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Junio 21, 2017 20:54 hrs.

José García Sánchez › diarioalmomento.com

Política ›


El espionaje a los mexicanos desde el gobierno no es algo nuevo. En todo caso la denuncia del The New York Times, es la muestra del retroceso que vive la actual administración pública en todas sus actividades.
Durante el movimiento estudiantil del 68, con los líderes estudiantiles, después con las expresiones de rechazo al aumento de cuotas del CEU, en todos estos casos hubo espionaje, sobre todo telefónico. Nunca ha dejado de ejercerse esta práctica.
El proceso de venta de teléfonos de México evidenció, en sus entrañas las actividades que llevaban a cabo una serie de inspectores que recibían ordenes de la dependencia encargada de la política interior del país, pero que ni ellos sabían si trabajaban para la compañía telefónica o para el gobierno.
Lo que se muestra ahora es a un gobierno autoritario, al estilo de Díaz Ordaz o Luis Echeverría, pero con tecnología de punta, lo cual no deja de ser un retroceso sobre todo para la democracia en que los miembros de la actual administración pública aseguran asentar sus decisiones y acciones arbitrarias.
Uno de los absurdos más claros de la actual administración es la exigencia de pruebas de espionaje. Si hubiera pruebas no sería espionaje. El espionaje no deja huella, de otra manera sería una investigación legal o legaloide.
Resulta difícil creer que un gobierno cuyas corporaciones policiacas no han podido ofrecer resultados de investigaciones policiacas sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o de los asesinos materiales e intelectuales de decenas de periodistas. Es decir, como espías son buenos, excelentes, pero como investigadores simplemente incapaces. A menos que esas investigaciones estén amañadas, tergiversadas, alteradas por intereses intrínsecos en la estructura del poder, y de ahí surja la necesidad de espiar.
Porque no se espía al azar, sino a partir del conocimiento que ofrece una investigación mínima y de ahí se selecciona a los que deben espiarse. Esa investigación oculta resulta así certera y al mismo tiempo, selectiva. Es decir, el gobierno sabe perfectamente a quién espía.
El espionaje a los periodistas no se realiza de manera indiscriminada. No todos los periodistas son espiados, hay muchos que nada pueden aportar, desde su vida privada, hasta la búsqueda de culpables en alguna información filtrada.
En 2014 la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, adquirió el equipo Pegasus, de creación israelí, a través de la empresa que las comercializa a nivel mundial, NSO Group, la cual la vende en 15 millones de dólares, sólo a gobiernos constituidos. No la ofrecen ni venden a particulares, por poderosos que éstos sean.
Esta exclusividad no la determina el hecho de tratar sólo con naciones sino que se requiere de una estructura muy amplia para darle efectividad a este sofisticado instrumento de espionaje, con el cual no podría contar un particular por acaudalado que fuera.
No hay empresario que se niegue a vender su producto al diablo. Se dice, por ejemplo que algunos narcotraficantes compran información a las estaciones internacionales para saber la vocación de los suelos, o para garantizar su seguridad en las rutas. Ni los gobiernos ni los empresarios están peleados con el dinero. Son tiempos de grandes concentraciones de dinero en cada día menos manos. Eso no es ningún secreto.
Lo cierto es que para jugar con un equipo como Pegasus debió bastar con unas pruebas piloto, pero no lo adquirieron para perseguir narcotraficantes, ni delincuentes comunes sino para espiar a los disidentes, tal y como sucede con el aumento de miembros en las fuerzas armadas y la contratación de armamento y equipo de guerra.
La modernización de los ejércitos en este siglo tiene el objetivo de acallar disidencias, no defender la soberanía, palabra que pareciera ser ya pieza de museo por lo menos en los discursos de los políticos contemporáneos de México.
Espiar a los periodistas es un retroceso pero también una expresión de miedo a ser descubiertos por la verdad.

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Espiar, el oficio más antiguo del poder

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