Impugnación priista

La validez de la impugnación sobre la respuesta ciudadana respecto a la cancelación de al obra de Peña Nieto por parte del PRI, deberá estar condicionada a la transparencia de los contratos de dicha obra firmados por sus militantes.

Porque ahora, por razones eminentemente políticas, tan criticadas en este caso, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu anunció que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, no se trata de un hecho legal y que puede ser impugnado.

Y amenazó con impugnarlos por la vía jurídica, como si alguien hubiera impugnado la idea de Peña Nieto por la decisión de planear y construir un elefante blanco que no iba a servir para nada. Así, desde la perspectiva del Siglo XIV de El Estado soy yo, el PRI todavía no tiene conciencia de que está en la oposición y en una posición poco cómoda sin holgura legislativa ni credibilidad.

La legalidad de cancelar el proyecto o de erigirlo es la misma. Ambas emanan del Jefe del Ejecutivo, lo que cambia es el partido y los tiempos, determinados por la voluntad popular en las urnas y ratificado por más de 700 mil personas en la consulta.

La gran crisis que sólo cede ubicar en la imaginación de los inconformes con el próximo gobierno, no existe, como tampoco existió el problema financiero desestabilizador con el robo del priísta Javier Duarte, quien se embolsó 45 mil millones de pesos, según la ASF. Los más aguerridos, entre ellos varios priistas, aseguran que con la cancelación del aeropuerto se perdieron 100 mil millones de pesos, lo cual es muy relativo porque hablan en base con los sobre precios y de comisiones millonarias para los coyotes que no faltan en las filas del tricolor, sobre todo en el Poder Legislativo.

Cuando se descubrió la Casa Blanca del presidente priista Peña Nieto, éste hizo tal berrinche que canceló el contrato que tenía con la empresa asiática, China Railway Construction Corporation, que le cobró una multa por esa cancelación por 11 mil 294 millones 520 mil pesos. Eso no levantó ninguna polvareda informativa, simplemente la asumieron los medios como algo natural de un monarca.

El gobernador priista de Chihuahua desvió fondos hacia su bolsillo por más de 6 mil millones de pesos, está prófugo, protegido por otros priístas.

En Coahuila Humberto Moreira robó del erario del estado 62 mil millones de pesos, y nadie pensó en que con ello la inversión privada fuera a decaer ni la confianza para invertir en México fuera a desaparecer.

El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por lo menos 9 mil millones se llevó a su caja fuerte, y además es acusado de peculado y lavado de dinero. Sus delitos están impunes con fallos de jueces proclives a la política priista.

El ex gobernador priísta de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es acusado de desviar a su favor 22 mil 442 millones de pesos para su bolsillo.

Los ex gobernadores priistas, sólo en este siglo, superan lo extraído ilegalmente de las arcas de sus entidades a lo que ahora consideran perdido con la cancelación de la obra Si se nombraran priistas corruptos del siglo pasado podríamos empezar por Carlos Salinas de Gortari, tío de la actual presidenta del CEN del PRI. En su momento ninguno de los que ahora se desgarran las vestiduras por la cancelación de un proyecto poco transparente, dio el grito en el cielo y se puso escribir tangos.

Es decir, quienes menos deben deben hablar de demandas, impugnaciones y honestidades apegadas a derecho, son los priístas, la lista es mayor pero no hay espacio.