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Agosto 09, 2019 14:59 hrs.

Redacción Líderes Políticos › Líderes Políticos

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La Ley Nacional de Extinción de Dominio, tiene que ser perfeccionada para no vulnerar los derechos de los ciudadanos

Atenta contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada y el Estado de Derecho: diputada Soraya Pérez.

Con el fin de modificar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI, Soraya Pérez Munguía presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución.

En la exposición de motivos, señaló que la referida Ley ha generado preocupación en diferentes sectores de la sociedad, por considerar que los procedimientos previstos en la misma atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada y en general contra el Estado de Derecho.

Si bien, la esencia de esta nueva Ley, agregó, es dar respuesta a las demandas de la ciudadanía para combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado dándole al Estado los instrumentos necesarios para afectar su poderío económico, sus finanzas y bienes.

Sin embargo, esta esencia se ve tergiversada por diversos elementos que generan incertidumbre jurídica a los ciudadanos, entre ellos:

-La Ley faculta al gobierno para vender anticipadamente los bienes de los presuntos responsables sin que exista una sentencia condenatoria; y peor aún, si el ciudadano resulta inocente y sus bienes ya fueron vendidos, el Estado se lo paga al precio que a su criterio considere lo cual determina ahora el SAE (ahora el nuevo Instituto de Administración de Bienes), y se le descuentan incluso los gastos de administración.

-El Ministerio Público tiene 10 años para investigar el patrimonio del ciudadano, en cambio, éste sólo tiene 10 días para demostrar la legitimidad de sus bienes en caso de que inicie el proceso en su contra. ’Esto tampoco va acorde a la Ley Marco que se tomó como referencia’ subrayó.

-Deja en desventaja y desprotegidos a los ciudadanos terceros de buena fe, es decir explicó, si la gente renta un departamento y éste es usado por el inquilino para cometer un delito, dicho inmueble puede ser sujeto a un proceso de extinción de dominio y mientras se define la legitimidad del bien, el tercero interesado es perjudicado en su patrimonio.

-Los recursos obtenidos derivados de procesos de extinción de dominio pueden ser utilizados en programas sociales otorgándole al Ejecutivo Federal una gran discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

La legisladora priísta indicó que estos son tan sólo unos ejemplos que muestran que la ley tiene que ser perfeccionada para no vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Denunció que durante la discusión de la Ley, el PRI, presentó varias reservas para intentar convencer a la mayoría sobre la importancia de realizar diversas adecuaciones, sin embargo, todas y cada una de las reservas presentadas fueron rechazadas sin siquiera abrir el espacio parlamentario para su discusión.

’Con estas modificaciones se podrá hacer frente al crimen organizado que es el objeto primordial y proteger a la ciudadanía que rentan sus departamentos, que tienen negocios y que pueden verse involucrados en alguna situación compleja y eso no puede ser motivo para que la autoridad atente contra la propiedad privada, contra su patrimonio y sus derechos’, enfatizó.

Soraya Pérez afirmó que la ciudadanía no es el enemigo. La figura de extinción de dominio debe combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado.

Es sabido, dijo, que las reglas que aplican para las personas involucradas no puede ser la regla general para todos.

Detalló que en el proceso de extinción de dominio el ciudadano se enfrenta al Estado mismo. Dicho proceso es agresivo, porque su finalidad es hacerle frente al crimen organizado, el cual muchas veces si tiene la capacidad y los recursos para enfrentarlo, pero no así el ciudadano común.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

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