Toluca, Méx.- “En 2014, el Gobierno del Estado de México ocultó al Congreso local ingresos por más de 60 mil millones de pesos para evitar su control presupuestario”, advirtió el diputado Javier Salinas, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas en la LIX Legislatura.

Subrayó que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública Estatal elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), revela que la Hacienda Pública tenía previsto recibir la cantidad de 195 mil 303 millones 833 mil pesos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ingresos para ese año.

Sin embargo, durante el ejercicio fiscal, el Presupuesto de Egresos presentó modificaciones por 63 mil 260 millones 469 mil pesos, por lo que se lograron ingresos totales por 258 mil 564 millones 302 mil, cifra superior en 32.4 por ciento a la estimada.

“Esta situación pareciera referir una extraordinaria actividad recaudatoria por parte de las autoridades del Estado de México, pues se les aprueba un monto de ingresos y terminan por obtener y ejercer más. Sin embargo, esto solamente refleja que año con año el Gobierno del Estado de México miente al Congreso Mexiquense, ocultando ingresos presupuestales por más de 50 mil millones de pesos a fin de poder excluirlos del control presupuestario del Congreso y poder destinarlos a objetivos, al menos poco claros”, dijo.

El informe asegura que la política tributaria, la racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria permitieron obtener un superávit de 10 mil 202 millones 524 mil 900 pesos, “pero el ente fiscalizador omite señalarnos el destino de los recursos y si fueron aplicados de conformidad con las leyes aplicables”.

Además, detalló, 65. 9 por ciento de los ingresos estatales, equivalentes a 170 mil 395 millones 591 mil pesos aún provienen de la Ley de Coordinación Fiscal, “situación que refleja la brutal dependencia de nuestro Estado respecto de los recursos federales, donde se aprecia la enorme ineficiencia de nuestras autoridades para obtener recursos para financiar el desarrollo de nuestros municipios y comunidades”.

En contraste, indicó, la Cuenta Pública Estatal 2014 revela un incremento de 19.3 por ciento en el gasto de las dependencias y entidades de la administración pública, con respecto a lo ejercido el año anterior, “situación que echa abajo la supuesta racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en la aplicación del gasto, señalada por el ente fiscalizador y por las autoridades estatales”.

En 2014, el gobierno estatal contrató deuda en 55.6 por ciento más que el monto autorizado por el Congreso mexiquense.

“El OSFEM señala que de los ingresos derivados de financiamientos ascendieron a 13 mil 790 millones 992 mil pesos, importe superior en 55.6 por ciento en relación con el monto autorizado: 11 mil 330 millones 331 mil pesos corresponden a la contratación de créditos y 2 mil 460 millones 661 mil pesos corresponden a los pasivos generados en el ejercicio fiscal que quedaron pendientes por liquidar, conocidos como ADEFAS (Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores), “que no son sino un reflejo de la ausencia de planeación en las contrataciones”.

“Suele ocurrir que, al cierre del año, el Gobierno Estatal detecta la existencia de recursos que por ahorros o incompetencia no podrá ejercer en el año y lo gasta en las ocurrencias de último momento, pero los plazos no le dan para su contratación, ejecución y pago dentro de los plazos del mismo año, motivo por el cual se requiere llevarlos para su soterrada conclusión y pago dentro del primer trimestre del año siguiente”.

Al menos por estas dos primeras anomalías, el legislador advirtió la necesidad de fincar responsabilidades por probables malos manejos de los recursos públicos, por lo que insistió en que el sol azteca promoverá que el Congreso local recupere la facultad de calificar las Cuentas Públicas.

En Gasto de Publicidad, Protocolo y Relaciones Públicas, prosiguió, se reporta la detección de 99 pagos (que representan 25 millones 829 mil 533.82 pesos; es decir, 18 por ciento del gasto total) a distintos proveedores, sin que se hayan formulado contratos de servicios de publicidad ni exista evidencia de estudios de mercado que aseguraran las mejores condiciones para el estado.

“Estos mecanismos suelen ser utilizados para evitar la celebración de licitaciones públicas y adjudicar los contratos a familiares y amigos”.

En esta revisión se recomienda establecer el debido resguardo de comprobantes, “pues la mejor manera de encubrir la actuación ilegal de los servidores públicos en los procedimientos de contratación y el pagos de bienes, obras y servicios inexistentes, es precisamente la falta de pruebas”.

En tanto, el OSFEM reporta graves fallas en el programa de Promoción Internacional, cuyos hallazgos refieren falta de integración entre las Unidades Administrativas Responsables de su ejecución, ausencia de claridad en los objetivos del programa y sus metas, la casi inexistente capacitación a exportadores y la ausencia de una metodología para la captación y registro de Inversión Extranjera Directa (IED), “sin mayores consecuencias”.

A todo lo anterior, indicó, debe agregarse que son deficientes los resultados de las Auditorías Externas practicadas por despachos privados “que seguramente cobraron sumas millonarias para llegar a nada y avalar la gestión gubernamental; pues el que paga, manda”.

Por ejemplo, en el Capítulo 1000, relacionado con los Servicios Personales o el pago de nómina a la burocracia estatal, sólo se reportan los saldos pendientes al 31 de diciembre de 2014, “sin que se haya practicado revisión alguna a las cuestiones más obvias como la posible existencia de pagos indebidos, posibles aviadores, etcétera”.

En Adquisiciones, “el auditor sólo reporta incumplimientos por parte de proveedores, pero la actuación de los servidores públicos responsables de las contrataciones resulta inmaculada, cuando todos los mexiquenses conocemos las comisiones que exigen a proveedores y contratistas, y la manera en que suelen favorecer a sus parientes y amistades”.

En la revisión del Programa de Desarrollo Agrícola, el OSFEM advierte falta de justificación y congruencia del programa, falta de cumplimiento de objetivos, ausencia de un análisis de las tendencias de los últimos años de la producción del campo en el Estado de México, ausencia de sistematización y congruencia de la información derivada de los Programas de la SEDAGRO, necesidad de capacitación y asistencia técnica a los productores agrícolas, falta de supervisión y seguimiento a los apoyos agrícolas entregados a productores, necesidad de difusión de los programas y servicios agrícolas que proporciona SEDAGRO.

“Estas recomendaciones que reflejan el rotundo fracaso de la política del campo en el Estado de México, sin que se señalen consecuencias para los servidores públicos del Gobierno del Estado de México”, agregó Salinas Narváez.

Por su parte, el secretario general del PRD en la entidad mexiquense, Octavio Martínez Vargas mostró el apoyo para emprender acciones que favorezcan la transparencia de los recursos de la Cuenta Pública 2014.