Usuarios de telefónicas, bajo la lupa

CIUDAD DE MÉXICO, (Al Momento Noticias).- De acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones, las operadoras telefónicas están obligadas a cooperar con la justicia, así que deberán mantener un monitoreo en tiempo real de las comunicaciones de sus usuarios por 12 meses, y después mantener una base de datos en la que se puedan consultar pelos y señales, por otros 12 meses, de acuerdo con el artículo 190 de la ley.

Los datos que “la autoridad” va a poder pedirle a los concesionarios de telefonía, sea Telmex, Telcel, Iusacell, MoviStar, Nextel:

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor.

b) Tipo de comunicación: transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos de navegación por Internet, reenvío y transferencia de llamadas. Mensajes enviados y recibidos (de sms o instantáneos de servicios de mensajería ‘avanzados’, que podrían ser WhatsApp, Viber o incluso Skype, pero no se específica).

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, como: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario y líneas de prepago.

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia.

e) Se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización desde la que se haya activado el servicio.

f) Características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor.

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.

Las disposiciones del artículo 190 de la nueva Ley de Telecomunicaciones guardan similitudes con la Ley Patriótica de Estados Unidos -creada para combatir el terrorismo- que permite a instancias como la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) intervenir los teléfonos de la ciudadanía sin autorización previa, lo cual ha sido considerado como una violación tanto a la privacidad como a los derechos constitucionales.

La legislación otorga mayores facultades a las autoridades para vigilar a la sociedad, situación que en la Unión Americana ha conducido a escándalos de espionaje contra figuras como la presidenta brasileña Dilma Rouseff, motivo por el cual, escenarios semejantes en México no pueden descartarse a futuro.

Para que la ley entre en vigor, ya sólo falta que la firme Enrique Peña Nieto.