A unos días de que comience el proceso electoral del presente año, para celebrar elecciones intermedias en 17 entidades del país el próximo 7 de junio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha recibido 87 nuevas averiguaciones previas.
De acuerdo a información de esta fiscalía que pertenece a la Procuraduría General de la República (PGR), las averiguaciones previas corresponden a casos registrados en 14 estados del país.
La PGR señaló que de las 87 averiguaciones, 32 tienen su origen en territorio veracruzano; 27 en Sonora; 12 en el Distrito Federal; dos en Oaxaca; dos en Baja California; dos en Chihuahua; dos en el Estado de México; dos en Zacatecas; una en Chiapas; una en Durango; una en Jalisco; una en Michoacán; una en Quintana Roo y una en Yucatán.
Las averiguaciones fueron recibidas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo del presente año, lapso en que la Fepade también atendió 115 averiguaciones previas, de las cuales 101 se iniciaron por domicilios irregulares, siete por diversas relaciones, cuatro por suplantación de identidad y tres por irregularidades en el proceso electoral.
Es de señalar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una de las autoridades encargadas de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resultan de su competencia.
El agente del Ministerio Público Federal adscrito a esa fiscalía puede solicitar a jueces federales imponer penas de seis meses a tres años, a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; vote más de una vez en una misma elección; haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto.
Asimismo, puede llevar a prisión a quien obstaculice o interfiera dolosamente en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
De igual manera, puede actuar contra aquel que recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos; solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral; el día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto.
O que una persona vote o pretenda votar con una credencial de la que no sea titular, entre otros escenarios.