El presente es un tiempo árido que inició su esterilidad el pasado año de 2014 en la ciudad Iguala con la infausta desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ahí sobrevino la defenestración del gobernador Ángel Aguirre Rivero y el arribo a la gubernatura de Rogelio Ortega Martínez. Pero en estos vaivenes apreciamos unas instituciones al garete, las que no sabemos cómo han sobrevivido sin naufragar en la inseguridad y la violencia, tan sistemáticas como incontenibles. Guerrero es prueba de fuego de la república. Sólo el día de ayer fueron 16 el número de ejecutados. Y es así como cada fecha las sumas tenebrosas de las estadísticas macabras espantan por el crecientemente número de víctimas: culpables o inocentes pero que conciernen al reguero de cadáveres que cotidianamente se esparcen en comunidades y ciudades.
A esta periodicidad panteonera, sumemos el desfalco de finanzas que no le han sido retribuidas por la Federación al gobierno del Estado para solventar salario y aguinaldos anteriores de profesores y burocracia. Infecundidad: precampañas, campañas, elecciones, un gobernador en funciones y otro gobernador electo: autoridades dos, una aproximada y otra en funciones, lo que genera, simulado o cierto, un vació de poder, en que la burocracia saliente no quiere equivocarse y la entrante aún no tiene el derecho de intervenir. Entonces el gobierno de Guerrero se encuentra en el limbo: un espacio sin rumbo ni brújula ni vientos favorables para que la autoridad haga sentir su peso en la conducta pública de la sociedad. Algo nos dice que estamos a la deriva.
El que dos gremios choferiles en el zócalo de Chilpancingo diriman a bofetadas sus diferencias de intereses, no se trata de una riña por enconos entre particulares: la ausencia de gendarmes uniformados para precaver el orden y la vigilancia, es un reflejo exacto de vacíos institucionales y de que la ley prefiere dormir sus laureles mientras la desesperación hace añicos la tolerancia de los involucrados.
Cuando hace falta disciplina policiaca en una ciudad, hay hombres furiosos capaces de llenar ese hueco que deja vacío la autoridad.
No existen soluciones emergentes. Los tiempos que la legislación señala para intercambiar gobernantes están plasmados en el marco jurídico de nuestras leyes magnas. Pueden cambiarse, no hay duda, pero será sólo hasta que se hayan cumplido los que están de turno y se encuentran cumpliendo con las instituciones republicanas. Si es molesto este limbo constitucional, el Congreso puede variar las fechas fatales y achicar o adelantar los tiempos jurídicos comiciales, pero será hasta que Rogelio Ortega Martínez concluya en el mes de octubre de este año el período inconcluso de Ángel Aguirre Rivero y también, después de que termine en 2021 el suyo Héctor Astudillo Flores, quien fue electo para un sexenio por el pueblo de Guerrero. Los resultados de unas votaciones universales son inmodificables. Primero cumplimos la voluntad del pueblo y luego vemos lo que se puede con el futuro por mejorar la gobernabilidad de nuestra sociedad. Guerrero ha padecido penurias sociales y naturales más graves. Saldremos adelante en esta coyuntura.
PD: “Las mayorías mandan. Las minorías opinan”: Carlos Madrazo.