Conferencia de la historiadora Pilar Martínez López-Cano

Instituciones religiosas, los principales prestamistas en el México virreinal

Norma L. Vázquez Alanís

Instituciones religiosas, los principales prestamistas en el México virreinal

Cultura

Noviembre 30, 2018 12:47 hrs.
Cultura Nacional › México Ciudad de México
Norma L. Vázquez Alanís › diarioalmomento.com

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* Es incorrecto referirse en este tema a ’los bienes de la Iglesia’

(Segunda de dos partes)

En tiempos del virreinato llamado Nueva España, la riqueza de la Iglesia, con independencia de su origen, se concentró en las ciudades. El arzobispado de México era el más rico de toda la América septentrional, mientras que los ingresos que percibía la catedral por concepto de diezmos eran los más elevados, en la capital estaban también las casas matrices de todas las órdenes religiosas, los conventos de monjas y las cofradías más acaudaladas, así como el tribunal de la Santa Inquisición, instituciones que -además de sus fondos propios- administraban cuantiosos legados piadosos, los cuales prestaban para obtener una renta.

Pilar Martínez López-Cano, doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, expuso lo anterior en la conferencia ’El crédito eclesiástico en la sociedad y la economía novohispana’. Indicó que varias circunstancias favorecieron el flujo de dinero y la concentración de medios de pago en la capital virreinal, por lo que pudo ejercer un papel financiero de primer orden, pues los grandes comerciantes dirigían desde ahí sus negocios y empresas; ahí estaban las instituciones eclesiásticas más ricas del virreinato y se administraba el erario real.

Las instituciones eclesiásticas captaron recursos del ámbito rural tanto por la vía de los diezmos que confluían en la catedral o capital de la diócesis, como mediante fundaciones de capellanías y obras pías, o bien por las limosnas y donativos que beneficiaban a las instituciones fundadas en la ciudad.

Desde luego que existía una gran desigualdad de ingresos en las diócesis y por lo mismo de los recursos de que podían disponer para trasladarlos al crédito; las diócesis con más bienes eran las de México, Puebla y Michoacán, en tanto que para fines del siglo XVII la de Guadalajara tuvo un gran auge económico, apuntó la doctora Martínez López-Cano, quien formó parte de los especialistas invitados por el Centro de Estudios de Historia de México (CEHM), de la Fundación Carlos Slim, al ciclo de conferencias ’Los empresarios en la historia de México. De la colonia al porfiriato’.

La disparidad de ingresos de una diócesis a otra queda manifiesta en las cifras de los ingresos en 1799: a la cabeza el arzobispado de México con un millón 170 mil pesos anuales, mientras que los demás obispados -Puebla, Michoacán, Guadalajara, Nuevo León, Durango, Sonora, Oaxaca y Yucatán- juntos sumaban como cuatro millones 400 mil pesos al año.

El crédito eclesiástico

El término crédito eclesiástico se utiliza para englobar la actividad crediticia de fundaciones, corporaciones e instituciones que tenían su razón de ser en un fin religioso-piadoso, en cuya aprobación y cometido espiritual intervenían las instituciones eclesiásticas, aunque no necesariamente en su patrimonio.

En virtud del Regio Patronato -llamado así porque el rey era el patrono de la Iglesia en Indias- en la época no existía una separación tajante entre bienes eclesiásticos y seculares, además de que la definición de bienes eclesiásticos no fue estática pues para el siglo XVIII la Corona reclamó su jurisdicción sobre algunos haberes como los de cofradías, hospitales, colegios y algunas capellanías que en los siglos anteriores habían caído bajo la jurisdicción de la Iglesia y con ello provocado la descapitalización del virreinato.

Hablar de ’bienes de la Iglesia’ resulta impreciso porque no existía una sola institución con titularidad sobre éstos y es más conveniente llamarlos ’propiedades de las instituciones eclesiásticas’, sostuvo la doctora Martínez López-Cano, quien en 2013 recibió el ‘Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz’, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

De tal manera que al analizar el crédito eclesiástico no procede considerar a la Iglesia como una institución, sino remitirse a la riqueza y actividad de cada una de las corporaciones consideradas instituciones eclesiásticas, porque además no todas participaron en el crédito.

Entre esas instituciones hay que distinguir el clero secular, es decir el que depende de los obispos y por tanto de las catedrales; el clero regular, que es el de las órdenes religiosas, aparte de los conventos de monjas, las cofradías, los legados y las fundaciones piadosas. En la ciudad de México estaban además la Inquisición y el Monte de Piedad, una fundación piadosa, dijo la conferenciante.

Buscaron ingresos fijos y seguros

Para cumplir los objetivos espirituales que constituían su razón de ser, sostener el esplendor del culto y reforzar su presencia en la sociedad, las instituciones eclesiásticas necesitaron contar con recursos materiales. Tanto la Iglesia como la Corona exigieron a las corporaciones eclesiásticas disponer de una base material que les permitiera sostenerse sin depender de las limosnas ni de subsidios. Por ello esos organismos buscaron ingresos fijos y seguros, lo que explica su atractivo por las rentas y por tanto su actitud arrendadora a la hora de invertir el capital, o sea todas las inversiones de las instituciones eclesiásticas se caracterizaron porque no buscaban el máximo beneficio, sino la máxima seguridad.

En Nueva España los préstamos a largo plazo fueron la opción preferida por parte de muchas corporaciones eclesiásticas, si bien en algún momento la adquisición de inmuebles que se alquilaban o la posesión de tierras o rebaños que se explotaban de forma directa o se arrendaban también resultaron atractivas y fueron privilegiadas por encima del crédito como hicieron muchas cofradías rurales y también los conventos de ordenes regulares, como fue el caso de las haciendas propiedad de la Compañía de Jesús.

Así las instituciones eclesiásticas se especializaron en préstamos a largo plazo mediante dos figuras jurídicas: censos consignativos y depósitos irregulares, estos dos instrumentos ofrecían la posibilidad de realizar tales préstamos y obtener una renta fija por el capital sin incurrir en las condenas sobre la usura, que en sentido estricto sólo afectaban a los préstamos, y estas dos figuras, como su nombre lo indica, censos y depósitos, no eran préstamos, aunque servían para el mismo fin, explicó Martínez López-Cano, también investigadora de la UNAM.

La tasa de interés de estos dos instrumentos estaba regulada por la legislación civil y en el siglo XVI fue del diez por ciento, luego del 7.14, pero ya desde el principio del siglo XVII la Corona la fijó en un cinco por ciento anual; una tasa más baja que la pactada en otras transacciones crediticias, a pesar de que estaba prohibido recibir intereses por los préstamos; entonces esa tasa resultaba muy atractiva para las personas que querían un empréstito.

Con estos dos instrumentos crediticios la Iglesia se convirtió en la principal fuente de financiamiento a largo plazo en la Nueva España, como la gran mayoría de estos préstamos estaban respaldados por propiedades, ya fuera inmuebles o haciendas y de que la tasa era del cinco por ciento anual -todo indica que era la más baja del mercado-, los créditos tendían a perpetuarse, lo que propició la acumulación de gravámenes e hipotecas sobre las propiedades, ello a su vez hizo peligrar la rentabilidad de muchas explotaciones.

Pero no siempre el crédito tenía su origen en un préstamo, era habitual reconocer una suma a favor de una institución para cubrir el principal de una deuda de religiosa o de una capellanía hipotecando o gravando un inmueble a favor de la institución. Es decir, si una hija de familia quería ingresar a un convento o si alguien disponía crear una capellanía para que se dijeran misas por su alma, tenía que pagar tres mil pesos para que con sus réditos se sostuviera a la religiosa enclaustrada o al capellán que diría las misas, si en ese momento la familia carecía de liquidez podía gravar una propiedad, una hacienda o una casa a la institución eclesiástica por la cantidad, obligándose a pagar rédito como si le hubiera prestado, hasta que liquidara la suma.

Y como a la institución lo que le interesaba era recibir la renta, ni siquiera

exigía fijar la fecha para liquidar el principal, o incluso si se establecía era un plazo muy amplio, diez o 20 años, además de que podía prorrogar el crédito varias veces, lo cual explica que los gravámenes se fueran acumulando sobre las propiedades y que no se liquidaran nunca. Para fines del periodo novohispano muchas haciendas estaban gravadas al 100 por ciento de su valor, lo que explica por qué ya para la segunda mitad del siglo XVIII ya no constituían para las instituciones eclesiásticas una buena garantía para respaldar los créditos.

En virtud de que los ingresos eclesiásticos se convirtieron en una importante fuente de ingresos para la Real Hacienda, a partir de 1780 la Corona Española empezó a cobrar impuestos sobre los bienes de la Iglesia de los que hasta entonces habían estado exentos, al tiempo que aumentó su participación de los diezmos y forzó a la Iglesia a otorgarle préstamos y donativos, lo que aunado al decreto de los Vales Reales en 1804 hizo decaer el crédito de origen eclesiástico, que si bien no desapareció en el México independiente, su peso no fue comparable al que había tenido en los siglos precedentes, concluyó la doctora Martínez López-Cano.





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