Hoy deberá votarse la reforma de la ley que dará paso al anhelado Sistema Nacional Anticorrupción, una reforma estructural de grueso calibre como la energética, la hacendaria, la de telecomunicaciones, la laboral, la educativa o la política.

Por fin, el PRI cedió a las presiones del PAN y del PRD… y de la sociedad civil, en tiempos electorales revueltos.

Este día sabremos que habrá un Tribunal de Cuentas y una Fiscalía Anticorrupción; que el secretario de la Función Pública deberá ser avalado por el Senado, lo cual garantiza autonomía del Ejecutivo —al menos en el papel—; que la Auditoría Superior de la Federación tendrá más uñas y dientes para fiscalizar 92% de los recursos federales que gastan gobernadores y alcaldes —el 8% restante tiene que ver con recaudaciones locales—; que se agilizarán las auditorías; que los delitos cometidos por servidores públicos prescribirán a los siete años; que aplicará la extinción de dominio a funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito; que no habrá borrón y cuenta nueva…

Todo suena maravilloso, salvo por un detalle. La reforma aprobada en la Cámara de Diputados deberá ser ratificada por el Senado, donde correrá el riesgo de caerse, bajo el argumento de la defensa del federalismo… sin minimizar el debate en los congresos estatales.

Sin embargo, antes de iniciar el recorrido constitucional la reforma viene coja; mantiene intocable un tema fundamental: el fuero constitucional, el cual continúa siendo un escudo para proteger la impunidad oficial.

Desde hace dos años duerme en el Senado una minuta aprobada en San Lázaro con reformas a los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, cuyo fin es cortar de tajo la perversión legal de un precepto diseñado para garantizar el privilegio a la inmunidad de diputados federales y locales, senadores, gobernadores, magistrados y secretarios de Estado, del cual se ha abusado; la inmunidad acaba en impunidad, al amparo del poder público.

Según el senador Enrique Burgos, la reforma del fuero está atorada porque hay otras prioridades como las leyes de transparencia y de disciplina financiera. Pretextos sobran; ningún legislador ha querido entrarle al asunto; hay demasiados intereses en juego. “No hay voluntad política para acotarlo”, acusa el jurista Miguel Carbonell, desde la UNAM.

El Sistema Nacional Anticorrupción era indispensable, imprescindible, indefectible, inexcusable, ineludible, inevitable e impostergable, sí, pero de poco servirá si quienes violan la ley no enfrentan la justicia.

EL MONJE LOCO: Ya nos dijeron qué, ahora falta saber cómo eliminar el costo de un billón y medio de pesos por concepto de corrupción; cómo evitar que cada familia mexicana gaste uno de cada cuatro pesos en sobornos; cómo le van a hacer para que quepan en la cárcel miles de ladrones amparados por el poder. Limpiar a México de vicios y costumbres ancestrales puede tomar una generación… si bien nos va.

Twitter: @JoseCardenas1

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