*Testigo y víctima Julia exige justicia y seguridad.
*Reporte del Centro Prodh revela la existencia de órdenes militares inconstitucionales que propician graves violaciones a derechos humanos.
*Organizaciones de la sociedad civil respaldan el informe y exigen que la responsabilidad de los mandos militares sea investigada.

Ciudad de México, a 02 de julio de 2015. Al cumplirse un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se exponen los principales rezagos en materia de verdad, justicia y reparación respecto del caso. La presentación contó con la asistencia de la testigo y sobreviviente Julia, quien en todo momento exigió justicia y seguridad para su persona y sus familiares.

El Informe presentado contiene cinco apartados: primero, Justicia incompleta y ausencia de verdad, donde se refieren las razones que impiden tener el caso por resuelto, como las significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales; segundo, Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, donde con pruebas documentales se comprueba la existencia de órdenes castrenses que propiciaron graves violaciones a derechos humanos en Tlatlaya; tercero, Indebida extensión del fuero militar, donde se señala cómo Tlatlaya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar; cuarto, Revictimización, donde se alude a la ausencia de un trato digno para las víctimas; y, quinto, un apartado de Recomendaciones, en el que el Centro Prodh propone una ruta para revertir la impunidad y generar verdaderas garantías de no repetición.

Durante la presentación del Informe, se enfatizó que éste confirma una vez más la profunda crisis de derechos humanos que vive México pues documenta órdenes militares inconstitucionales propiciatorias de violaciones a derechos humanos, como la Orden de Relevo y Designación de Mando del Teniente involucrado en los hechos, en la que el 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar, instruyó una semanas antes de la masacre a dicho oficial lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

De acuerdo con el Centro Prodh, dicha orden -obtenida legalmente mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense- obliga a que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando. Sobre todo considerando que en el propio expediente el término “abatir” es empleado de manera unívoca para aludir a la privación de la vida humana. Por ello, se insistió, el esclarecimiento del caso Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias.

Por su parte, Julia refirió cómo la falta de un esclarecimiento pleno de los hechos y el manejo irresponsable de lo concerniente a la reparación del daño por las instancias estatales, le orillaron a pronunciarse públicamente en el marco de este primer aniversario para exigir justicia y seguridad. La principal testigo de los hechos reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años privada de la vida en los hechos, quien no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella. De igual forma, Julia señaló que al difundirse públicamente con falsedad que ella habría recibido una reparación millonaria, se le ha puesto en un peligro inminente por lo que responsabilizó al Gobierno Federal de cualquier atentado contra su persona.

Ante este panorama, el Centro Prodh presentó once recomendaciones puntuales para que se garantice justicia y verdad ante los hechos de Tlatlaya, entre las que destacan: crear una nueva Comisión Indagatoria en la que participen especialistas independientes conforme al Protocolo de Minnesota; realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas de ejecución; interrogar en el fuero civil a todos los mandos militares responsables que podrían tener responsabilidad por su calidad de superiores jerárquicos conforme a la cadena de mando; suspender todas las órdenes que instruyan a la tropa a “abatir delincuentes”; transparentar enteramente los expedientes asociados al caso; y, por último, reparar el daño causado a Julia desde una perspectiva integral, evitando colocarla en riesgos adicionales. Asimismo, la organización civil fundada por los Jesuitas señaló que información sobre la existencia en México de órdenes abiertamente contrarias a los derechos humanos ha sido enviada al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

La presentación del informe estuvo acompañada por Amnistía Internacional; Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundar Centro de Análisis e Investigación; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE). Las y los representantes de dichas organizaciones civiles respaldaron los principales hallazgos y conclusiones del Informe, coincidiendo en que confirma la veracidad de las denuncias que se han realizado durante los últimos años. En ese sentido, enfatizaron que la exigencia de investigar la responsabilidad institucional del Ejército es hoy una exigencia del movimiento de derechos humanos en su conjunto. Asimismo, se sumaron a la exigencia de seguridad para Julia, su familia y sus representantes.