Incontables las consecuencias negativas que traería la aplicación de un Brexit caótico

La decisión del gobierno del primer ministro británico, el euroescéptico y rupturista Boris Johnson de suspender las sesiones del Parlamento británico hasta después del 14 de octubre, y con ello aprovechar el tiempo para determinar la salida sin acuerdo de su país de la Unión Europea, y quedará priorizada el 31 de octubre, fecha en la cual vence el plazo para el Brexit.

En lo que para muchos es un cierre muy prolongado, el más largo de las últimas décadas, impediría casi que en la práctica de que los legisladores no tendrán tiempo para aprobar leyes que puedan impedir la salida de Reino Unido de la Unión Europea tal y como desea Johnson, quien para su determinación cuenta con el respaldo de la reina Isabel II.

La idea de suspender el Parlamento, conocida como prorrogación, ha causado controversia. Con el Parlamento suspendido, los legisladores no podrían, por ejemplo, llevar a cabo una moción de confianza en contra del Gobierno de Johnson.

Varias figuras de alto perfil, incluido el ex primer ministro John Major, amenazan con acudir a los tribunales para detener ese plan del primer ministro británico. Por su lado el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, dijo que el plan de Johnson es "un ultraje y una amenaza para nuestra democracia".

Los críticos a la acción de Johnson manifiestan que la medida lo que busca es evitar que los parlamentarios puedan desempeñar su papel democrático en el proceso del "divorcio" de la UE.

El portavoz de la Cámara de los Comunes -la Cámara baja del Parlamento británico-, John Bercow, calificó la medida como un ’ultraje constitucional’ por cuanto ’el propósito sería evitar que los legisladores debatan sobre el Brexit y cumplan con su deber de dar forma al curso que tomará el país’, dijo el portavoz de la Cámara, quien tradicionalmente no hace comentarios sobre anuncios políticos.

Es por ello que para la mayoría de conocedores de la economía británica, las consecuencias para esa nación son innumerables, comenzado por una fuerte caída en la cotización de la libra esterlina seguida por la existencia de una recesión económica en el Reino Unido.

Pero también habrá resultados negativos e impactantes en naciones tales como España, país que cuenta con fuertes lazos con la economía británica.

La aparente determinación del premier británico de romper amarras con sus socios comunitarios con o sin acuerdo ha disparado el miedo a las posibles consecuencias de un seísmo económico y político sin precedentes en la Europa moderna.

Aunque los expertos no acaban de ponerse de acuerdo en las cifras, la inmensa mayoría coincide en que un Brexit abrupto provocaría el desplome de la libra esterlina, sin tener claro dónde se encontraría el suelo (en la paridad con el euro o incluso por debajo); una recesión en la economía británica, que ya se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre por primera vez en siete años, y el levantamiento de barreras y controles al movimiento de mercancías y personas con la UE.

El propio gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió recientemente que una ruptura desordenada tendría un impacto negativo instantáneo sobre la economía de Reino Unido.

De momento, en la víspera la divisa británica se hundió hasta tocar mínimos de 1,21 libras por euro tras el anuncio de que se suspenderá la actividad parlamentaria hasta el 14 de octubre, aunque posteriormente moderó sus descensos.

El mínimo histórico de la libra se encuentra en los 1,02 euros, suelo que marcó en enero de 2009, tras los estragos causados por la crisis financiera mundial.

La peor parte de un divorcio sin acuerdo sería para la economía británica, cuyo tejido productivo y financiero ya se ha visto seriamente dañado por la incertidumbre de una amenaza que se prolonga más de tres años, pero la onda expansiva sería de doble dirección y también golpearía los intereses de la zona euro por la vía de la desconfianza de los empresarios y la creación de muros arancelarios.

Esto se traduciría en un frenazo de las inversiones -que, de hecho, ya se está produciendo- y en el declive de los flujos comerciales.

El listado de aranceles que impondría a la UE en caso de ruptura desordenada, y que abarcaría desde tasas a las importaciones de coches y ropa, pasando por los fertilizantes y el ron, hasta llegar a los azulejos y los alimentos, incluido un producto tan emblemático para España como el jamón.

Se estima que esa amenaza arancelaria, de materializarse, afectaría a alrededor del 20% de las exportaciones españolas a Reino Unido, que rondan los 18.000 millones de euros al año. Las empresas españolas ya están notando el influjo negativo del Brexit en su relación comercial con las islas.

En un informe publicado hace pocos días, antes de que Boris Johnson decidiera esquivar al Parlamento, el banco británico Barclays intensificaba las alertas sobre la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, asegurando que "es el desenlace más probable".

La entidad financiera ponía cifras a sus oscuras predicciones, augurando un hundimiento medio del 9% de la cotización de la libra respecto a las otras grandes divisas, una contracción del PIB británico del 0,5% el año que viene, y una forzada rebaja de tipos por parte del Banco de Inglaterra (del 0,75% al 0,25%) para intentar frenar la sangría económica.

Otra derivada relevante del Brexit son los tres millones de ciudadanos europeos que en la actualidad residen en la UE, entre ellos muchos españoles. En junio pasado, el Gobierno británico prometió respetar sus derechos de residencia, creando para ello un registro de personas con "estatus de asentado" en el país, pero eso no impide que dichos ciudadanos observen su futuro con preocupación ante una separación que, de producirse de forma brusca, podría tener efectos impredecibles.