Ante los graves y recurrentes acontecimientos ambientales del país, que cada día más se alejan de la sostenibilidad, consideramos de importancia prioritaria modificar, desde sus bases mismas, la organización estatal mexicana que atiende los temas de los recursos naturales y del medio ambiente.

El poder público ha demostrado durante las últimas décadas una preocupante ineficacia para contener el muy grave deterioro de los ecosistemas del país, en parte, porque su propia estructura orgánica propicia dependencia de las razones del Estado y, en muchos casos, una vocación mercantilista que priva sobre los intereses de la mayor parte de la población, de la tutela de la biodiversidad y de la sostenibilidad.

El hecho de que los principales organismos encargados del cumplimiento de la justicia ambiental -y su gestión- sean órganos desconcentrados de una dependencia federal, habla por sí mismo de la falta de neutralidad y autonomía de quiénes debiesen velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales del Estado mexicano a favor de todos los habitantes del País.

En ese contexto, surge como impostergable, urgente y necesaria, una transformación radical de la organización del poder público en estos temas a favor de un modelo que se signifique por su autonomía de las decisiones del gobierno.

El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, son ejemplos de tendencias hacia la ciudadanización del ejercicio de las políticas públicas en temas vitales para la Nación.

Es por ello que hacemos un llamado a la sociedad mexicana para que desde todas sus trincheras se promueva una evolución de gran calado en las instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente a fin de que los mexicanos tengamos órganos de vigilancia y gestión ambiental autónomos con amplia y plena participación ciudadana y a las instancias de gobierno, y en particular al Poder legislativo federal, a las instituciones de educación superior y a las organizaciones ciudadanas, a mostrar una apertura y elevación suficientes para coadyuvar diligentemente a este propósito.

Para el centenario de la Constitución del próximo año 2017, esto deberá quedar consolidado.

“Por una verdadera justicia ambiental en defensa de la sostenibilidad”
La Ribera, Baja California Sur, 7 de febrero de 2016.

Sergio Aguayo
Profesor del Colegio de México COLMEX

Academia Mexicana de Derecho Ambiental, A.C. AMDA
Rolando Cañas Moreno Presidente

Ramón Ojeda Mestre, Srio. Gral. de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental A.C.

Dr. Luis Tamayo Rector
El Colegio de Morelos

Miguel Valencia Mulkay
EDENAT

Miguel Ángel Valera Pérez, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Ambientales

Raúl García Barrios
CRIM UNAM

Flor Desireé
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C.

Eduardo Borbolla Malo
Presidente de Artistas Escénicos de Morelos A.C.

María Luisa Mejía Lagunas, Mujeres del Grial Morelos Valle de México, A.C.,

Elsa Castorela Castro Red de Mujeres de Radios Comunitarias

Adriana Mújica, Red Por la Paz y la Justicia de Morelos,

Tamara Montalvo Arce, Directora General
Centro de Estudios Integrales de Innovación y el Territorio, S.C. CEIIT

José Juan González Márquez
Ex Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental

Larisa de Orbe González
Presidenta de Acción Ecológica A.C.

Carmen Rodríguez de Gante
Directora Unión 900 Hectáreas A.C.

Jurgen Hoth
Fundación de la Biosfera FUNBA, A.C.

Rosa María Ayala Muñoz
Impulso Sustentable y Cultural A.C. IMPULSAC

María Trinidad Gutiérrez
Programa Interdisciplinario de Investigación, Acción Feminista A.C.

Fabián García Ramírez
Barra de Abogados del Estado de Morelos

Saúl Roque Morales y Mónica Romero
Concejo de Pueblos de Morelos A.C.

Elsa Castorela
Centro de Producción Campo Ciudad

Ivonne Márquez Presidenta
Verde que te quiero Verde A.C.