Presenta la Comisión Especial sobre Ayotzinapa su segundo informe de actividades

La Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, contra los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, que encabeza el diputado Ricardo Mejía Bermeja, presentó su Segundo Informe de Actividades, las cuales dieron a conocer ante la opinión pública.

Esta Comisión Especial, quedó formalmente instalada el pasado 8 de octubre de 2014, un día después de la aprobación del Acuerdo de su creación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Desde su instalación, y una vez aprobado su Programa de Trabajo, ha venido trabajando de manera sistemática, tal y como se informo al Pleno con el primer Resumen de Actividades que fue abordado en la sesión del 4 de noviembre pasado.

Los trabajos de que se da cuenta se enfocaron en la culminación de la agenda de trabajo establecida en el mes de octubre, con miras a reunir todos los elementos posibles para formular posteriormente una posición respecto al actuar de las autoridades, principalmente de aquellas involucradas con el acceso efectivo a la justicia de las víctimas.

Es de precisarse que este resumen se presenta para dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los Trabajos de las Comisiones Especiales de la LXII Legislatura, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero del año en curso; por lo que no puede considerarse como un informe final que presente conclusiones definitivas, toda vez que se tienen pendientes diversas reuniones de trabajo, así como el análisis de la información que ha sido proporcionada recientemente a la Comisión.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
I. Actividades señaladas como pendientes en el Primer Resumen de Actividades.

En la sección Tareas en curso de la Comisión Especial, que cerrara el Primer Resumen de Actividades de la Comisión, se informó sobre diversas diligencias que hasta el momento se encontraban pendientes.

Entre ellas, esta Comisión decidió enfocar sus acciones a aquellas que pudieran contribuir al cumplimiento del derecho de acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas. Por ello, las tareas pendientes se priorizaron de la siguiente manera:

a) Reunión de trabajo con el presidente relator
b) Reunión de trabajo con el Secretario de la Defensa Nacional.
c) Reunión de trabajo con el Procurador General de la República.
d) Reunión con la Subprocudadora Jurídica y de Asuntos Internacionales, el Titular de la Agencia de Investigación Criminal y personal de servicios periciales de la PGR.

e) Continuar realizando las diligencias necesarias para concretar una reunión de trabajo con las víctimas directas e indirectas de los hechos, sus representantes legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como con el Director y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos.
f) Reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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del Grupo de Trabajo de la
ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitzky.

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II. Reuniones sostenidas por la Comisión Especial con autoridades y organismos públicos autónomos.

Fecha
Actividad
Autoridad u Organismo.
13 de noviembre de 2014
Reunión de trabajo
Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.
13 de noviembre de 2014
Reunión de trabajo
Ariel Dulitzky, presidente Relator del grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
26 de noviembre de 2014
Reunión de trabajo
Lic. Jesús
Karam,
General de la República.
Murillo Procurador
9 de febrero de 2015
Reunión de trabajo
Mtra. Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales y el Lic. Tomas Zerón, Titular de la Agencia de Investigación Criminal.
25 de febrero del 2015
Reunión de trabajo
Lic. Luis Raúl
González
presidente de la CNDH.
Pérez,
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III. Resultados de la reunión sostenida con el presidente Relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

El 13 de noviembre de 2014 Ariel Dultzky, presidente Relator de dicho organismo, dejó en claro que su “presencia hoy aquí refleja[ba] la importancia que la comunidad internacional le está dando a los hechos” porque lo ocurrido es “de una extrema gravedad”, inclusive, precisó que “en [sus] cuatro años de miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no recibí un caso, donde 43 personas desaparezcan forzadamente en un solo incidente”.
Derivado de la gravedad de lo sucedido, Insistió en que la Comisión Especial debe considerar llevar a cabo sus acciones como una Comisión que fiscaliza en materia de derechos humanos, pues la tarea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no solamente consiste en aprobar leyes, por lo que entiende la fiscalización como:

“...No es solamente para identificar problemas, sino para transformar esos problemas que se puedan identificar en políticas públicas. En políticas públicas que este Congreso tiene la capacidad de regular a través de la aprobación de legislación en la materia.

Es un caso único, pero por ser un caso único, por ser un caso de gravedad extrema, también ofrece una oportunidad histórica, y la situación en Iguala tiene que servir como un parte aguas para la adopción de las políticas públicas necesarias para asumir con entera responsabilidad la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada en México.

...Esta Cámara de Diputados tienen la posibilidad histórica de comenzar a llenar ese vacío en materia de asumir la responsabilidad política por el fenómeno de extrema gravedad de las desapariciones forzadas que ocurrieron y continúan ocurriendo en México”.
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De tal manera, enfatizó por un lado la falta de responsabilidad política frente a la situación generalizada y sistemática de las desapariciones forzadas en México; y por el otro, los principales vacíos legislativos que en materia de desapariciones forzadas se evidenciaron, una vez más, tras los hechos en Iguala, Guerrero.

Recordó que el Grupo de Trabajo ha visitado México en dos ocasiones, en el año 1982 y en el año 2011, señalando que tras la segunda se presentó un Informe “donde hicimos un diagnóstico, hicimos 33 recomendaciones y hoy, tres años después, lamentablemente tenemos que ratificar que las conclusiones de nuestro informe en su gran mayoría siguen vigentes y la mayoría de las recomendaciones están sin cumplirse”.

Precisó que en ese informe indicaron que faltaba una responsabilidad política que asumiera este fenómeno de manera integral, lo que en su consideración aún persiste a la fecha.

En la segunda visita (2011), refirió que el país ha experimentado dos momentos históricos diferentes en materia de desapariciones forzadas: las que ocurrieron en el contexto de la “Guerra Sucia”, y las que ocurren en el contexto del combate al crimen organizado y la crisis de seguridad que ha detonado.

Precisó que el Grupo viitó en 2011 el estado de Guerrero “porque era el epicentro de la guerra sucia, pero también es un foco de grave preocupación por el deterioro del Estado de derecho hoy en día, y no es casualidad que los hechos [...] hayan ocurrido en el estado de Guerrero. El estado de Guerrero para nosotros sintetiza y es el hilo conductor que une a las desapariciones de la guerra sucia con las desapariciones actuales y las falencias del Estado mexicano”.
En ese sentido, refirió que no puede ignorarse el problema de desapariciones forzadas, pues estará presente por décadas, de manera que el gobierno, el Estado y la sociedad mexicana tendrán que resolverlo.

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Sobre ambos momentos históricos de desapariciones forzadas en México, precisó que si bien ocurren en contextos absolutamente diferentes, tienen algunos elementos en común: la permanencia de la impunidad, la falta de identificación fehacientemente de la mayoría de las víctimas de desapariciones forzadas, y que las víctimas no reciben reparaciones integrales.

Precisó que “no hay una política pública integral ni un marco legal integral que se ocupe de la prevención, de la investigación, de la sanción y la reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. No hay una coordinación vertical ni horizontal entre las autoridades federales, locales y municipales en materia de desapariciones forzadas y parece que no existe un sistema nacional para realizar la búsqueda de personas desaparecidas.”

Por ello, el Estado mexicano debe desarrollar una serie de políticas públicas basadas en cuatro ejes: la verdad, la justicia, la reparación, y la garantía de no repetición.

En ese sentido, los derechos a la verdad y a la justicia implican la atención y resolución ministerial de todos los miles de casos de desaparición forzada que hoy siguen abiertos, no solamente de los 43 estudiantes, mediante:

• Investigaciones que establezcan la suerte y el paradero de todas las personas.
• Procesos penales que establezcan una sanción a los responsables de este grave crimen.

Lo anterior, sin olvidar que: “La suerte y el paradero de las personas desaparecidas significa que el delito de desaparición forzada es un delito continuado y [una investigación] no concluye... hasta en tanto no se sepa qué pasó con la persona desaparecida, en tanto que no se establezca la identidad de la persona desaparecida, en caso de que se encuentren restos humanos”.

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La reparación debe ser integral y satisfacer todo el daño sufrido, con una concepción amplia del concepto víctima de acuerdo con los estándares internacionales:

“En un caso de desaparición forzada no hay una víctima, no es la víctima sólo que desapareció, sino que las víctimas son todos sus seres queridos que sufren por este vacío que deja la persona desaparecida...

Y no solamente son los familiares, sino que en contextos como el de Iguala son todos los compañeros de los estudiantes que han desaparecido, también son víctimas de la desaparición forzada de sus compañeros que participaban en el mismo tipo de actividades. Y todas estas reparaciones tienen que ser adoptadas de acuerdo, y de manera proporcional a la gravedad de las desapariciones forzadas.”

Fue conciso al indicar que la principal recomendación que se formuló desde 2011 fue que reconociera la dimensión del problema de la desaparición forzada como primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.

Refirió que, en el marco de las recomendaciones realizadas en el año 2011 tras la visita del Grupo a México, se indicaron diversas medidas de prevención, de las cuales expresó que no podría decir que de haberse cumplido hubiesen prevenido los hechos de Iguala, pero estoy absolutamente convencido que la implementación de las recomendaciones del Grupo de trabajo hubiesen permitido al Estado [mexicano estar] mejor preparado para responder a un incidente como éste”.

SOBRE EL CASO IGUALA

Indicó que, aunado lo anterior, hay problemas estructurales que siguen afectando a la resolución del problema general de desapariciones forzadas y se ven reflejados en el caso concreto, que son de especial preocupación:

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• La regulación del uso de la fuerza por parte de las distintas unidades de seguridad no es clara y es necesaria.

En opinión del Grupo de Trabajo refirió: “creemos que muchos casos de desaparición forzada son consecuencia del encubrimiento de un uso excesivo de la fuerza, de modo que regular cómo y cuándo se puede utilizar la fuerza sería una manera de prevenir más desapariciones forzadas".

• La averiguación previa y las consignaciones que se han realizado en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa no son por el delito de desaparición forzada, de modo que quienes sean condenados eventualmente, no recibirá una condena por las desapariciones forzadas. Esto es porque hay una limitación en el marco legislativo actual derivado de la tipificación del secuestro y la desaparición forzada.
• El marco legislativo es insuficiente, por ello, se había recomendado la adopción de una Ley General sobre Desaparición Forzada que defina la desaparición forzada con los dos tipos de vertientes que se presentan en este delito: aquella cometida directamente por funcionarios estatales, o aquella cometida por actores privados que actúan con la tolerancia, aquiescencia o cooperación del Estado. Éste segundo elemento no existe en el marco federal y es el que se confunde o mezcla inadecuadamente con el delito de secuestro.
• Hay una falta de coordinación en todos los niveles horizontales y verticales en el Estado mexicano, y se deben adoptar medidas muchísimo más profundas en materia de justicia, por lo que la Ley no solo habrá de enfocarse en la correcta tipificación de la conducta.
• No existe una base de datos nacional sobre personas desaparecidas ni una base sobre personas desaparecidas forzadamente adecuadas, ni una ley que establezca específicamente un Registro Nacional de Personas Desaparecidas Forzadamente.

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Precisó que “Si uno compara la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con el Registro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no coinciden. Si uno mira el registro que está creando la Comisión [Ejecutiva] de Atención a las Víctimas, el número de víctimas de desaparición forzada es prácticamente inexistente.

Si uno mira los casos de desapariciones forzadas en distintas procuradurías es mínimo. No puede ser que México sepa más cuánta cantidad de petróleo exporta que cuánta cantidad de personas han sido desaparecidas forzadamente. Es una cuestión de prioridad de cómo se establecen las estadísticas en un país. [Se tiene] que saber qué personas desaparecieron, cuándo desaparecieron, bajo qué circunstancias desaparecieron, para poder responder de manera integral a este fenómeno.

• Debe crearse un Instituto Nacional de Ciencias Forenses que sea proveído de todos los recursos necesarios, recursos humanos altamente capacitados para no tener que depender de los peritos extranjeros. La participación del Equipo Argentino de Antropología Forense fue una decisión adecuada, ello refleja que México carece de la capacidad técnica forense para realizar este tipo de estudios.
• En lo general, no existe en la regulación integral un procedimiento específico de búsqueda de personas desaparecidas.
• La procuración y la administración de justicia carecen de la capacidad y de la capacitación necesaria para tratar fenómenos complejos, donde se entrecruzan el crimen organizado, la corrupción y el accionar de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones eficientes de conductas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos son complejas, de ahí que sea prácticamente imposible lograr condenas para autores materiales y para autores intelectuales (ya sea quienes dan las órdenes de ejecutar o desaparecer una persona o de encubrir estos hechos).

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• En materia de reparaciones es muy importante que exista un plan nacional de reparaciones integrales para todas las víctimas, que debe contar con los recursos necesarios para satisfacer el derecho legítimo que tienen todas las víctimas de recibir compensación.
• Refirió que el federalismo que existe en México en materia de procuración y administración de justicia hace que el fenómeno de las desapariciones forzadas sea un desafío más complejo, pero también es una oportunidad.

Al respecto, refirió que un ejemplo de la descoordinación entre la Federación y los Estados, se vio reflejado en la no reacción inmediata de la Procuraduría General de la República que intervino 10 días después y señaló:

“Si se comprueba la teoría que presentó el Procurador General de la República a la sociedad y a los familiares, se va a comprobar que esas 72 horas iniciales —que son las cruciales para establecer el paradero de la persona y muchísimas veces para proteger la vida de la persona—, y particularmente las primeras horas fueron las esenciales. Y 10 días más tarde, es demasiado tarde, lamentablemente”.

h) Sobre la dignidad de las víctimas y su protección.
Las desapariciones forzadas no ocurren en el vacío, ocurren en el contexto de un Estado de derecho, y las debilidades del Estado de derecho son las que permiten la perpetuación de las desapariciones forzadas, son las que permiten que los casos de desapariciones forzadas queden impunes, y son las que muchas veces estigmatizan a la víctimas de desapariciones forzadas y a sus familiares, una política integral respetuosa de los valores jurídicos del Estado de derecho tiene que adoptar como primer punto de partida, el respeto de la dignidad de las víctimas de desaparición forzada.

En el mismo sentido, las víctimas y las personas que difunden la información relacionada con éste fenómeno (como es el caso de los periodistas o los

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defensores de derechos humanos), no deberían estar expuestos a maltrato, hostigamiento o incluso desapariciones, por exigir justicia o difundir información al respecto, es inaceptable que ellos se conviertan también en víctimas de violaciones a sus propios derechos.

IV. Resultados de la reunión sostenida con el Secretario de la Defensa Nacional.

El 13 de noviembre de 2014, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial tuvieron una reunión con el Secretario de la Defensa Nacional, misma que versó sobre la participación de los elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, quien proporcionó información diversa y en días posteriores envío informe escrito.

La información proporcionada afirmó que:
a) No tuvieron conocimiento de algún percance ocurrido entre las 17 horas y la media noche del día 26 de septiembre de 2014, derivado de que sus elementos realizaron otras actividades entre las 10:50 y las 22:55 horas a las afueras de la ciudad de Iguala.

b) Que a las 19:40 horas se detectaron dos autobuses de estudiantes, uno de los cuales permaneció en Rancho del Cura ubicado en la carretera Chilpancingo-Iguala, en tanto que el otro siguió su recorrido hasta Iguala.
c) A las 21:20 horas del 26 de septiembre de 2014 El C4 de Iguala
informó al batallón que un grupo de normalistas a bordo de un autobús arribaron a la central Estrella Blanca de Iguala. Ahí, se apoderaron de otros dos autobuses.
d) El c-4 de Iguala informó que a las 21:35 horas salieron de dicha central, tres autobuses con estudiantes, por la calle Hermenegildo Galeana.

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e) A las 21:50 horas el Comandante del Batallón fue informado a través del C-4 Iguala que en las calles de Juan N. Álvarez, hasta periférico norte, había detonaciones y una persona herida por arma de fuego, quien era atendida por alguna autoridad (sic).

f) A partir de las 21:50 horas el Comandante buscó establecer comunicación telefónica con las autoridades de Seguridad Pública, logrando hasta las 21:55 horas establecerla con José Adame Bautista, coordinador operativo de la Policía Estatal en la zona norte, el funcionario mencionó que su gente no iba a salir hasta que se lo ordenaran sus superiores (sic).

g) Entre las 21:50 y hasta las 22:15 horas el Comandante logra establecer enlace telefónico con Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública municipal, cuestionándolo en relación al incidente con los estudiantes de la Normal, contestando que no le habían reportado nada, que su personal se encontraba apostado en las entradas de la ciudad y al ser cuestionado específicamente en cuanto a sí tenía detenidos a estudiantes “lo negó, mencionando que su personal no había realizado disparos de arma de fuego (sic).

h) Elementos de la fuerza de reacción acudieron al Hospital General de Iguala a las 23 horas porque se les ordenó verificar la información de una denuncia anónima relacionada con el ingreso de personas heridas por arma de fuego en dicho nosocomio (sic).

i) En el hospital verificaron que las tres personas que ingresaron ya estaban recibiendo atención médica pero no obtuvieron datos sobre el lugar donde fueron agredidos, por lo que se reincorporaron a las 23:40 horas al batallón.

j) A las 23:45 horas el Sargento Comandante de la Guardia en Prevención del 27o Batallón de Infantería recibió a 8 integrantes del

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equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo” quienes solicitaron apoyo por haber sido agredidos con armas de fuego.

k) Posterior a las 00:30 horas del 27 de septiembre de 2014 indicaron que la fuerza de reacción recibió la orden del Comandante del Batallón de que se trasladaran al Hospital “Cristina” ubicado en la calle Juan N. Álvarez, a verificar la información proporcionada por el C-4, relativa a que gente armada había llegado a dicho nosocomio, sacando a sus enfermeras y encerrándose en su interior.

l) Al llegar al lugar a las 01:15 horas sostendrían un encuentro con 24 estudiantes y 1 profesor, respecto a los cuales se insistió a esta Comisión Especial que en ningún momento se sometió, no se les obligó a adoptar alguna posición incómoda, recibieron llamadas telefónicas, y en todo momento se evitó algún tipo de confrontación, dándoles un buen trato. Asimismo, se precisó que el oficial a cargo de la fuerza de reacción se identificó plenamente antes de retirarse y solicitar una ambulancia para la atención de los heridos. Por órdenes, regresaría a las 02:05 horas para resguardar a loes estudiantes, quienes ya habían abandonado el lugar a pie (salvo un herido que se retiró en un taxi).

m) Agregaron que a las 15:00 horas del 28 de septiembre acudieron al Batallón el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el Coordinador regional de la zona norte de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, y entre 15 y 20 padres de familia, quienes solicitaron el apoyo del Comandante para la búsqueda de 56 jóvenes que estarían desaparecidos que habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala y que estaban sabedores que personal militar no había participado en los eventos. Derivado de que el Comandante les pidió una lista de los nombres, se retiraron para su elaboración, pero ya no regresaron.
Esta Comisión no omite mencionar que esta información sigue bajo análisis y siendo contrastada con la que ha sido proporcionada por otras autoridades.

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organismos, así como aquella que ha sido dada a conocer en los últimos días por los medios de comunicación, en los que a través de imágenes ftográficas y declaraciones se ha comprobado la presunta participación del Ejército en los hechos ocurridos en Iguala.
V. Resultados de la reunión sostenida con el Procurador General de la República.

Por otro lado, el 26 de noviembre de 2014 los integrantes de la Comisión Especial acudieron a una segunda reunión con el Procurador General de la República.

De la misma se destaca lo siguiente:

a) Se han encontrado 17 restos en la escena de la presunta ejecución de los estudiantes en Cocula, los cuales ya fueron enviados al laboratorio austriaco que intervendrá en su análisis de ADN nuclear1 y de ADN mitocondrial2.
b) Los resultados tardarán hasta 8 semanas a partir de la fecha de envío.

El ADN nuclear y ADN mitocondrial difieren en muchos aspectos de partida con la ubicación y la
estructura. El ADN nuclear se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas y tiene dos copias por célula, mientras que el ADN mitocondrial se encuentra en las mitocondrias y contiene 100-1000 copias por célula. La estructura del ADN nuclear es una molécula lineal con extremos abiertos y compuesto de 46 cromosomas y tres mil millones de nucleótidos. El ADN mitocondrial se estructura de una molécula cerrada, circular y compuesto por 16.569 nucleótidos. La herencia de ADN nuclear es diploide, que hereda el ADN de la madre y el padre, mientras que el ADN mitocondrial es haploide, viene únicamente de la madre. Y la tasa de mutación de ADN nuclear es
menos de 0,3% mientras que el ADN mitocondrial es generalmente más alta.

2 La prueba sobre el ADN de las mitocondrias de una célula requiere un menor número de muestras, derivado de las grandes cantidades de mitocondrias están presentes en cada célula. Las mitocondrias tienen su propio genoma de alrededor de 16,500 bases, donde cada genoma contiene 13 genes que codifican proteínas 22 tARN y 2 rARN.

Debido a que cuenta con una tasa de substitución (mutaciones donde un nucleótido es reemplazado por otro) más alta que el ADN nuclear, esta prueba hace más fácil la resolución de diferencias entre individuos cercanamente emparentados, permite trazar líneas genéticas directas y es confiable debido a que las mitocondrias no se recombinan a diferencia del proceso de recombinación en el ADN nuclear al interior de las células (que mezcla secciones de ADN de la madre y del padre, lo que dificulta trazar una historia genética).

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c) Se informó que las investigaciones penales contra los responsables continuaban a la fecha, siguiendo la línea de investigación que sugieren las declaraciones que hasta el momento han rendido todos los probables responsables.

d) En particular, los señores José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa continúan siendo investigados (si bien el primero ya ha sido consignado por ciertos delitos), pues aún no resulta clara la dinámica de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre y su participación o probable participación en la suerte o paradero de los estudiantes.

e) Reiteró que no se están fincando cargos por desaparición forzada de personas derivado de que la pena prevista por el Código Penal Federal es inferior al castigo que pudieran obtener por otros delitos, como el homicidio calificado o el secuestro.

En conferencia de prensa el Procurador General de la República, el 27 de enero de 2015, señalo:

"Se realizaron: 487 dictámenes periciales en distintas especialidades, que soportan y validan científicamente cada parte de la narrativa de los hechos, destacándose los de: Dictamen químico, dictamen biológico, dictamen entomológico, dictamen balístico dictámenes fotográficos.

Entre esos dictámenes practicados, se encuentran los de antropología, análisis de voz, asuntos fiscales, criminalística, contabilidad, psicología, retrato hablado, traducción, tránsito terrestre, valuación, ingeniería, arquitectura, incendios, medicina forense, topografía, audio, video, dactiloscopia y genética.

Se cuenta con 99 detenidos, se han tomado 386 declaraciones y realizado 2 reconstrucciones de hechos. Además de 16 cateos en los que se encontraron diversos indicios y elementos de prueba relacionados con los hechos,

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destacando: una bodega con un arsenal de armas de uso exclusivo del de las fuerzas armadas, incluyendo más de 54 mil cartuchos útiles de alto calibre.

Se aseguraron 93 teléfonos celulares a los diversos miembros de la delincuencia organizada, a los que se realizo forensia tecnología que arrojaron datos de su implicación en éstos y en otros hechos delictivos, plenamente acreditados.

El resultado de identificación de ADN por parte de la Universidad de Innsbruk, identifico el perfil genético de Alexander Mora Venancio.
Mediante oficio de fecha 18 de diciembre del 2014, el Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, remitió la información solicitada, misma que es ampliada en reunión posterior.

Con la Suprocuradora General de la República, Lic. Mariana Benitez, Tomas Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales de la institución para conocer el avance de las investigaciones en torno a la desaparición de los jóvenes normalistas.

Los servidores públicos de la PGR explicaron a los diputados las puntualizaciones de la investigación, la manera como llegaron a sus conclusiones y la forma como se fueron recabando los datos y testimonios relacionados con dichos hechos.

VI. Resultados de la reunión sostenida con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifesto que al entrar en funciones encontró que la relación con las víctimas y los estudiantes se encontraba completamente fracturada, y que desde ese momento a la fecha emprendió diversas acciones que permitieron reanudarla y concretar incluso una reunión celebrada en Ayotzinapa.

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Informó que derivado del acuerdo de cooperación suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el próximo 5 de marzo llegaran a México los expertos en derechos humanos que coadyuvaran en atender el tema.

Dejó de manifiesto que para la CNDH el caso esta abierto porque hay procesos en curso, ordenes de aprehensión que se están cumplimentando y resultados periciales que deben valorarse adecuadamente.

Señaló que es urgente una Ley General de Desaparición Forzada de Personas, que contenga conceptos básicos y precisos y con ello pueda elaborarse un adecuado registro de personas desaparecidas o ausentes.

Abundó en los trabajos que la CNDH está haciendo hasta el momento en cuanto a la información pericial proporcionada por la PGR, mismos que consisten en la información de tallada de la misma, para poder estar en facultad de realizar una comparación a futuro de la información que sea proporcionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, a quienes no han contactado por el momento, pues es necesario terminar la primera etapa de revisión de la información.

VII. Informes enviados por otras autoridades.

Se recibió oficio de fecha 28 de enero del presente año, suscrito por el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, mismo que en su parte medular señala:
Atenciones brindadas:

Hasta este momento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha hecho contacto con diversas organizaciones encargadas de acompañar a las víctimas, entre las que se destaca la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos a través de su director, José Antonio Guevara Bermúdez así como Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales.

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Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” ubicado en el Estado de Guerrero,, a quienes se ha ofrecido en innumerables ocasiones, los servicios de ayuda, asistencia y atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

ACCIONES VINCULANTES

El 27 de octubre del 2014, se llevó a cabo la reunión prevista con el Ingeniero Facundo Serrano Uriostegui, Director de Cultura Física y Deporte del Municipio de Chilpancingo, Gro; el profesor Pedro Rentería, Director Técnico del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, el profesor Adalberto Soberanis Méndez, presidente del Comité de padres de la familia del Club de los Avispones de Chilpancingo la señora Blanca Estela Nava Roldan, integrante del Comité de Padres de Familia del Club de los Avispones de Chilpancingo, entre otras personas que se encontraban presentes.

Tanto la Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH), de la Secretaria de Gobernación, como suscrito, manifestamos que el motivo de nuestra presencia en el lugar, era con el objeto de generar un espacio de acercamiento a fin de ofrecer una atención integral a las víctimas de lo acaecido en la ciudad de Iguala, de acuerdo a las necesidades concretas de cada una de ellas en el caso que pertenecen al equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”.

Se les informo a los presentes el catálogo de derechos a que alude la Ley General de Víctimas, siendo exigibles en término de la normatividad mencionada y que las autoridades federales por ley para dar respuesta a sus peticiones de apoyo en sus calidades de víctimas directas o indirectas eran la CEAV y la DGEADH de la SEGOB.
En igual sentido se pronunció el delegado de la CEAV en el Estado de Guerrero, así como el Director General de la Asesoría Jurídica Federal.

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CEAV, por lo que hace a la atención y orientación jurídica integral, se hizo hincapié en la necesidad de establecer vínculos claros entre las diferentes autoridades y la representación de las víctimas.
Así mismo se concretaron los siguientes acuerdos:

1.- La Secretaria de Gobernación coordinaría la atención a través de la
dirección general de estrategias para la Atención de Derechos Humanos.
2.-En ingeniero Facundo Serrano Uriostegui, Director de Cultura Física y Deporte del municipio de Chilpancingo, será en enlace de las Victimas único y general con los integrantes del comité de padres de familia del club de los Avispones de Chilpancingo
3.-Se establece como enlace gubernamental único y general al Mtro. Alfonso Silva Sánchez, Delegado Regional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Guerrero...
Del mismo modo, actualmente un grupo de trabajo de la CEAV se traslada de manera semanal al Estado de Guerrero, teniendo entre otras funciones, la de localizar a más víctimas de los hechos descritos y continuar brindado con los servicios multidisciplinarios a las que ya se atienden, ya sea de forma directa o vinculando con las Instituciones pertinentes para que en el ámbito de sus competencias brinden apoyo.

IX. Acciones realizadas por la Comisión Especial para establecer contacto con las víctimas.

Tras la publicación del Primer Resumen de Actividades, la Comisión Especial envío mediante comunicación oficial (escrita y electrónica) a las organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su calidad de representantes legales ante la Comisión

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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
Interamericana de Derechos Humanos, remitiéndose una copia de dicho informe, con la intención de hacer de su conocimiento el mandato y acciones realizadas en el marco del seguimiento de las investigaciones.

Asimismo, se reiteró nuestro interés en llevar a cabo una serie de reuniones formales de trabajo, bajo la modalidad que ellos indicaran, a fin de allegarnos de mayores elementos de contraste de las versiones oficiales hasta ahora rendidas por las autoridades que han dialogado con la Comisión.

No obstante, a la fecha no hemos tenido respuesta alguna. En ese sentido, es evidente que aún persiste la desconfianza de las víctimas y de sus representantes frente al aparato del Estado mexicano en su conjunto.

Por lo anterior, las reuniones planeadas con las autoridades de la Escuela Normal Rural, los estudiantes sobrevivientes, los familiares de los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan no se han desahogado, mismas que mantienen su estatus de importancia y como tareas pendientes.

El 16 de enero del presente año, de nueva cuenta se envió comunicación al Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro-Juárez”, así como al Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para que, como representantes de las víctimas, pudieran intervenir para facilitar un encuentro.

Desafortunadamente, dicha solicitud tampoco ha tenido respuesta.

X. Tareas en curso de la Comisión Especial
De acuerdo con las acciones señaladas en el Programa de trabajo de la Comisión Especial, aún quedan pendientes las diligencias siguientes:
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RESUMEN DE ACTIVIDADES

Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

• Reunión de trabajo con las víctimas de los hechos, tanto con los estudiantes sobrevivientes como con las familias de los desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados.
• Reunión de trabajo con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.
• Reunión de trabajo con los representantes legales de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
• Debe concretarse el compromiso del poder legislativo en un tema tan delicado como es la desaparición forzada de personas. Por lo que debe impulsarse el “Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se reúna y comience el estudio, análisis y discusión de las diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada de personas fueron presentadas en esta Cámara para que se puedan dictaminar durante este periodo ordinario de sesiones que culminan el 30 de abril de 2015”, aprobado por el Pleno de la Cámara el 17 de febrero del presente año.