La violencia digital es real y la dignidad no es negociable

La visita de Olimpia Coral Melo a Baja California, no fue una "pasarela" de cortesía; fue un recordatorio dirigido a la conciencia y, en la era de la hiperconectividad, una llamada de atención a quienes imparten justicia en nuestro país, porque sigue siendo analógica, lenta y, en demasiados casos, ciega.

"Lo virtual es real" no es una frase vacía; es una acción que causa heridas profundas a miles de mujeres. La activista puso el dedo en una llaga que supura impunidad, pues tenemos leyes de vanguardia en el papel, pero instituciones de la edad de piedra en la práctica.

Es inadmisible que, a más de cinco años de haberse tipificado la violencia digital en México y Baja California, las sentencias condenatorias brillen por su ausencia. El cuello de botella no está en la redacción de la ley, sino en la ineficacia de la impartición de justicia. Es aquí donde la Ley Daryela cobra una relevancia vital. Si la Ley Olimpia es el escudo contra el abuso en la pantalla, la Ley Daryela es la espada contra la negligencia institucional.

Es fundamental que los funcionarios se capaciten y entiendan que un clic puede destruir una vida con la misma eficacia que un arma mata lentamente. En tanto la información no llegue a la conciencia, todo curso de capacitación solo será de ’relleno’ y no una reingeniería del pensamiento; así, la Ley Olimpia seguirá siendo un adorno más en el marco jurídico.

No podemos hablar de avances cuando una mujer violentada digitalmente llega a denunciar y se topa con un funcionario que le pregunta: "¿Para qué se tomó la foto?". Esa revictimización es el verdadero algoritmo de la impunidad.

La activista con claridad meridiana en el Teatro del Estado afirmó : ’Las mujeres no denuncian porque el sistema no castiga al agresor, sino que sentencia a la víctima a la revictimización social’.

Esa "cifra negra" de delitos no reportados no es apatía; es el miedo fundado a un sistema que prefiere cuestionar la moral de la denunciante en lugar de rastrear la huella digital del criminal. Sin embargo, en este panorama de sombras, hay destellos de congruencia legislativa que no pueden ignorarse. La labor de la diputada Michel Sánchez Allende ha sido fundamental para que el estado no se quede solo en la narrativa. Ha empujado la armonización de la Ley Olimpia con el fin de que se entienda que la violencia digital es el preludio de la tragedia física.

La presidenta Claudia Sheinbaum sigue haciendo esfuerzos para combatir el machismo y la violencia en todas sus formas contra las mujeres. Por su parte, en Baja California, tanto la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda como la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez han hecho el esfuerzo institucional; sin embargo, Olimpia Melo denuncia que en la entidad, hay 300 mercados digitales de explotación sexual donde el 90 por ciento del contenido íntimo carece de consentimiento.

La exigencia de justicia es el mecanismo que hoy obliga a las instituciones a tratar cada caso con una perspectiva de género obligatoria, castigando la omisión de aquellos funcionarios que, por prejuicio o pereza, dejan a las mujeres a merced de sus agresores. El desafío, no obstante, crece a pasos agigantados. La irrupción de los deepfakes permite fabricar infiernos sexuales sin necesidad de una imagen real. ¿Cómo vamos a combatir esta violencia algorítmica si en Baja California la tasa de judicialización en delitos contra la intimidad sexual es un insulto y menos del 3% de las carpetas llegan ante un juez?

A este cóctel de impunidad se suma el cinismo de las grandes plataformas tecnológicas. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa convenios para frenar la viralización del dolor, plataformas como ’X’ se niegan a colaborar. Este desplante de la red de Elon Musk no es libertad de expresión; es una complicidad lucrativa que deja a las bajacalifornianas solas frente a términos y condiciones dictados en el extranjero.

No bastan los foros ni las fotos de sororidad en el Congreso. La verdadera eficacia de la Ley Olimpia y su éxito se medirán cuando una víctima entre a una fiscalía y encuentre peritos con el software necesario para actuar; cuando la Ley Daryela se aplique con rigor para sancionar al primer funcionario que se atreva a minimizar una amenaza digital y el Estado deje de ser vanguardista en el discurso para comenzar a serlo en las sentencias.

La autora es Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2016, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. El Instituto de la Mujer de Baja California, INMUJERBC, le otorgó en el año 2009, reconocimiento como "Comunicadora Destacada y por su Servicio a la Comunidad". El Poder Legislativo en el año 2011, la incluye en el Muro de Honor de Ia " Sala Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria". La Asociación de Periodistas Unidos por el Glifo y la Palabra AC., del Estado de México, le otorgó reconocimiento en enero de 2026, por su eficaz quehacer periodístico.
Es columnista, analista político y generadora de contenidos.