Más allá del presente, si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás

30-12-2018

Cuando el visitante entra a un museo o a una zona arqueológica, lo que paga en la taquilla no se destina al mantenimiento del sitio, al enriquecimiento o la restauración de los acervos o a mejores condiciones laborales de los trabajadores. Su destino último es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Cuando un editor, autor, cineasta o documentalista produce una obra que contiene imágenes de un monumento catalogado como patrimonio artístico o arqueológico, debe pagar derechos de reproducción ya sea al INAH o al INBA. Lo que paga a la institución cultural va directo y sin retorno a la SHCP que, además, no da factura porque el ingreso pertenece al concepto de "aprovechamiento" y, por lo tanto, el pago no es deducible de impuestos.


Una de las propuestas que circularon en el medio cultural durante el debate alrededor del presupuesto asignado al sector para 2019, es que las instituciones culturales puedan hacer uso de esos recursos "autogenerados". Para que eso sea posible es necesario que se reforme la Ley de Ingresos. Y ese, según el especialista en legislación cultural y presupuesto, Arturo Saucedo, es "el gran reto" de aquí en adelante, lo único que se necesita "es voluntad política". Se trata de unos 500 millones de pesos al año que, para el PEF 2019, por ejemplo, no representa ni el .001%.


Como esa hay otras propuestas que merecen documentarse. La del economista Ernesto Piedras (Nexos/diciembre/2018) consiste en lo siguiente. Dado que: la producción creativa tiene un doble valor, simbólico y económico; ocupa a 2 millones de trabajadores directos e indirectos; ha demostrado su capacidad de aprovechar los recursos que le son asignados y tiene una notable habilidad para multiplicarlos; aporta el 3.3% del PIB y si se toma en cuenta la economía sombra (actividades informales, ilegales, la creciente tendencia a la apropiación de contenidos creativos y digitales) alcanza el 7.4%, es urgente una asignación presupuestal de acuerdo a su contribución económica y social. Porque, observa, hay una gran desproporción.


Arturo Sastré, dramaturgo y académico, sostiene en una carta enviada al Congreso que la comunidad artística está compuesta por 30 mil estudiantes de arte en el país. ¿Qué van a hacer cuándo egresen? Y por un número indeterminado de profesionales que continuamente son reconocidos a nivel mundial en danza, artes plásticas, cinematografía… y sin embargo "somos laboral y económicamente los más vulnerados y menos respetados" ¿Qué hace falta? Trabajo digno, reglas claras y contratos justos en la colaboración con el gobierno; crear una nueva figura jurídica que los organice y agrupe; abrirse a la inversión privada; derechos culturales sustentados en condiciones justas para el trabajo creativo, artístico y cultural… Si se excluye el disfrute de las artes, "sólo quedan por aprenderse otras emociones más violentas y deshumanizantes", advierte.


Mientras que artistas y creadores se unieron y entregaron al Congreso un documento con propuestas concretas y viables, Carlos Villaseñor propuso, por su parte, un Fondo de Aportaciones para el Federalismo Cultural de los Derechos Culturales.


Gracias a la participación de todos ellos, a su presencia y a su movilización en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el tema se visibilizó y lograron una modificación del presupuesto (500 millones más) que, si bien no es suficiente, sí quiere decir que se hicieron escuchar.


Y produjeron un video para las redes con el hashtag #LaCulturaEselEje y #NoAlRecorteDeCultura, en el que vemos a una mujer que danza mientras escuchamos en voz de Daniel Giménez Cacho: "Cultura es la manifestación de lo que significa ser humano/ Es un evento público diario/ Es lo que hacemos mientras luchamos por sobrevivir/ Es nuestra comprensión de nosotros mismos/ (…) Más allá del presente/ si la cultura de una sociedad se desintegra/ también lo hará todo lo demás".
adriana.neneka@gmail.com/elporvenir