ALFREDO IBÁÑEZ

El pasado 30 de junio 22 personas fueron acribilladas por Elementos del Ejército mexicano en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. La versión oficial es que se trató de un enfrentamiento contra un grupo del crimen organizado.
Las fuerzas castrenses jamás han podido comprobar que se trató de delincuentes, ni tampoco que hubo tal enfrentamiento, lo único cierto es que eran jóvenes de entre 17 y 24 años de edad a los que les arrebataron la vida, los cuales ahora se presume pertenecían a un movimiento político-social.
El tema ya rebasó las fronteras del país y ahora desde el exterior hay voces que demandan se aclare la muertes de las 22 personas que, según información dada a conocer la mayoría de ellos fueron colocadas a menos de un metro de la pared de la bodega donde estaban, y los militares les dispararon a corta distancia, es decir, los fusilaron o ejecutaron.
Como en su momento se dio a conocer y según los peritajes realizados por el criminólogo José Luis Mejía Contreras, 14 personas fueron colocadas a unos 40 centímetros de las paredes de la bodega y los soldados les habrían disparado a corta distancia.
Asimismo, plantaron los otros siete cuerpos. Posteriormente, según esta versión, a todos les colocaron las armas que supuestamente habrían disparado.
Al parecer todo un montaje y abuso de autoridad, por lo que el gobierno federal debe responder y sancionar a los responsables.
Otra versión que surge es que los occisos no pertenecían al crimen organizado, sino que eran civiles integrantes del grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo FARL-LP, el cual, al parecer, opera en diversos estados del país, como es el propio Estado de México.
El secretario general de Morena en el Estado de México, Félix Santana, demandó al gobierno estatal y federal aclare si ese grupo efectivamente opera en la entidad o bien diga a qué grupo del crimen organizado pertenecían.
“De confirmarse que los jóvenes ejecutados pertenecían a un movimiento político social, estamos en el inicio de una guerra sucia donde se utiliza el aparato de Estado para eliminar a sus adversarios políticos, lo cual es inamisible en cualquier país que presume ser democrático”, añadió.
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La directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez está en serios problemas pues el descontento de los estudiantes va en aumento.
Con justa razón los jóvenes demandan la derogación del Nuevo Reglamento de la Institución porque ese tipo de medidas les afecta directamente y no fueron consultados.
No ha tenido la sensibilidad para escuchar a los directamente involucrados y ahora ante su torpe y abusivo actuar sostiene y acusa que detrás de la inconformidad están involucrados grupos externos.
Los estudiantes de inmediato le respondieron y luego de negar tales argumentos, difundieron un video en que exhiben sus credenciales que los acreditan como estudiantes del IPN.
Es tiempo de que Yoloxóchitl Bustamante Díez salga de esa institución, sobre todo cuando ha sido acusado por trabajadores de vender plazas, y de desviar los recursos federales para fines distintos al Politécnico Nacional. Abrir una investigación en su contra no está demás.

alfredoibanezjuarez@yahoo.com.mx
Twitter:@ibanezalfredo