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Junio 14, 2019 02:53 hrs.

Ricardo Ravelo / Sin Embargo › Emmanuel Ameth Noticias

Política Nacional › México Ciudad de México


En medio de una de las crisis más agudas de su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por décadas llamado ’el partido de Estado’, se apresta a renovar su dirigencia nacional. Pero tal parece que las experiencias amargas ni las derrotas electorales han encaminado a sus representantes por el sendero del aprendizaje.

En la rebatinga por el poder, los priistas son los mismos de siempre: actúan como si el partido y el poder fuera un botín que sólo debe ser repartido entre unos cuantos. Nada ha permeado a la consciencia de los priistas: una cosa es su discurso y, a una distancia sideral, están los hechos. Ahora una cauda de políticos, como verdaderos capos en guerra, se disputan el poder en el PRI.

En septiembre próximo, el PRI tendrá nuevo dirigente nacional. En la lista de aspirantes se incluyen a personajes marcados por escándalos: José Narro, ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud; Ulises Ruiz, ex Gobernador de Oaxaca; Ivonne Ortega, ex Gobernadora de Yucatán, y Alejandro Moreno, actual mandatario de Campeche.

Este último parece que toma la delantera, con el respaldo de la cúpula priista, del ex Presidente Enrique Peña Nieto y del grupo Atlacomulco que, recientemente, efectuó una reunión en el Estado de México con once gobernadores que cerraron filas en favor de Alito, como le llaman al mandatario campechano.

Este paso hacia adelante, con la anuencia de Carlos Salinas, Peña Nieto y otros prominentes hombres que confirman la cúpula priista puso más que nerviosos al resto de los aspirantes, quienes de igual forma cerraron filas, aunque con menos coro, para crear un frente común que impida ’el dedazo’ en favor de Alejandro Moreno, quien tan seguro está de ser el próximo líder del PRI que ya solicitó licencia para dejar la gubernatura de su estado.

José Narro, Ulises Ruiz e Ivonne Ortega –unidos por una causa democrática, según aducen– pugnan por un juego abierto, por la transparencia y porque sean los propios militantes los que elijan a su próximo dirigente. Ellos acusan a Claudia Ruiz Massiue –sobrina de Carlos Salinas– de manipular el proceso interno y de jugar a favor de Moreno. Por ello priva el enojo y no sólo eso: estas prácticas sucias y antidemocráticas -dicen los quejosos– pueden romper la poquita unidad que, según ellos, aún existe en el PRI. Sin embargo, todo indica que ya hay división.

Las quejas y cuestionamientos surgieron a dos días de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI lance la convocatoria para elegir a su nuevo presidente.
En una carta abierta José Narro demandó que haya certeza de contar con reglas justas, equitativas y con jueces neutrales que eviten prácticas indebidas. Y añade: ’No vaya a ser que se provoque un problema adicional a los que debemos resolver y que pronto tengamos una crisis producto de nuestra incapacidad para escuchar las razones de la realidad. No sea que caigamos en el error de legalizar la trampa y el acarreo…’

Pero lo que Narro cuestiona y señala como algo que podría pasar en realidad ya está ocurriendo: El ex rector de la UNAM acusa, por otro lado, a la Comisión de Procesos Internos de actuar de manera parcial, ya que incumplió con varios acuerdos y ahora pretende incorporar a 654 mil personas como nuevos militantes, de los cuales 488 mil de ellos –el 75 por ciento– provienen de los estados de Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Michoacán.

A esto Narro lo llama ’una mascarada’ cuyo fin –dice– es imponer a Alejandro Moreno al frente de la dirigencia. Y con un tono vehemente, exigió: ’Los priistas no debemos permitirlo. El Comité Ejecutivo Nacional y quienes lo han apoyado son responsables de lo que suceda. El PRI enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite del partido del Gobierno, en un partido testimonial o marginal. Existe el temor fundado de que, si no se hacen los cambios que se requieren, incluso pueda desaparecer. La esencia y la existencia del PRI están amenazadas’.

Ulises Ruiz, ex Gobernador de Oaxaca y uno de los que más ha trabajado por alcanzar la dirigencia del PRI, dice que la convocatoria que este sábado publicará el PRI para la renovación de su dirigencia está amañada y es claro que favorece a Alejandro Moreno.

Ruiz impulsa al interior del PRI una corriente democrática, hasta ahora sin mucho éxito. El ex Gobernador oaxaqueño sostiene que en lugar de que los priistas pasen a la historia como los impulsores de una verdadera renovación, con su entrega a los caprichos de Enrique Peña Nieto terminarán sepultados y sin salvación.

Al igual que José Narro, Ruiz hizo pública una carta en la que también cuestionó el proceder de Claudia Ruiz Massieu, la actual dirigente priista, al afirmar que confiaron en su proceder transparente, pero ahora en los hechos demuestra lo contrario: Afirma que existe un padrón impreciso que permite deducir que se pretenden incluir cientos de miles de afiliaciones hechas a modo, utilizando recursos públicos en muchos casos, lo que ha motivado incluso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, abultando los registros a partir de padrones de beneficiarios de programas sociales estatales en estados como Campeche, Oaxaca y Coahuila.

Y es que, según Ulises Ruiz, el hecho de incorporar a miles de nuevos afiliados, a través de las prácticas desaseadas de siempre, desajusta la balanza y ésta se inclina en favor de Alejandro Moreno, de quien afirma que no tiene presencia en el país y que por ello teme perder la contienda interna. En los mismos términos se expresó Ivonne Ortega, ex Gobernadora de Yucatán, aspirante a dirigir al PRI.

Todo lo anterior explica, sin lugar a dudas, que el PRI no aprende de sus errores y que quizá sean necesarias mayores sacudidas para que por primera vez sus militantes puedan efectuar un proceso de elección de su dirigente de manera transparente. Si esto ocurre en el PRI, ya ni pensar en lo que ocurre en las gubernaturas que aún mantiene ese partido.

Sin embargo, el pasado siempre los alcanza y pesa como una losa: La justicia ni siquiera resuelve los casos de los exg procesados por narcotráfico y corrupción –escándalos mediáticos que todavía sacuden al PRI– y en su proceso interno echan mano de los mismos vicios que ahora permiten que se les vea como un partido que se bate entre su propia historia de corrupción, desaseo y antidemocracia.

Parece que la dura experiencia no ha dejado ninguna enseñanza:

De nada sirvió que Mario Villanueva Madrid, ex Gobernador de Quintana Roo, haya pasado más de dos décadas preso en México y Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Este personaje fue el primer ex Gobernador encarcelado porque se le acusó de estar coludido con el Cártel de Juárez. Se afirma que su desgracia derivó de un pleito con Ernesto Zedillo porque Villanueva se negó a beneficiar a sus hermanos con obra pública. Después de la ruptura vino la venganza y Villanueva tuvo que huir del país. Ni a la toma de posesión se presentó. Se refugió en Belice, primero, y en Cuba, después, antes de ser detenido.

Tampoco ha calado hondo entre los priistas la caída de Tomás Yarrington, ex Gobernador de Tamaulipas, ahora enjuiciado en Estados Unidos por tráfico de drogas, protección al narcotráfico y enriquecimiento inexplicable. Este hombre que saltó a las ligas criminales, emergió del PRI. Yarrington creó una red de prestanombres que se adjudicaron decenas de propiedades suyas –ranchos y mansiones en México y Estados Unidos– y que sirvieron de enlaces con el narcotráfico, pues a través de ellos recibía los pagos millonarios a cambio de protección.

Tampoco sirvió que Eugenio Hernández, otro ex Gobernador Tamaulipeco, haya sido encarcelado por delitos similares a los que hundieron a Yarringon: Protección al cártel de ’Los Zetas’ y al tráfico de drogas y de lavado de dinero sucio. Priista de pura sepa, Eugenio hoy está preso en una cárcel de Tamaulipas y probablemente sea extraditado a Estados Unidos, donde una Corte federal lo reclama.

Tampoco significó ningún aprendizaje la experiencia traumática suscitada tras el encarcelamiento de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, acusado de todo: de robarse el presupuesto para adquirir buques y hoteles de lujo; de cocainómano y golpeador de periodistas, de tráfico de influencias y de vender el territorio quintanarroense al mejor postor: ahí están las miles de hectáreas de alta plusvalía que vendió hasta en un peso el metro cuadrado y cuyos beneficiados fueron sus amigos, socios y compadres que, posteriormente, se enriquecieron con préstamos bancarios multimillonarios porque los terrenos valían una fortuna por estar ubicados frente al Caribe mexicano.

Nadie parece acordarse en el PRI lo fatídico que resultó la huida y fin de Xavier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, quien enloqueció en el poder junto con su esposa, Karime Macías. Duarte, según dijo en una ocasión el entonces Presidente Enrique Peña Nieto –y lo dijo a boca llena– representaba al nuevo PRI y en esa nueva generación incluyó al ex mandatario de Quintana Roo, preso todavía, y a César Duarte, el ex Gobernador de Chihuahua, prófugo de la justicia.

Convertido en fugitivo –aunque todo el mundo sabe que vive sin penurias en Texas– César Duarte es otro caso que le debe doler a los priistas más allá de la piel, pero no es así: símbolo de la corrupción, Duarte fue una pieza clave del esquema de saqueo económico en varios estados para el financiamiento de las campañas del PRI. La justicia, se asegura, lo busca pero al mismo tiempo ruega no encontrarlo.

Otro símbolo del nuevo PRI que terminó en prisión y sigue sujeto a proceso judicial es Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León. El ex mandatario logró salir de prisión, pero sigue un juicio en su contra por mal uso de dinero público al otorgar unos tres mil millones de pesos a la armadora KIA Motors que, según la acusación, fueron desviados del erario público.

Ejemplo de la corrupción institucional es el caso de Roberto Sandoval, ex Gobernador de Nayarit, otro de los rostros jóvenes del PRI que terminó favoreciendo al crimen organizado, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ahora es investigado en Estados Unidos por su escandaloso enriquecimiento. De haber sido un Alcalde de clase media en Tepic, Nayarit, pasó a la opulencia, según él, criando caballos. Pero la historia real sostiene que se metió a brindar protección al narco por eso se catapultó como uno de los hombres más ricos de México.

El ex mandatario recientemente gestionó un amparo para descongelar sus cuentas bancarias, pero en su contra pesa una acusación por enriquecimiento como consecuencia de favorecer al narcotráfico abierta en Estados Unidos, donde también están implicados varios ex colaboradores suyos que son reclamados por la justicia estadunidense.

De nada han servido estas experiencias.

Los hombres del PRI siguen con las mismas prácticas y el respecto a la legalidad no existe ni entre ellos mismos.

Veracruz: el Poder Judicial, un botín

En Veracruz arrecian los señalamientos en contra de Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, debido a que desoye las denuncias que pesan en contra de jueces y magistrados por presuntos delitos de corrupción.

El ex Alcalde de Coatzacoalcos simplemente desatiende las denuncias, interpuestas ante el Consejo de la Judicatura, pues se trata de aliados suyos, personajes que conforman la cofradía de corrupción y con los que se tuerce la justicia en favor de los hombres del dinero. Y no sólo eso: defiende a sus aliados porque pretende relegirse en la presidencia del TSJ

Los señalamientos en buena medida se centran en su hombre de confianza, Manuel Fernández Olivares, El Pámpano, a quien acusan de ser el enviado de Álvarez Peña para coaccionar a jueces y magistrados para que emitan fallos en beneficio de personajes con los que presuntamente se establecieron arreglos.

Como se sabe, en Veracruz tanto la procuración de justicia como el Poder Judicial están bajo el control de la dupla Álvarez Peña-Miguel Ángel Yunes Linares. A través de Jorge Winckler mantienen bajo su poder la Fiscalía del estado, pese a que en las reuniones de seguridad el propio Fiscal ha sido señalado de proteger a delincuentes, en ríspidos encontronazos con marinos y militares, ocurridos tras los hechos sangrientos de Minatitlán.

El Poder Judicial es un verdadero coto de poder, un botín que la dupla mencionada quiere mantener, por ello, el presidente del Tribunal, Edel Álvarez, ha dicho que busca reelegirse en el cargo para continuar, entre otros proyectos millonarios, con la construcción de las llamadas Ciudades Judiciales, un megaproyecto que construye la familia Ruiz Anitúa, aliados del grupo.

En contra de Edel Álvarez hay fuertes cuestionamientos con respecto a la corrupción en el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, pero nada ocurre. Ahora jueces y magistrados que conocen este entramado de corrupción preparan una carta que harán llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga.

La corrupción en el Poder Judicial de Veracruz es un tema público. En 2018, por ejemplo, se documentó que Mario Berlín Mendoza, notario, juez y en ese tiempo aspirante a desempeñarse como magistrado, realizó comilonas, algunos encuentros etílicos con colegas y amistades, así como la renta de habitaciones de lujo que terminó facturando como gastos a sus empresas por un lapso de ocho meses El monto de aquellas diversiones ascendieron a poco más de 79 mil pesos.

De igual forma existen quejas en contra de otros jueces, como Arely Ahumada, jueza de Tuxpan, quien pese a las denuncias sigue en su puesto, inamovible, no obstante que está acusada de actuar en contra de la propia justicia.

Pero lo peor es que ahora se sabe que entre el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y Edel Álvarez Peña se ha sellado un pacto. Se afirma que Álvarez Peña habría vendido el argumento de que su relación con Yunes está deshecha, aunque en todo el estado de Veracruz se sabe que esto no es cierto.

Lo cierto es que tan estrecho está el vínculo entre Cuitláhuac y Edel que la denuncia de juicio político en contra del segundo, promovida en el Congreso por una ONG, de buenas a primeras se desinfló. En la denuncia se aducen presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos, entre otros, que la Diputada Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Comisión Instructora, desechó o bien envío al archivo. No hay argumento que explique el silencio de la legisladora. Se entiende que habría recibido línea de la oficina del Gobernador para no hacer más ruido sobre este tema.

Ahora falta ver qué resultado genera la denuncia que próximamente recibirá AMLO de parte de algunos jueces y magistrados de Veracruz sobre la corrupción de Álvarez Peña en el Poder Judicial.
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