México no debe ayudar a EUA a violar derechos humanos de personas migrantes.


Desde 2017, organizaciones de la sociedad civil, de México y Estados Unidos, han reiterado la urgencia de fortalecer los sistemas de protección internacional para personas huyendo de la violencia en nuestra región.

| CLARA LOPEZ GALVAN | Desde Informativo Nacional
México no debe ayudar a EUA a violar derechos humanos de personas migrantes.

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Febrero 27, 2019 14:16 hrs.
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CLARA LOPEZ GALVAN › Informativo Nacional

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En el contexto de la reunión en Washington, DC entre la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, y la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos Kirstjen Nielsen, recordamos a la delegación mexicana que ninguna negociación, acuerdo o colaboración con Estados Unidos en materia migratoria o de asilo, debe estar centrada en la contención, detención, criminalización y deportación de las personas migrantes, directa o indirectamente, o la externalización de las fronteras, mucho menos consensuadas bajo presión del Estado norteamericano.

La migración, sin importar las formas de desplazamiento o las razones, tiene de fondo la necesidad de un cambio de estrategia donde se combatan las cuestiones estructurales que han empujado a esta movilidad humana -como el sistema económico de la región; la falta de acceso a la justicia, principalmente por la corrupción e impunidad, y el recrudecimiento de la violencia, y no acciones de disuasión, pues sin importar los riesgos o las políticas migratorias restrictivas de los países, las personas seguirán huyendo de las pandillas, los cárteles, la violencia de género, la pobreza, y las amenazas contra su vida y las de sus familias.

Recordamos a la Secretaria de Gobernación y al Comisionado del INM, que México tiene la facultad de rechazar cualquier ’decisión unilateral’ que lo convierta en cómplice de violaciones a derechos humanos de la población migrante, y les reiteramos el llamado, que desde 2017 hemos realizado organizaciones de México y Estados Unidos, de frenar cualquier acuerdo que implique colaborar en la evasión de responsabilidades de protección internacional de los Estados Unidos, y por el contrario centrar sus esfuerzos en fortalecer sus sistemas de asilo y migración.

Si bien pasar de una política migratoria mexicana de detención y deportación, a una enfocada en garantizar los derechos humanos de las personas migrantes no es posible en 67 días (la nueva política migratoria de México fue anunciada el pasado 20 de diciembre), acciones como la colaboración ’unilateral, impuesta o negociada’ de recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos, mientras transcurre su proceso en ese país, denominada Protocolo de Protección a Migrantes o ’Quédate en México’, no es un buen comienzo.

Organizaciones de la sociedad civil, de México y Estados Unidos, han llevado a cabo diferentes acciones legales para frenar esta medida toda vez que es violatoria del derecho nacional e internacional. Si México sigue adelante con la realización de procedimientos para aceptar de regreso a solicitantes de asilo en Estados Unidos, no sólo violará la Ley de Migración, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, sino también el artículo 16, Capítulo IV sobre Responsabilidad del Estado en relación con el hecho de otro Estado.

Datos de la Secretaria de Gobernación señalan que al 23 de febrero de 2019, se ha registrado la entrada de 128 personas centroamericanas que han solicitado asilo en Estados Unidos, como parte del Protocolo de Protección a Migrantes o ’Quédate en México’, a través del punto de entrada denominado ’El Chaparral’ en Tijuana. Del total de las personas, 32 son mujeres, 64 hombres y 22 familias.

En el año fiscal 2018 en Estados Unidos, más de 93,000 personas solicitaron asilo en la frontera con México, a ello se suman las 800,000 solicitudes que tienen pendientes de resolver, situación que incrementa el tiempo de espera, que va de 6 meses a 4 años. En México, existen solicitudes de asilo desde 2016 que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha resuelto. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha proyectado que para 2019 México recibirá más de 45,000 solicitudes de asilo.

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