Englobados bajo la genérica denominación de “vecinos indignados” y cobijados por la sombra parda de la “hora cero”, 500 individuos, y algunos más, prendieron fuego a tres patrullas y vandalizaron una tienda Coppel en el municipio de Ecatepec, donde los delincuentes han sentado sus reales y sembrado el temor entre la población.

“Según los inconformes, una pareja de presuntos secuestradores de infantes había sido capturada por la turba. Los malvados fueron liberados por personal de la Marina.”

En el suceso advertimos un elemento recurrente en este tipo de actos de “justicia popular”: siempre aparecen los temibles robachicos.

Cuando se han dado casos de linchamientos (este fue el linchamiento de las patrullas) siempre están precedidos —como en Tláhuac— por la denuncia de niños robados aun cuando nadie pueda precisar ni quiénes fueron ni dónde quedaron los menores agraviados. Son como el Chupacabras; nadie los había visto, pero todos hablaban de ellos.

Este asunto tiene un fondo mayor del aparente: por una parte la genuina circunstancia de un creciente encono contra la autoridad por su ineficiencia y por la otra, la facilidad con la cual los propios delincuentes pueden agredir a los ayuntamientos o sus fuerzas de “seguridad”, casi siempre coludidas con los delincuentes quienes logran una doble impunidad al operar de manera abierta y tolerada por las omisiones municipales y por la incapacidad
de la autoridad para controlar estos brotes de violencia “ciudadana”.

La protesta social, como se le ha dado en llamar al brazo ejecutivo del activismo político (véase el caso Chilpancingo con pretexto de la desaparición de los ayotzinapos y la posterior pedrea contra la PGR en la Ciudad de México), puede ahora tomar cualquier forma y llegar a cualquier extremo: nadie podrá reprimirlos ni con una macana de esponja.

A raíz de los hechos de Guerrero —y ya desde mucho antes— los actores administrativos y fuerzas de seguridad del Estado se han convertido en espectadores maniatados, ya sea en este tipo de incendios o en los saqueos de tiendas y casas después de un huracán en Los Cabos o cualquier otra parte donde el pillaje se enseñore de la vida en sociedad.

La capacidad de poner e imponer el orden se ha extraviado, se ha perdido o diluido, y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa le han dado a la vida mexicana una nueva figura para invocar el recuerdo del imperdonable abuso. El asesinato colectivo se alzará como una barrera contra la cual poco o nada pueden las instituciones.

El Estado, en este sentido, ha pasado de la incompetencia y la corrupción, a la impotencia simple y llana. Nadie puede hacer nada ni meter la mano y sí, quizá, poner la otra mejilla.

La indignación colectiva podrá hacer y deshacer como y cuando le venga en gana… hoy en Ecatepec, mañana en Iztapalapa o en la Gustavo A. Madero, o en cualquiera de las zonas colindantes con la (nunca mejor llamada) mancha urbana.

MONJE LOCO: Rotundo y contundente el procurador General de la República, Jesús Murillo Karamha confirmado que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la esposa, María de los Ángeles Pineda y el director de Seguridad Pública, Felipe Flores, son los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayoztinapa.

Reiteró, además, que los policías municipales de Iguala y Cocula actuaron coludidos con la banda criminal Guerreros Unidos. Los estudiantes fueron víctimas de represión violenta; llegaron a Iguala con la intención de no permitir la realización del informe de la esposa del presidente municipal.

La conclusión oficial se basa en investigaciones y declaraciones de testigos de los hechos trágicos del 26 de septiembre. El procurador también asegura tener acreditada la participación de otros funcionarios municipales; informó que hay 52 personas detenidas, entre ellos al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.

Estas novedades del pavoroso caso en parte contradicen las declaraciones del Padre Alejandro Solalinde, según el cual los 43 desaparecidos de Ayotzinapa habrían sido quemados vivos por policías municipales y no por el crimen organizado.

En el fondo de todo esto, hasta en tanto no aparezcan los desparecidos, las informaciones del Procurador Murillo Karam y los dichos del sacerdote implican la confirmación de otro delito de lesa humanidad, imprescriptible, perdurable con todas sus indeseables consecuencias… y eso, no caben las contradicciones.