Elementos para un verdadero Informe Sobre Seguridad con Motivo del Primer Informe de Gobierno

AUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA



Uno de los principales compromisos plasmados, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Estrategia Nacional de Seguridad, es lograr una
reducción sostenida de los delitos. Si bien es un objetivo difícil de alcanzar en un año, los resultados al momento son desalentadores, ya que el país rompe mes con mes niveles históricos de violencia.

En lo que va del año, aumentaron el número y las tasas de homicidio,
feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, en comparación con el anterior, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales de ninguna manera
reflejan la realidad delictiva del país, dada una cifra negra de alrededor del
94%. Aun así, los números oficiales reflejan claramente la pauta de deterioro.

AUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA

826 H O M I C I D I O I N T E N C I O N A L :
53 F E M I N I C I D I O : 133 S E C U E S T R O :

Se han reportado 826 homicidios intencionales más durante los primeros siete meses de 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo cual representa un aumento del 4.2%. Si la tendencia continúa, la tasa pasaría de 27.8 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 28.7 en 2019 (y normalizado con el incremento esperable a partir de las cifras del INEGI, cabe esperar una tasa muy cercana a 30).

Se reportaron 53 feminicidios más en los primeros siete meses de 2019 que de 2018, lo que representa un aumento del 10.4%. Si la tendencia continúa, la tasa pasaría de .7 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 8 en
2019. se reportaron 133 víctimas más en los primeros siete meses de este año que del pasado, lo que representa un aumento del 15%. Si la tendencia continúa, la tasa pasaría de 1.2 por cada 100 mil habitantes en 2018 a 1.4
en 2019.
AUMENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA

1,357 E X T O R S I Ó N : 5,593 R O B O C O N V I O L E N C I A :

Entre enero y julio del presente año se reportaron 1,357 víctimas más que en primer septimestre del año pasado; es decir, 36.9% más. Si la tendencia continúa, la tasa pasaría de 5.3 por cada 100 mil habitantes en 2018, a 7.2 en 2019.

En los primeros siete meses de este año, se presentaron 5,593 robos con violencia más que en el año pasado, lo que representa un aumento del 3.5%. Si la tendencia continúa, la tasa pasaría de 225.2 por cada 100 mil habitantes en 2018, a 225.5 en 2019.

FALTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

En México hay más de 25 millones de víctimas del delito, las cuales no pueden acceder a algún mecanismo de atención, restitución y reparación del
daño integrales que sea eficiente y funcional. Las medidas emprendidas desde el gobierno federal para la atención de dicha problemática son mínimas.

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) no ha vuelto a sesionar
desde su instalación en 2014. Asimismo, a Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) no tiene los recursos humanos ni materiales suficientes para cumplir con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas, lo cual impide que el sistema funcione adecuadamente. La CEAV no tiene titular tras la renuncia del Comisionado a principios de junio de 2019 por los recortes presupuestales. De igual manera, las comisiones estatales no han sido instaladas en su totalidad. De las 20 ya establecidas, sólo 15 cuentan con asesores jurídicos y con fondos de ayuda, asistencia y reparación integral.

ASESINATO DE ACTIVISTAS Y PERIODISTAS

En lo que va del año, se han registrado 22 activistas asesinados, 6 más que en el mismo periodo del año anterior.[1] Para el caso de periodistas, se han
registrado 14 asesinatos en lo que va de 2019, lo cual es igual al total de
periodistas asesinados en todo el 2018. [1] Los datos de periodistas y activistas asesinados provienen de un conteo realizado por Causa en Común a partir de fuentes hemerográficas. Dichos datos forman parte de la base denominada Salarios de Miedo.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Hay una criminalización de la libertad de expresión y protesta. En particular,
entró en vigor una contrarreforma al código penal de Tabasco, en la cual se
prevén penas de hasta 20 años de cárcel por impedir la realización de obras o loquear una vía local. La contrarreforma representa un grave atentado a los
derechos de protesta, asociación, reunión y expresión. Además, otorga un
amplio poder a las autoridades de aquella entidad para encarcelar a los
opositores del estado y abre camino al autoritarismo. En Tabasco, se sienta un grave precedente para todo el país.

DEBILITAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES CIVILES DE SEGURIDAD :

MILITARIZACIÓN

Las reformas constitucionales, aprobadas en marzo de 2019, consolidaron la
intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. De esta manera,
cualquier militar y/o marino en activo podrá, ante un hecho delictivo, realizar
investigaciones, corroborar denuncias penales, hacerse de pruebas y realizar detenciones en casos de flagrancia. Hoy, cualquier soldado ya es policía en términos de facultades, desde luego no en cuanto a capacidades.
Esto es una grave anormalidad, pues en una democracia la seguridad pública no se atiende con las Fuerzas Armadas. Asimismo, se encuentra en proceso de creación la Guardia Nacional que no es un cuerpo de seguridad civil porque la jerarquía, disciplina, capacitación, educación, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las tareas de sus integrantes están homologadas al ámbito propio de las Fuerzas Armadas.

Además, aún no existe claridad respecto al reclutamiento, ingreso,
capacitación, despliegue y operación de sus integrantes. Esta militarización,
inédita en la historia moderna del país, además terminar de destruir a las
corporaciones civiles a nivel federal y local, y exponer a un abuso y maltrato a las propias Fuerzas Armadas, a las cuales se responsabiliza, pero se ata de
manos.

DESAPARICIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL

El gobierno federal optó por la desaparición de la Policía Federal. El Estado
mexicano invirtió enormes recursos para construir este cuerpo, y su estado de fuerza superó los 38 mil elementos. El abandono de esta corporación, realizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, permitió que el gobierno actual terminara de destruir a la única corporación civil encargada de la seguridad pública a nivel federal. En tan sólo unos meses, la corporación sufrió un recorte sustancial en su presupuesto con respecto a 2018 y, posteriormente, se estableció su desaparición en la Ley de la Guardia Nacional.

La demolición de la institución ha derivado, además, en un atropello a los
derechos laborales de los elementos que sirvieron al país durante muchos años.

Asimismo, su desaparición tiene múltiples implicaciones: representa el fin de un modelo policial civil; un abandono de capacidades de investigación,
tecnológicas y operativas invaluables para enfrentar delitos de alto impacto;
un desperdicio de recursos humanos, materiales y económicos; y la profundización de una militarización que será incapaz de enfrentar dinámicas de inseguridad como las que padece el país.

DESTRUCCIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍAS LOCALES

A pesar de que el gobierno manifiesta que habrá apoyo a policías locales, todo indica que no será así. Los presupuestos han disminuido: el fondo federal para fortalecer policías municipales tuvo una disminución del 22% respecto al año pasado; el fondo para las policías estatales no tuvo ningún incremento.

Además, no existe incentivo alguno para que los gobernadores y presidentes municipales se comprometan en desarrollar cuerpos policiales. Se continúa otorgando el mando de corporaciones locales a elementos de las Fuerzas Armadas, y se continúa con un despliegue de la Guardia Nacional, el cual no ha sido explicado.

ASESINATO DE POLICÍAS Y MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL

Del 1 de enero al 30 de agosto de 2019 se tienen registrados, al menos, a 254
elementos asesinados (253 policías y un miembro de la Guardia Nacional).[2]

El mes de julio ha sido el más violento respecto al asesinato de policías, tanto en 2018 como en 2019, con un total de 47 y 46 policías, respectivamente. En promedio, asesinan a más de un elemento al día (1.05).

Las entidades con mayor número de policías asesinados en lo que va del año son: Guanajuato (25), Michoacán (22), Chihuahua (21), Guerrero (20) y Jalisco (18). Guanajuato es el primer estado en el que se ha registrado el asesinato de un miembro de la Guardia Nacional.

La respuesta del gobierno federal es prácticamente inexistente. Matar un
policía en México, al igual que cualquier asesinato, prácticamente implica
[2] Los datos obtenidos de policías asesinados provienen de un conteo de Causa en Común, el cual se ha construido a partir de fuentes hemerográficas.

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Las fiscalías y procuradurías del país están colapsadas y son incapaces de
procesar los delitos que se cometen diariamente: sólo 3.9 de cada 100 delitos en México se resuelven[3]. El país vive en la impunidad: en Tamaulipas la impunidad alcanza el 99% de los casos; mientras que, en Guanajuato, el estado mejor evaluado, el 88% de los casos quedan impunes.
Ante este escenario de inoperancia institucional, casi total, el país vive una ola de contrarreformas al sistema de justicia penal acusatorio. Un ejemplo de ello es el aumento del catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, claramente en contra del principio de presunción de inocencia, y que agravará las arbitrariedades que distinguen al sistema de
justicia.

En relación con las procuradurías, lejos de avanzar hacia la consolidación de
una Fiscalía General de la República autónoma, tal como lo indica la
Constitución, la transición ha sido una simulación, en donde se cambió el
nombre, más no las dinámicas. No se conoce de ningún proyecto de
fortalecimiento institucional máxime tomando en cuenta el recorte
presupuestal con el que actualmente opera.


[3] Los datos fueron obtenidos del trabajo ’Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia
penal en México’ elaborado por México Evalúa.

SISTEMA PENITENCIARIO

Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad es la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios. Sin embargo, a la fecha, no se ha realizado ninguna acción para cumplir con dicho objetivo. El gobierno federal no ha establecido un plan para recuperar el control de los penales, ya que en la mayoría de ellos prevalecen condiciones de autogobierno. Mucho menos se ha realizado un programa de desarrollo penitenciario que contemple la carrera profesional de los custodios y sus condiciones laborales, así como el aseguramiento de las condiciones mínimas de seguridad que deben prevalecer en todos los penales del país.