Impunidad militar

Desde 2007 cuando cuatro militares violaron a una anciana de 73 años, el ejército dejó de ser favorecido con el habitual respeto de los medios. A pesar de las incursiones en diferentes actos de violación a los derechos humanos, muchos de ellos todavía desconocidos, los soldados mexicanos eran intocables, y por lo tanto la impunidad hacia los militares es asunto de fácil obtención.
En esos años el Ejército dejó de buscar guerrilleros, fantasma que la guerra sucia había abandonado a su suerte pro diferentes estados de la república, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y Guerrero.
Así los militares pasaron de rastrear huellas de levantamientos armados pro el de buscar narcotraficantes, una vez que en 2006 el entonces recién llegado a Los Pinos, Felipe Calderón declaró la guerra a los narcotraficantes, y con ellos muchos militares trabajaban para los dos bandos, en todos sus rangos y niveles; en todas las latitudes del país y en todas las tareas propias de un empleados del crimen organizado.
Así, Zongolica, Veracruz se convirtió de un lugar de guerrilleros por excelencia, según versiones oficiales, a un lugar donde debían tener presencia obligada los militares, de tal manera que habían hecho de ese espacio inhóspito no sólo su lugar de trabajo sino su lugar de recreación y dentro de esas actividades de privilegio estaba la impunidad.
La violación de Ernestina Ascencio, levantó una gran inconformidad social en la zona, las ciudades cercanas a la sierra de Zongolica amenazaban con levantar de, de tal manera que las autoridades se vieron en la necesidad de darle seguimiento al caso donde cuatro militares la violaron y asesinaron.
Así, el gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, encontró otros casos en ese mismo lugar y llegó a un acuerdo con la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, para documentar los casos de abusos cometidos por parte de integrantes del Ejército en contra de pobladores de la zona, en especial los de violencia sexual cometidos contra dos mujeres. Desde luego que no fueron los únicos.
Asimismo, se comprometió a tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional una petición para el retiro de los militares de la sierra veracruzana.
A partir de ese momento los delitos perpetrados por militares empezaron al salir a la luz pública, hasta el momento en que se convirtió en una manera en que el gobierno de Calderón legitimaba su lucha no sólo contra el narcotráfico sin contra la delincuencia. Así, consolidaba su liderazgo y mostraba, a propios y extraños, que la justicia se aplicaba a todos y que había terminado la impunidad de los militares que era popularmente conocida por que se ocultaba en los medios.
Así, el deterioro de las fuerzas armadas del país fue progresivos, así como su deserción que llega a extremos inimaginables en los últimos años y que empezó precisamente durante esos 12 años perdidos del panismo que dejó sin autoridades respetables ni instituciones sólidas a México.
Ahora, la Sedena es demandada, como si se tratara de cualquier instancia civil, por 90 millones de pesos, por "daño moral" tras un incidente donde soldados mataron a una pareja en marzo de 2010 en la localidad de Anáhuac, Nuevo León.
En 2010, Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría, de 29 años, salieron con las manos en alto para pedir auxilio, luego de una balacera, uno de ellos estaba herido, a lo que los militares respondieron con el tiro de gracia y les sembraron armas para señalarlos como delincuentes.
Inventaron que ella era una narcotraficante apodada "La Gata" y su esposo fue señalado como sicario.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos comprobó que los elementos les quitaron la vida y que les colocaron armas a cada uno, a fin de justificar el asesinato. En julio de 2015, un juez sentenció a sólo 18 años de prisión por homicidio simple al cabo Juan Ortiz Bermúdez, único militar en la cárcel por este caso.
La defensa de la familia acudió el pasado 31 de mayo a la Sedena para solicitar una indemnización por daño moral tras argumentar que ligar con la delincuencia a las víctimas causó "un daño terrible al honor y decoro de sus familiares".
Los abogados de las víctimas indicaron que las investigaciones señalaron que fueron tres los militares los culpables de los hechos: Juan Ortiz Bermúdez, Alain Josué Reves González y Francisco Gabriel Meléndez Zamora.
Sigue la impunidad de los soldados.
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