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Mayo 14, 2019 20:17 hrs.

Redacción › Divergencias Informativa

Derechos Humanos ›


El compromiso del gobierno del estado de méxico y de la lx legislatura local, contar con un marco legal moderno y eficiente, colectivos y familiares de personas desaparecidas se incorporaron a los análisis de la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de la entidad.

El objetivo es sumar la experiencia que han obtenido en la búsqueda de sus familiares, así como eliminar los posibles errores u omisiones en la reglamentación existente, con lo que se busca prevenir, investigar, sancionar y erradicar la desaparición de personas.

en su intervención, el secretario de justicia y derechos humanos, Rodrigo Espeleta aladro, reconoció el trabajo que todos los días realizan los colectivos y destacó el trabajo coordinado con la federación, tanto en la elaboración de protocolos de búsqueda y otros instrumentos de políticas públicas que se generan para otorgar una atención integral al tema.

Señaló la necesidad de incluir en la propuesta de ley, temas de políticas públicas que permitan prevenir la desaparición de personas, mediante acciones que generen condiciones de desarrollo para todas las personas.

’creo que es importante que trabajemos conjuntamente a partir de la experiencia que tienen por supuesto los colectivos, la fiscalía, la comisión de búsqueda, por supuesto, las y los diputados en generar también políticas públicas que aunque en principio le corresponden al ejecutivo llevarlas a cabo, sin duda se pueden construir desde todos los ámbitos y los órdenes de gobierno’, apuntó Espeleta aladro.

La presidenta de la comisión especial para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios en el estado de méxico, Karina Labastida Sotelo, dijo que esta mesa de trabajo es una oportunidad de retroalimentación que al concluir dotará de elementos para juzgar y mejorar el contenido de la ley en la materia.

’con esta mesa esperamos cumplir con el objetivo final que perseguimos, consistente en escuchar y en registrar las observaciones y propuestas concretas que sean formuladas por los colectivos de familiares de personas desaparecidos a la iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares’, indicó la diputada local.

Durante la mesa de trabajo realizada en el salón Benito Juárez, los familiares y miembros de colectivos se congratularon de ser parte de esta ley, además, manifestaron inquietudes y demandas.

reiteraron la necesidad de fortalecer en la ley, el principio de prevención, el fortalecimiento de la atribuciones de las autoridades municipales, así como las tareas de coordinación, instaurar un sistema único de información, la integración del sistema estatal de coordinación en materia de búsqueda, la composición del consejo estatal ciudadano, incrementar las partidas presupuestales para la realización de búsquedas y el robustecimiento de las instituciones vinculadas a la ley, como la fiscalía general de justicia y las comisiones de búsqueda de personas y ejecutiva de atención a víctimas.

’yo creo que hablar de esta ley es hablar de muchas cosas humanas, que ustedes tomen en cuenta a todas las familias yo creo que primeramente a las familias más que a los colectivos, las familias son las más importantes en esta ley de víctimas de desaparición forzada’, dijo Carmen Zamora, del colectivo feminista Ehecatl.

La iniciativa, que pasará a su análisis en comisiones, busca armonizar la legislación local con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, publicada el 17 de noviembre de 2017, dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados por el país en este renglón y sistematizar las normas existentes en un solo cuerpo normativo.

Al encuentro asistieron Maurilio Hernández, presidente de la junta de coordinación política de la LX Legislatura local, Alejandro Corona, representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Edgar Atescatenco Lugo, representante de la comisión nacional de búsqueda de personas, y Carlos de la Portilla Rodríguez, director de enlace con congresos estatales de la secretaria de gobernación, entre otros.

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