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Noviembre 16, 2018 10:25 hrs.

Justo May Correa › enbocaspalabras

Seguridad ›


La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en suspenso el plan de Andrés Manuel López Obrador de crear una Guardia Nacional y abre varias interrogantes su decisión de invalidar este jueves la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados el viernes 15 de diciembre de 2017 y promulgada por el Ejecutivo el 21 del mismo mes, que buscaba perpetuar la presencia del ejército en las calles en labores de seguridad pública bajo la sombrilla del combate al comercio de las drogas ilegales.

Utilizando ese pretexto, el ejército fue sacado de sus cuarteles para aplacar el descontento social 11 días después de la atropellada toma de posesión el 1 de diciembre de 2006 del panista Felipe Calderón como presidente de México, luego de ganar los comicios por sólo 58 centésimas (35.89% contra 35.31%) al candidato izquierdista del PRD Andrés Manuel López Obrador, que infructuosamente impugnó un resultado de la contienda presuntamente fraudulento que incendió gran parte del país.

La Ley de Seguridad Interior cancelada ayer por la Suprema Corte buscaba regular 11 años de irregular actuación del ejército mexicano bajo la sombrilla del combate al comercio de las drogas ilegales. Sin embargo, la decisión de la Corte se da a un día de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador diera a conocer su voluntad de mantener al ejército en las calles mediante la creación de una Guardia Nacional, anuncio que generó inmediatas decepciones, como la del colectivo ’Seguridad sin guerra’.

Este organismo, en voz de Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos ’Miguel Agustín Pro Juárez’, consideró un ’fraude a la sociedad que confió en la elección de julio que se podía adoptar una política pública de seguridad diferente’ subrayando así que AMLO incumplió sus promesas de campaña de sacar al ejército y a la marina de las calles.

’No es competente el Congreso para legislar en materia de seguridad interior’

El comunicado número 149/2018 de la Corte asienta textualmente:

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la totalidad de la Ley de Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

“Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha Ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior.

“Con esta resolución la Suprema Corte dio por terminada la revisión de la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, en contra de la referida Ley de Seguridad Interior”. Hasta aquí el comunicado.

Guerra de 12 años entre hermanos: saldo 200 mil muertos; 30 mil desaparecidos

México está convertido en una carnicería desde hace casi 12 años con casi 200 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos en el marco del combate a las drogas. En este contexto se inscribía la Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados el viernes 15 de diciembre de 2017 y promulgada por el Ejecutivo el 21 del mismo mes, pues buscaba regular 11 años de irregular actuación del ejército mexicano bajo la sombrilla del combate al comercio de las drogas ilegales.

Con la Ley de Seguridad Interior buscaban perpetuar la matanza entre hermanos, continuar las acciones militarizadas bajo la sombrilla del combate al narco. Lo cierto es que el enorme gasto que implica destinar más y más dinero a la seguridad ha restringido recursos que bien pudieran ser dirigidos a gasto social.

Un ejemplo de la afectación es la aplicación de cuantiosos recursos económicos a la guerra contra el narcotráfico —el entonces presidente mexicano Felipe Calderón confió a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos que México gasta en esa lucha 10 mil millones de dólares anuales, que en una década implicarían 100 mil millones de dólares— que ha restringido en la misma medida el gasto social que debía beneficiar a los mexicanos menos favorecidos y que hoy están peor que hace diez años.

El análisis del problema de las drogas y de las medidas adoptadas al respecto, desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, revela los mecanismos de esa interacción. Todos los ámbitos del desarrollo sostenible establecidos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible determinan la naturaleza y la dinámica del problema de las drogas, y al mismo tiempo se observa la forma en que repercuten en el desarrollo, en los planos individual, comunitario y nacional.

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Resolución de la Corte deja en suspenso propuesta de Guardia Nacional de AMLO

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