Ahora, tras estos cambios de fondo, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación harían la investigación pero dejarían de imponer sanciones; es decir, ya no serían juez y parte.

Tal y como desde hace una semana, o un poco más, lo aseguró Manlio Fabio Beltrones, el trámite legislativo para encauzar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (si así va a denominarse la nueva creatura), avanza con celeridad y acuerdos y nos va a poner a los mexicanos frente a una nueva etapa en las relaciones del poder con los ciudadanos.

También, justo es decirlo, deberá reformar parte del Poder Judicial de manera sustantiva, porque ahora —por ejemplo— el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa juzga pero no impone penas, en tanto si la reforma avanza en los términos supuestos, ocurriría lo contrario.

Ahora, tras estos cambios de fondo, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación harían la investigación pero dejarían de imponer sanciones; es decir, ya no serían juez y parte.

El Tribunal recibiría los expedientes de los casos investigados por faltas administrativas de esas autoridades relacionadas con casos abiertos contra funcionarios estatales o municipales presuntamente responsables de casos de corrupción y el Tribunal juzgaría y dictaría la sanción correspondiente. Por ejemplo, multas no fiscales o inhabilitación.

Hasta ahora y a la luz de los hechos por venir, valdría la pena analizar cómo se ha comportado este tribunal cuya importancia correrá parejas con la conformación de este sistema del cual será ineludiblemente parte señalada.

Entre los años 2000 y 2014, el TFJFA atendió y juzgó 26 mil 276 demandas por responsabilidad administrativa. El 52 por ciento, un poco más de la mitad, obviamente, fue resuelto en favor de los particulares. La autoridad se quedó con la satisfacción de su menor 48 por ciento. Algo es algo, habría dicho la víctima de la alopecia.

La pregunta ahora estriba, en una de sus muchas vertientes, en el futuro de sanciones cuya comisión pudiera quedar en el ámbito de la justicia penal, no de la fiscal o la administrativa.

En esos caos será cuando intervenga una institución hasta ahora inexistente: la Fiscalía Especializada en Anticorrupción o como se le vaya a denominar. El nombre es lo de menos.

Como sucede con todos los cambios la previsión, al menos para quienes conocen el TSJFA apunta para un aumento en las denuncias, si no en los casos. No se sabe si la función crea al órgano o el órgano se desarrolla con la función, pero en cualquier caso el pleno de la Sala Superior, de 11 magistrados, necesitará una nueva sala especializada en la materia para garantizar la agilidad en la atención de los casos por llegar.

Al menos se tienen buenos antecedentes: en sus 78 años de existencia esta institución judicial ha atendido demandas con un valor de 548 mil millones de pesos. En noviembre pasado el valor de esas disputas se redujo a 242 mil millones de pesos, lo cual implica una solución en favor de las autoridades o los particulares, por 306 mil millones de pesos, lo cual será cualquier cosa, menos una baba de loro.

MEDINA MORA

Muchas cosas se han dicho de la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna para completar el número en la Suprema Corte de Justicia; pero un dato ha quedado un poco en el aire: el apoyo definitivo del Partido Acción Nacional a la propuesta del presidente Enrique Peña. Con eso el caballo galopa a la hacienda.

Y sin pacto de por medio…

rafael.cardona.sandoval@gmail.com