Hablemos de ’el miedo a la libertad’ II

El deseo o la necesidad del ser humano de conservar la seguridad a toda costa, lo hace ceder el todo, o parte de, su libertad para obtener esa seguridad. Lo anterior, no es ignorado por aquellos que tienen bajo su mando el ejercicio del poder, la posibilidad de evitar la violencia y a la factibilidad de hacer frente a las amenazas internas y externas que puedan afectar la vida diaria de una población en donde se valora, sobre todas las cosas, poder vivir bajo una relativa seguridad, la cual le proporcione los elementos mínimos para desarrollarse como una sociedad. Pero, el buscar y lograr la seguridad no es algo gratuito, de ahí que nazca una relación entre el que la necesita y aquel que está en condiciones de proporcionarla. Esto, genera un costo para ambos. El primero, adquiere una responsabilidad de tener que sostener al que otorga u ofrece la función de seguridad. El segundo, representa a la parte que dedica su tiempo y esfuerzo para generar las condiciones de seguridad que permitan al primero desempeñar sus labores bajo un ambiente de paz, estas acciones conllevan un costo, el cual deberá de ser cubierto por el primero. En las sociedades actuales, se identifica al primero como el ciudadano, al segundo como el gobierno o las expresiones de los grupos de poder (empresarios, iglesias, partidos y ONG´s), existiendo un tercero que es representado la amenaza interna y externa. A medida que las sociedades se fueron sofisticando, la complejidad de su operación creció en la misma proporción y fue desigual, en algunos casos, lo cual causó desequilibrios. Al pasar el tiempo, el elemento más débil, el ciudadano, ha sido el más afectado en la distribución de los costos y beneficios de esta evolución: paga mayores costos (impuestos e inseguridad) y obtiene menores beneficios (libertad, seguridad y espacios de desarrollo personal). En el contexto de todo esto, vayamos al caso particular de nuestro país y los acontecimientos que recientemente hemos vivido.
Una vez que hemos terminado la primera parte del proceso electoral, las elecciones, nos encontramos en una etapa de incertidumbre, no sobre cuáles fueron los resultados, sino las consecuencias de ellos. Actualmente, el ciudadano se encuentra bajo un bombardeo constante de información, declaraciones y noticias de tal cantidad y variedad que le es imposible hacerse de una idea clara sobre el carácter y alcance de las mismas. Por una parte, el lado triunfador optó por una política de saturación y apropiación de los medios de comunicación. Actúan bajo la premisa de que ’sí una cosa es buena, una mayor cantidad de ella deberá ser mejor.’ Han optado por la difusión constante sobre las acciones a desarrollar durante la siguiente administración, fundamentadas más en el impacto mediático que en la lógica administrativa y política. En ese contexto, abarcan temáticas que van desde el tema del aeropuerto, al recorte del salario de los funcionarios, medios y superiores, hasta una radical desconcentración del aparato gubernamental.
Con respecto al tema del aeropuerto, el candidato triunfador virtual, propone tres alternativas: la construcción de dos aeropuertos con la utilización de la base aérea con la ampliación de sus dos pistas; seguir con la construcción actual del aeropuerto nuevo; o, dar en concesión la construcción y operación (no se define sí en el mismo lugar en donde se construyendo). Todo lo anterior mediante un referéndum para que la población en su conjunto decida la mejor alternativa. Decisión sobre un asunto que no solo es poco entendido por una gran mayoría de esta población, por lo menos yo no puedo presumir este conocimiento, en cuestiones técnicas de ingeniería, movilidad y financieramente. Con lo anterior, pareciera que buscan evadir la responsabilidad sobre algo que es una acción de gobierno y de gasto gubernamental. Asimismo, dejan de lado el hecho de que su utilización es para una población menor y, sin considerar el antecedente del aeropuerto, que todavía está en operación en la Ciudad de México, que ha sido operativa y financieramente viable. Pretenden desligarse de un compromiso y una facultad que los resultados electorales les otorgan y los obliga, incrementando con ello la pérdida de libertad del ciudadano, de aceptar ese referéndum, esa obligación de decisión del gobierno, un acto administrativo pasa a ser un acto de responsabilidad compartida. Por otra parte, en lo concerniente a otro aspecto que en realidad tiene, y ha tenido, un mayor impacto en el trabajo, la existencia de ramas enteras del proceso productivo y en la economía en general como es el la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no lo condiciona a que sea el ’pueblo’, por medio de un referéndum si acepta su renovación, modificación, ampliación o eliminación. Técnicamente es tan complejo como el asunto del aeropuerto, pero su impacto si engloba a toda la población mientras que el aeropuerto está lejos de serlo.
En relación con el ahorro que se pretende obtener con la modificación del salario a los funcionarios, medios y superiores, a la mitad de lo que perciben actualmente, debido a que, de acuerdo a la ley, el sueldo que percibe el presidente de la república y, a la normatividad que ningún funcionario puede ganan más que el ejecutivo nacional. Lo anterior, se ve acompañado por la reducción, también, de la cantidad de esa burocracia y que afectaría directamente a aproximadamente 380,000 personas. Medidas, a pesar de lo benéficas que en principio suenen no originarán ni las reducciones prometidas, ni serán factor de desarrollo. Suponiendo, que consideramos que el presidente electo logre, sin muchos problemas, lo cual es muy cuestionable, implementar la reducción salarial de la burocracia actual, esto quiere decir sin un despido masivo, media y superior, a la mitad, si bien es cierto que el costo se moverá de la misma manera, la incidencia en la economía no. La razón es bastante fácil, a pesar de que se nos dice que los ahorros se destinarán a programas de seguridad social, asistencialismo, calientísimo y apoyos de subsistencia, y se trate de una misma cantidad, la cual se mueve de una partida a otra y por lo tanto no incide en el total del presupuesto, del capítulo de servicios personales a programas de apoyos, queda exactamente igual, su incidencia de este movimiento es diferente y su efecto multiplicador de los bienes y servicios del total de la economía también. Lo anterior, es debido a que el consumo de esos bienes y servicios que realizan los funcionarios, medios y superiores, es diferente al que realiza la población apoyada por los programas de asistencia social, por su naturaleza, un mayor efecto multiplicador de éstos que los que puedan ocasionar la producción y distribución los consumidos por la población menos favorecida. En el primer caso, al incidir más en la cadena de producción y distribución los bienes y servicios consumidos por esos funcionarios, al ser disminuido su ingreso su efecto no es aritmético, sino de naturaleza geométrica, esto es, no se disminuirá a la mitad su consumo, sino en una cantidad mayor porque estarán fuera del mercado de esos bienes y servicios de mayor contenido agregado. El comportamiento de un consumidor, al seleccionar los bienes a comprar, de un ingreso dado, consideremos $100,000 pesos, es muy diferente al de uno con un ingreso de solo $50,000, un cambio tan repentino puede producir dos reacciones. La primera, una reducción drástica de su consumo, la segunda luchar en contra de eso que lo produjo. Lo anterior, nos lleva a la conclusión de que la cantidad quitada a un estrato de ingreso y consumo para dársela a otro, no solamente no tendrá un efecto de mejor distribución de ese ingreso, por lo contrario al afectar el producto de la nación, en lugar de disminuir la cantidad de población en situación de subsistencia la incrementara, con los consabidos efectos de una pérdida de incentivos tanto en su burocracia como en el sector económico o, un problema adicional, el surgimiento de una reacción negativa a la administración entrante.
En relación a la desconcentración del aparato gubernamental, tratando con ello, crear focos de desarrollo, tampoco tienen un fundamento sostenible administrativo ni económico. En primer lugar, el candidato triunfador, una vez se encuentre en funciones y comience a implementar realmente sus modificaciones administrativas y estructurales para mostrarle a la población que se está en camino de la ’cuarta transformación’, evita explicarle a esa población que estará gobernando, que la política en cuestión procede de un intento fallido de los años setenta. Las razones de ese fracaso, son las mismas que prevalecen en la actualidad, las cuales se magnifican dada la radicalización de la propuesta y el avance socioeconómico: ciudades con una infraestructura insuficiente para albergar una población que se pretende instalar repentinamente, en servicios públicos, de educación, salud, de comunicación y de coordinación con las otras entidades, este punto se pretende ser subsanado mediante sistemas cibernéticos, estrategia que no tiene mucho fundamento debido a que choca con la política de austeridad que contempla una disminución en ésta partida y en el supuesto de que los lugares más alejados cuentan, tanto de la infraestructura telefónica como de personal técnicamente preparado. Todo ello, sin considerar los problemas de logística y humanos que implica esta movilización masiva, haciéndonos recordar las políticas estalinistas para desarrollar y hacer crecen las regiones siberianas mediante el traslado de grandes grupos poblacionales.
En lo referente a la centralización de la comunicación gubernamental y de adquisición de bienes y servicios en una oficina bajo el poder del ejecutivo, con la eliminación de la Oficialías Mayores, dado que las funciones de compras y contratación se centralizan, puede producir una eficiencia en esas funciones, pero al ser consideradas en todo el proceso que implica el recibimiento, almacenamiento y distribución de los mismos los pretendidos ahorros se desvanecen y la pretendida búsqueda de combatir la corrupción se pierde en la maraña de esa centralización. Otro factor erróneo es considerar que las Oficialías Mayores sólo tienen como función las compras y contratación de servicios e ignoran el aspecto de almacenamiento y distribución de bienes, así como la contratación y control de personal y deberán ser las encargadas de realizar los ajustes de personal programados y la pretendida desconcentración, funciones que son reales y no responden al voluntarismo político. La pretensión de centralizar la información tiene un efecto doble de control; le otorga un mayor poder al ejecutivo dado que controlará no solamente lo que se publicara, cuando se publicara, que se publicara y de quien se publicara otorgándole un control sobre sus funcionarios, medios, superiores, muy superiores y, dado su poca disposición de deshacerse del control de ’su’ partido, en el sentido más amplio, la pretensión, no tan oculta, es la tener en sus manos el manejo y el control de todo el aparato político del país. Lo anterior, tiene como base la suposición, de que, al tener el control total del gobierno, estará en condiciones de iniciar la ’transformación’ de la sociedad civil y con ello, la de toda la sociedad como un ente. Lo anterior, no tendría mucha relevancia sí la sociedad que pretende ’transformar’ estuviera totalmente informada y, fuer, consciente, de lo que implica. El ciudadano conoce, de acuerdo a su estrato social, las promesas que les son cercanas, en el caso de los adultos mayores, un mayor monto asistencial del que reciben; los apoyos monetarios para los ’ninis’ <ni trabajan, ni estudian> se estima que para cumplir con este compromiso se requerirán noventa y un mil millones de pesos, sin tener claramente cómo se medirá el efecto de esta estrategia; mayor apoyo monetario a madres solteras; precios de garantía a la producción agrícola y a los campesinos; y, así, puede ir creciendo la lista. Esto hace que surja una pregunta obligada: ¿de dónde saldrán los recursos? La respuesta inmediata que se nos da es de los ahorros que se logren en el gobierno <sueldos, prestaciones, compras de bienes de operación>, todo ello con su promesa al sector privado de no aumentar los impuestos. Sin embargo, ya señalamos que esos ahorros son más propagandísticos que reales, no implica una operación de suma y resta le quito aquí para ponerlo allá, lo cual le sigue dando vigencia a esa pregunta ¿de dónde saldrán los recursos?
Con anterioridad, también, señalamos que en todo el discurso del candidato, y hoy ya como candidato electo, el tema económico es delegado o rehuido. Lo más cercano que podemos encontrar, que pudiera identificarse cómo tema económico, es el señalamiento a los principales empresarios del país como ’hambreadores’ y de derecha lo cual se ha reafirmado en la actual disputa suscitada por el problema del fideicomiso relacionado con los fondos destinados a las víctimas del pasado terremoto. Lo más cercano, también, es su combate a la pobreza y disminuir la brecha distributiva tan negativa para los más desfavorecidos y, de manera indirecta, los efectos de la descentralización en su expectativa de crear detonantes que generen polos de desarrollo. En los demás temas sigue siendo tan vago y disperso como en su actuar como candidato, lo cual nos lleva a pensar en las siguientes alternativas: no tiene una definición clara en cómo se puede incentivar la economía que ha tenido un período de más de diez ocho años de subutilización de su aparato productivo, se considera que únicamente el sesenta por ciento se encuentra operando y, que, el crecimiento necesario para que el país logre un desarrollo y una mejor distribución del desarrollo es de un seis por ciento anual, cifra, que consideramos, dado la escasa atención que le está dando el candidato electo a estos temas, que pueda no sólo lograrla sino que sea mayor al obtenido en los tres últimos sexenios.
El punto final por tratar se concentra en la última de las grandes promesas del candidato electo y que involucra a una gran mayoría de la población, nos referimos a la capacidad de cumplimiento de las promesas realizadas y de los efectos que pueden tener un período corto o mediano. Las promesas en campaña, para el elector son cheques por cobrar en un futuro, para el emisor, el candidato triunfador, no tienen una fecha específica, pero para el receptor es diferente, consideran que su convertibilidad es de carácter inmediata a la toma de poder de ese mismo candidato. Lo anterior nos muestra una discrepancia entre las expectativas del elector, el seguidor y las que pueda considerar el candidato electo o el presidente ya en funciones. Para el primero, su parte del trato ya fue cumplida, le otorgó su voto que le dio el triunfo y el poder, por lo que considera muy legítimo el pensar que el cumplimiento de las promesas del presidente en funciones se hará con la misma velocidad o por lo menos, más rápido que la utilizada por sus antecesores y, que no habrá tácticas para eludir o posponer su cumplimiento. Sabemos que esas promesas están constituidas en su mayoría en políticas de incremento asistenciales y, estas van desde apoyos directos a esa población que en los últimos tres sexenios han sido base de su subsistencia, pero, las cuales al no estar respaldadas por otras estrategias que los capacite y ’transforme’ para pasar de ser un población dependiente a ser una productiva e independiente con la creación de sus propios ingresos y éste sea lo suficiente mayor para renunciar a su estatus asistencial.
Lo anterior, nos hace pensar que dichas políticas, de elevar su nivel de ingreso y dejar su estrato, que en la mayoría de los casos es de subsistencia, tiene poco fundamento y, sí, contiene más elementos que nos hacen creer en su inviabilidad y poco eficaz en la utilización de los escasos recursos disponibles, impidiéndonos a su vez de atender otros renglones que si bien no tienen un impacto mediático instantáneo si servirán como fundamento en la construcción del futuro del país. Por otra parte, se tienen los recursos que se destinarían a la investigación, aquí se tiene que el alcance del término ’investigación’ es muy amplio por lo que el destino de esos recursos es, de preferencia para la investigación en filosofía y en ciencias sociales, no para las áreas de las ciencias duras. Así como en este caso es que debemos escuchar con atención sobre lo que realmente quiere el presidente electo, porque el significado de una palabra al no ser especificada en su contexto real cambia diametralmente su significado. El candidato triunfador sí quiere incrementar los recursos para la investigación, pero, no en las ciencias duras que poco entiende y poco le sirven en su proyecto, de las ciencias que él habla, entiende y le interesan son las del área social y, primordialmente las que fundamentan filosóficamente su proyecto social real. La estrategia de López Obrador de utilizar ’ocurrencias’ en lugar de ideas y proyectos fundamentados, ha logrado, como dicen alegremente algunos comunicadores ’está dictando la nota periodística’ no importa si es relevante o significativa para el país, lo que vale es hasta donde llega su impacto. Ese grupo, tampoco, parece estar interesado en conocer, sí esas declaraciones, aparte de lo ocurrentes y creadoras de ’notas’, nos dicen algo sobre como el cumplimiento de las promesas dadas no se conviertan en ’promesas incumplidas’, ’en falsas promesas’ y con ello, estar en riesgo de seguir el camino de algunas otras sociedades: de altas expectativas al incumplimiento, seguido por manifestaciones de rechazo por esa situación, con poca o nula respuesta de las autoridades, lo cual nos lleva a un cambio de manifestación pacífica a signos de violencia y represión a, una violencia generalizada, un caos social al establecimiento de un sistema liderado por el grupo radical triunfante <democrático o represivo>. Esta polarización ya existente, no elimina, sino que incrementa la posibilidad de ese escenario, lo cual hace que pueda surgir la unificación de los diferentes grupos de la sociedad, conscientes de que serán atacados en el corto o en un mediano tiempo orillándose a unificarse, y parafraseando a Jorge Luís Borges ’unidos, no por ideas comunes sino por el espanto’ de lo que se viene. Las ’ocurrencias’ y las ’promesas falsas’ siempre han sido, en el corto plazo, muy efectistas, pero, a la larga pasan la factura, misma que en la mayoría de los casos reclama adeudos por montos que exceden por mucho lo que una sociedad esta dispuesta a cubrir a cambio de ceder su libertad. sergiocastro6@yahoo.com.mx