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Diciembre 08, 2018 21:20 hrs.

Justo May Correa › enbocaspalabras

Política ›


No es posible en este momento calcular el costo político que tendrá para el Poder Ejecutivo la confrontación abierta por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, que frenó este viernes el recorte de salarios a los servidores de esta rama que devengan emolumentos cercanos a los 600 mil pesos mensuales, algo considerado deshonesto por AMLO en un país con tantas necesidades.

’Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales; eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar 600 mil pesos mensuales, es un acto de deshonestidad’, declaró el presidente que acaba de cumplir una semana en el cargo.

En realidad, este viernes no se dieron mucho de rogar los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir la suspensión temporal de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual estipula que ningún funcionario puede ganar más que los 108 mil pesos establecidos para el presidente de la república, motivo por el cual más de 200 jueces promovieron juicios de amparo en contra de la medida.

Se trata de una clara medición de fuerzas entre los tres poderes de la unión, donde se identifican intereses afines de senadores del PRI y PAN con el Poder Judicial, que se ostenta como más independiente frente al nuevo gobierno. Morena es mayoría en ambas cámaras.

Una minoría legislativa comparte con el Poder Judicial rasgos más identificados con los regímenes anteriores y menos proclives a favorecer criterios de López Obrador que les resulten adversos. Esa circunstancia afianza la comunión de la minoría legislativa recibiendo el respaldo de la Corte.

Desde otro ángulo, se estaría viendo por primera vez en muchos años un Poder Judicial sin los visos de la docilidad que le había caracterizado frente a mandatarios emanados del PRI y PAN, que procuraron mantener contentos a unos ministros de la corte hoy francamente molestos por la pretensión presidencial, secundada por la mayoría legislativa de Morena, de rebajarles los sueldos, lo que sería una suerte de invasión a su autonomía.

Una serie de iniciativas de reformas en puerta tratarán de construir el tinglado legal que ajustará a los ministros a los nuevos criterios. No obstante, versados en leyes, defenderán lo que a sus intereses convenga, buscando que la aplicación de cambios afecte más a la gente nueva y que a ellos les sea respetada la jugosa herencia de los regímenes del pasado reciente, con la esperanza de que estos seis años se vayan rápido junto con el presidente.

Entretanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el senado, acusó que la acción de inconstitucionalidad que pusieron los senadores de oposición fue hecha por ministros de la Corte, ya que en el Poder Judicial también rechazan la disminución de salarios.

La declaración de Monreal se produjo luego de conocer la decisión del ministro de la Corte Alberto Pérez Dayán, teniendo como antecedente que dentro del equipo de AMLO está la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien es ministra en retiro de la SCJN y ha expresado su rechazo a la idea del presidente López Obrador de bajarles los salarios de alrededor de medio millón de pesos al mes a sus excompañeros.

La confrontación se abrió desde el momento en que el candidato López Obrador expresó su intención de bajar los salarios a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se profundizó desde el miércoles 5 de diciembre, cuando el ya presidente de México no sólo ha reiterado su decisión, sino que les ha advertido que ’es corrupción ganar 600 mil pesos mensuales’.

Es del conocimiento público que la actual titular de Gobernación es senadora por Morena con licencia; también es titular con licencia de la notaría pública emplazada en el número 182 de la calle Prado Sur de las Lomas de Chapultepec. Como ministra en retiro recibe una pensión de 258 mil pesos mensuales, más gastos de representación y el pago de cinco asistentes con sueldos promedio de 40 mil pesos cada cual, publicó Julio Hernández en La Jornada el 14 de agosto último.

La jurista declaró el sábado 11 de agosto haber explicado a López Obrador la inconstitucionalidad de la pretensión de reducir los sueldos de los jueces, magistrados y ministros, lo que permite concluir que no es de extrañar la uniformidad de criterios observada por los ministros y la acción promovida por un grupo menor de senadores de una cámara donde Morena, el partido del presidente, es mayoría.

Con el paso de los días habrá nuevas resistencias a los afanes presidenciales de impulsar medidas que están afectando intereses de los perdedores de la elección del 1 de julio. Tienen aliados muy poderosos que también están en el blanco de un mandatario revolucionario y no estarán cruzados de brazos.


Reacción

’Se equivocan’, dice AMLO; que respete la división de poderes, pide Claudia Ruiz Massieu

Este sábado, en el marco de la toma de posesión de Rutilio Escandón como nuevo gobernador del estado de Chiapas, el presidente López Obrador se dijo respetuoso de la decisión de los ministros que rechazan ajustar sus emolumentos a la realidad del país, pero al mismo tiempo consideró que están equivocados porque "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre (...) deberían de quitar el retrato de Juárez de la Suprema Corte, porque Juárez decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía entonces, ¿para que tienen a Juárez ahí?”

En total desacuerdo con sus criterios, Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del PRI, pidió al presidente respeto a la autonomía de los poderes. “Justamente, planteamos la acción de inconstitucionalidad para defender la separación de poderes”.

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Saca a relucir su independencia una Corte en la mira de AMLO

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