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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entregó este lunes 20 de abril información a la Procuraduría General de la República para abrir nuevas líneas de investigación y ampliar las ya existentes sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre pasado, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Al presentar un informe de trabajo sobre la segunda visita realizada del 6 al 22 de abril, los expertos detallaron que aún esperan la fecha para realizar las entrevistas con los miembros del batallón 27 del Ejército; esto, para conocer la postura e intervención de dichos elementos durante los ataques a los normalistas.
Sin embargo, al preguntarles sobre el contenido de las nuevas líneas de investigación, Carlos Beristain y Francisco Cox advirtieron que aún no pueden darlo a conocer para no afectar las investigación que realiza la PGR.
Los expertos visitaron a 16 detenidos en el Cerefeso 4 de Tepic, Nayarit, quienes presuntamente participaron en la detención y desaparición de los normalistas. En esta ocasión, no pudieron entrevistar a María de los Ángeles Pineda, esposa de José luis Abarca, ex presidente municipal de iguala, pero prevén hacerlo en una próxima visita.
Por otra parte, el grupo insistió en que se trata de desaparición forzada, pero advierten que tendrán conclusiones hasta terminar su encomienda en septiembre próximo. Por lo pronto, aseguraron que las investigaciones están avanzando y tienen “una visión bastante más clara que hace un mes; tenemos mejores datos y más contrastados”.
En esta segunda visita, los expertos realizaron una reconstrucción de hechos con la participación de los estudiantes sobrevivientes, lo que permitió “calcular mejor las distancias y tener una mejor idea espacial sobre lo ocurrido”. Hasta este momento, dijeron, no tiene aún los elementos para dar a conocer “una verdad histórica”, peros i lo harán al final de as diligencias “con base en evidencias”.
Finalmente, el grupo de expertos llamó a las autoridades a proteger a las víctimas y “a quienes han incurrido en una revictimización, a evitarla”, toda vez que los familiares han denunciado una victimización secundaria y coacción por parte de autoridades.