CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto (Al Momento Noticias).- La imagen es brutal: decenas de cuerpos de hombres y mujeres fueron asesinados en el interior del rancho El Huizache, en las inmediaciones del municipio de San Fernando, en Tamaulipas. En 2010, en pleno apogeo de la “Guerra contra el Narco” emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón, fueron interceptados por un grupo de Zetas cuando intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos. 72 vidas inocentes que fueron truncadas en un instante.

72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) provenientes de Ecuador, Brasil, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que sólo buscaban mejores condiciones de vida. Lo único que encontraron fue un destino fatal que continúa impune hasta nuestros días.

Según declaraciones del migrante ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, a quien creyeron muerto y que logró salir vivo de la masacre, integrantes de la organización criminal les ofrecieron trabajo como sicarios. Como se negaron, la orden fue asesinarlos a todos.

Explicó que el grupo fue encerrado en una casa y posteriormente trasladado a otra vivienda donde permanecieron un día. Ahí los amarraron “de cuatro en cuatro, con las manos para atrás” y colocados boca abajo. Después un sujeto entró y asesinó a cada uno por la espalda, aunque algunos también recibieron el tiro de gracia. Era el lunes 23 de agosto de 2010. Dos días después la noticia hizo especial eco en los hogares de México y Latinoamérica.

Casi dos meses después, el 8 de octubre, se habían reconocido 50 de los 72 cuerpos: 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 4 brasileños y un ecuatoriano. Los familiares de los 22 restantes no sabían nada del paradero de aquel hijo o hija que deseaba llegar a los Estados Unidos. Decenas de madres mostraron abiertamente su angustia. Fue el rechinar de dientes. ¿Cómo aceptar que un hijo pudo haber sido asesinado en tales condiciones?

Decenas de madres, fatigadas de tanta angustia, querían saber sobre el paradero de sus hijos. Gritaban a los cuatro vientos sus nombres y apellidos. Se negaban a que se convirtieran en una cifra más de esta vorágine de violencia en la que está atrapado nuestro país. Eran todas personas honradas que querían tan sólo una oportunidad en esta vida.

Precisamente con el propósito de mantener en la memoria la muerte de estos 72 migrantes centroamericanos, en agosto de 2011 la periodista Alma Guillermoprieto se propuso construir un altar virtual para recordar a esas víctimas.

Convocó a escritores y periodistas a hacer un perfil de cada migrante asesinado, que puede leerse en la página http://72migrantes.com/. El sitio cuenta con todas las características de un altar convencional; incluso, los visitantes pueden dejar una rosa o depositar un donativo si así lo desean.

Al poco tiempo, se hizo un altar sonoro, producido por Radio UNAM, y posteriormente el libro 72 migrantes, en el que 72 autores esbozan la vida de esos hombres y mujeres. El objetivo: humanizarlos, darles nombre. Contar un poco sobre su vida, sus anhelos, sus sueños.

El periodista Alejandro Almazán, uno de los autores de este proyecto, dijo que “el libro se realizó con la intención de no olvidar no sólo a estos 72 migrantes, sino a todos los migrantes que pasan diario por nuestro país. Creo que si la gente se asoma un poquito al libro se va a dar cuenta no sólo de la muerte que sufrieron, sino también de todo lo que dejaron atrás, sus vidas, sus sueños rotos”.

Algunos de los coautores del proyecto son Elia Baltazar, Marcela Turati, Elizabeth Palacios, Diego Osorno, Jorge Volpi y Guillermo Orozco. Las regalías de “72 migrantes” —editado por Almadía y Frontera press— son donadas al albergue del padre Alejandro Solalinde en Oaxaca.

OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Tras la tragedia, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa, mientras que el gobierno de Ecuador exigió a México protección especial para Freddy Pomavilla. Temían por su seguridad.

El día de hoy, viernes 22 de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) determinó que la PGR debe hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, relacionados con la muerte de los migrantes.

En respuesta a un particular que solicitó documentos diversos sobre la detención de dichos policías, la PGR señaló que la información se encontraba reservada por un periodo de 12 años por formar parte de una averiguación previa. Inconforme con esta respuesta, el particular solicitó al IFAI revisar la negativa de la PGR para proporcionarle la información requerida.

“La reserva de información se ve superada por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables”, dijo la comisionada del IFAI, Areli Cano Guardiana.

Además, este año, seis familias de las víctimas de la masacre obtuvieron amparos contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al considerar que este organismo violentó sus derechos al investigar de manera deficiente los hechos ocurridos en el verano del 2010 y emitir una recomendación que no tomó en cuenta su testimonio ni sus necesidades.