Guadalupe cumple tres años encarcelada por defenderse de su agresor



Maria Guadalupe Pereda Moreno, JuarezDialoga.org

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Guadalupe cumple tres años encarcelada por defenderse de su agresor


Policiaca

Julio 06, 2018 10:58 hrs.
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TCiudad de México, 6 de julio de 2018. En 2015 María Guadalupe Pereda Moreno defendió su vida cuando su pareja intentó asesinarla. Lleva tres años encarcelada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su caso ha sido presentado ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), como ejemplo de la criminalización que enfrentan las mujeres que actúan en legítima defensa.

A punto de iniciar –el próximo mes– la novena evaluación que hace la CEDAW al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, el órgano de Naciones Unidas recibió una veintena de informes provenientes de organizaciones civiles que conforman la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, donde se evidencia la criminalización de las mujeres que se defienden de sus agresores.

A los 19 años de edad, María Guadalupe Pereda fue víctima de violencia familiar por parte de su entonces pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 36 años. En su reporte a la CEDAW, la Red de Mujeres que acompaña el caso indica que el 14 de octubre de 2015 Guadalupe no toleró más la violencia y pidió la separación a Carlos. En respuesta, él la golpeó y la privó de la libertad, encerrándola en una recámara de su casa.

Ese mismo día el hombre intentó asesinarla con un arma de fuego. Ella trató de defenderse y forcejaron con el arma, hasta que se disparó. Él salió herido. Al ver lesionado a su atacante, la víctima solicitó auxilio vía telefónica a los servicios médicos, así como a sus vecinos. En ese momento su pareja volvió a tomar el arma para causarle daño, pero finalmente falleció.

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua acusó a Guadalupe, madre de dos niñas, de ’homicidio en riña en carácter de provocado’, pese a que ella alegó haber actuado en legítima defensa para salvaguardar su integridad, e hizo del conocimiento de las autoridades la violencia que Carlos Alberto Balderas Castañeda ejercía contra ella (golpes, actos de celos, jalones en el cabello, entre otros).

La Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez denunció que la Fiscalía de la entidad, en lugar de proteger a la mujer, sabiendo que no quiso matar a su agresor y era evidente que se trataba de una sobreviviente de feminicidio, se dedicó a perseguirla e inclusive evitó que en el juicio en su contra aquella utilizara pruebas que la favorecían.

La defensa legal, articulada por la Red, no consiguió que la jueza que atendió el caso hiciera un análisis con perspectiva de género, para entender que Guadalupe actuó en legítima defensa y existía un contexto de violencia previo. Únicamente logró que no se dictara una condena de prisión tan alta. En agosto de 2017, Guadalupe fue sentenciada a tres años de cárcel por homicidio.

’¿Cuántas mujeres como María que defienden legítimamente su vida se encuentran en prisión en México?’, cuestiona la organización en su ’Informe Sombra’, y señala que en el país no existen datos sobre el número de mujeres acusadas de homicidio por defender su vida cuando se encontraban en situaciones de violencia extrema.

Sólo se conocen casos como el de Guadalupe cuando son expuestos en medios de comunicación, o porque las organizaciones iniciaron campañas para liberarlas. En este caso la Red lanzó la campaña #MaryLibre.

Otro ejemplo de casos de legítima defensa que salió a la luz pública es el de Yakiri Rubio, en la Ciudad de México, quien se defendió de los hombres que la violaron e intentaron asesinarla. La presión social logró que se le dejara de perseguir por homicidio.

En ese sentido, la Red ha propuesto a CEDAW que en las observaciones finales que emita al concluir la novena evaluación, exija al Estado mexicano que en las fiscalías y procuradurías de justicia se creen unidades de investigación con enfoque de género que cuenten con defensorías especializadas en mujeres, para que en casos como el de Guadalupe se evite la criminalización.

También demandó que el Estado vigile que el personal juzgador aplique la perspectiva de género en las sentencias que emita.

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