Toluca, Méx.- La Procuraduría General de la República (PGR) nuevamente queda exhibida por su negligencia, al decretarse la libertad para 4 militares acusados de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento en los hechos del 30 de junio del 2014, cuando 22 civiles fueron asesinados en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, advirtió el presidente del PRD en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez.

El también diputado federal señaló que la decisión de un juez federal para ordenar dicha libertad evidencia una vez más la falta de profesionalismo y carencia de técnica jurídica de los investigadores de la PGR, pues al no ajustar su trabajo a un debido proceso, se permitió que los acusados esgrimieran el absurdo argumento de que nunca se les notificó de qué se les acusaba, además de no tener, en algunos momentos, de una defensa adecuada.

El líder perredista aclaró que los militares obtienen su libertad no porque fueran inocentes, sino simplemente porque no se respetaron sus garantías, como es el tener una defensa y saber de manera oportuna de que se les acusaba.

La decisión del juez deriva de un amparo interpuesto por la defensa, la cual aseguró que se violó el debido proceso de sus clientes. El recurso fue atendido y concluyó dejando sin efectos los autos de formal prisión y ordenando al juez respectivo volviera a valorar el caso y decretara por tanto nuevas situaciones jurídicas.

Actualmente sólo tres militares son juzgados por el delito de homicidio, ya que otro más obtuvo su libertad semanas atrás, luego de que su abogado esgrimió que los disparos realizados ese día por su cliente, fueron en defensa propia y prueba de ello es que salió herido.

En contraste a la disposición del juez federal, recordó Ortega Álvarez, está la conclusión a la cual llegaron los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que señala a los elementos de las fuerzas castrenses como los responsables de haber privado de la vida, de forma arbitraria, a ciudadanos que se encontraban desarmados y sometidos.

“No pasa por alto que los elementos del 102/o Batallón de Infantería del ejército mexicano ingresaron a la bodega, y en lugar de hacer lo que en derecho les correspondía, esto es, brindar auxilio a las personas heridas y asegurar a las restantes, procedieron a privar de su vida arbitrariamente a quienes se encontraban vivos al interior de la bodega”, relata la recomendación de la CNDH de número 51/2014.

Tal recomendación fue dirigida a Salvador Cienfuegos Zepeda, Jesús Murillo Karam y Eruviel Ávila Villegas, titulares en ese momento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno del Estado de México, respectivamente, por el asesinato de 22 civiles que se registró en el municipio de Tlatlaya al sur del territorio mexiquense.

“Después, los militares llevan a V23, V24 y otros dos jóvenes, a un cuarto frontal de la bodega, donde había un militar cuidándolos. Posteriormente llegaron dos militares quienes les pidieron a los jóvenes que salieran para tomarles la fotografía, los desamarraron, los sacaron y casi inmediatamente después escuchó balazos”, precisa el apartado 194 de la recomendación.