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Noviembre 18, 2019 23:48 hrs.

José García Sánchez › diarioalmomento.com

Política Nacional › México Ciudad de México


La comunidad de Buenaventura, del municipio del mismo nombre, en Coahuila sufre un despojo al estilo de los caciques de hace más de 100 años. Pareciera que no ha pasado un siglo o que la revolución no ha sucedido.

Los agresores a los comuneros son dos instancias poderosas que se han dado el lujo no sólo de arrebatar tierras que son intransferibles, sino que ahora los demandan a los propietarios por despojo.

La empresa GPA Energy, realizó con Pemex un contrato de explotación a través del método de franking, que perjudica irreversiblemente el entorno por la gran cantidad de agua que se utiliza. Ante esta situación los únicos que han levantado la voz son los habitantes de la comunidad, porque la empresa actúa impunemente frente al silencio y complicidad de Pemex.

Pero esta no es la única estrategia de la empresa GPA Energy, el saqueo es mayor y tiene que ver con la apropiación de tierras comunales como propias, cuando en realidad este tipo de predios son intransferibles. Por su fuera poco, ante a la protesta delos verdaderos propietarios, se les levantó una orden judicial, en complicidad con las autoridades estatales, para detenerlos acusándolos de despojo.

La empresa GPA Energy se ampara en una imaginaria asamblea realizada con los comuneros, donde éstos le ceden los terrenos. El documento que da cuenta de dicha reunión, presenta firmas de los auténticos dueños, entre quienes se encuentran dos personas muertas en fecha anterior a dicho acuerdo, donde se dice que la propiedad fue cedida a la empresa, sin razón justificada ni explicación alguna.

Las escrituras que presenta la empresa GPA Energy, no delimitan las medidas del terreno ni precisa ubicación. Estas condiciones que hacen evidente que se trata de documentos apócrifos implican a una serie de personas en el estado de Coahuila, incluyendo el más alto nivel.

A la empresa le interesa aparecer como dueña de ese terreno porque existe una comisión del gas vendido, que seguramente no es poco, sobre todo en el área de explotación que pertenece a la cuenca de Burgos.

Ministerios públicos, juez de control, magistrados de juicio oral y hasta los magistrados del tribunal colegiado del VIII Circuito hacen caso omiso de dicha legalidad, violando el Artículo 27 de la Constitución.

Los peritos de la entonces PGR determinaron que el acta de la asamblea realizada con la empresa era falsa, y a pesar de ello, las autoridades siguen dándola por verdadera. El fallo fue aportado como prueba superviniente en el recurso de casación, pero nada valió porque nadie lo valoró a pesar de que también lo manifestaron como agravios en los amparos ante el colegiado.

Los comuneros hicieron del conocimiento de los funcionarios de Pemex, en 2015, que la empresa utilizaba documentos falsos ante Pemex para que diera inicio la obra como lo marcaba el contrato, además que no podían permitir que la empresa se declarara propietaria de los terrenos en donde se iban a llevar a cabo los trabajos que Pemex.

Los funcionarios de Pemex fueron denunciados porque la empresa había efectuado trabajos de perforación con el método de fracking sin tener lo permisos ambientales necesarios y que son emitidos por Semarnat, el gobierno del estado y el municipio y debiendo haberlo tramitado con los tres no lo hizo nunca con ninguno.

Los magistrados del colegiado quieren obligar a los comuneros a que restituyan las tierras definitivamente a la empresa que ni siquiera son de su propiedad. Porque como personas físicas no las tienen en posesión, ya que son de la comunidad.

Aquí hay una violación a las leyes más elementales de los habitantes del campo, a los trabajadores rurales, los productores campesinos que alimentan al resto del país los derechos humanos, a la dignidad y a la historia.

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