a quien todos los días y a todas horas miente sin siquiera saber mentir?
¿Por qué no mejor utiliza a la Policía Cibernética en la persecución de los delincuentes que utilizan las modernas tecnologías? ¿Acaso de casualidad ya sabe que no opera?
¿Qué nunca contesta llamadas telefónicas de quienes desearían contar con su ayuda y que no atiende ni con recomendaciones?
Como nunca está informada y sólo escucha su propia voz, asegura que el registro es muy importante para garantizar la seguridad.
¿Acaso bajaran los índices de una delincuencia que ni siquiera se persigue?
ariosruiz@gmail.com