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Agosto 06, 2019 00:04 hrs.

Efrén Flores / SIN EMBARGO › Emmanuel Ameth Noticias

Política Nacional › México Ciudad de México


Seis de los siete gasoductos que hoy enfrentan demandas de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por supuestas cláusulas ’leoninas’ –como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador– en sus contratos fueron aprobados durante la administración del priista Enrique Ochoa Reza (2014-2016).

’La necesidad de tener contratos de transporte de gas natural obedece a que Petróleos Mexicanos, desde hace una década y hasta la fecha, ha visto reducida su capacidad de producción de gas natural, lo que ha generado desabasto y alertas críticas ante la imposibilidad de Pemex de suministrar gas natural oportuno al sector industrial del país y a la CFE’, dijo Ochoa Reza en entrevista con SinEmbargo. ’En consecuencia […] se inició una estrategia dentro de la CFE para impulsar contratos de gas natural para sustituir los combustibles contaminantes como el combustóleo y el diésel’.

Estas seis obras de infraestructura, que fueron planeadas (2012) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ejecutadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvieron un costo estimado de 5 mil 800 millones de pesos en 2018, sólo por cargos de disponibilidad y costos de servicio, a pesar de que no estaban terminadas y no transportaban el gas natural que debían proveer a la CFE.

Las cláusulas contractuales, que están detrás de la solicitud de arbitraje internacional entre la Comisión y las empresas (Carso, Fermaca, Ienova y Transcanada) que administran los gasoductos, establecen que la CFE deberá pagar tres tipos de tarifas, entre las que se cuenta un ’cargo fijo por capacidad’ que deberá ser cubierto a pesar del servicio y/o en proyectos que estén detenidos por casos fortuitos o de fuerza mayor.

El problema con el subejercicio en el servicio de transporte de gas y los pagos por cargos fijos por capacidad, radica en que en algunos casos se trata de una inversión que no le genera ’valor económico ni rentabilidad a la CFE’, según la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

En marzo de este año, la CFE comunicó que las cláusulas son ’leoninas’ porque ’se paga hasta ocho veces más de lo que se contrató’; porque ’a la CFE no le dan derecho de tener propiedad de los ductos’; porque las cláusulas para casos fortuitos o de fuerza mayor ’obligan a la CFE a pagar a las empresas privadas multas’ inadecuadas, además de que el Consejo de Administración de la CFE ’no aprobó en su momento los contratos’.

De acuerdo con el doctor Enrique Ochoa Reza, este tipo de cláusulas son ’habituales’ en el sector energético mexicano e internacional, con la finalidad de dar seguridad a las instituciones financieras que otorgan los créditos necesarios, para el desarrollo de los proyectos.

’La CFE a través de estos contratos tiene tres beneficios muy claros: Tiene la posibilidad de generar energía eléctrica hasta cinco veces más barata que cuando utiliza combustóleo, o hasta siete veces más barata que cuando utiliza diésel; puede generar energía eléctrica 50 por ciento menos contaminante que cuando utiliza combustóleo; y puede además, tener la posibilidad de comercializar gas natural que recibe a través de esos contratos de transporte de gas natural y comercializarlo con el sector industrial’, explicó.

La información financiera de dos de las filiales de la Comisión que distribuyen gas natural, CFE Internacional y CFEnergía, indica que en 2018 tuvieron utilidades superiores al 20 por ciento de las utilidades netas de la CFE. Dicha cantidad fue 67.9 por ciento superior a las utilidades reportadas en 2017.

El ex director de la compañía eléctrica también refirió que la CFE utiliza 24 gasoductos en la actualidad y que todos fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la compañía, en 2011 y 2013. De ellos, 17 ’ya están reportando beneficios al país’ y del resto, dos están en construcción, uno fue saboteado y cuatro están detenidos por conflictos sociales y/o legales.

Los gasoductos de La Laguna–Aguascalientes, Samalayuca–Sásabe, Tula–Villa de Reyes, Tuxpan-Tula, Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara y Sur de Texas–Tuxpan fueron aprobados entre el 30 de enero de 2015 y el 13 de junio de 2016.

Aunque estas obras de infraestructura debían estar operando desde hace 1.8 años en promedio, de acuerdo con el ’Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019’, la CFE indicó que al corte de junio de este año, las obras de construcción de los gasoductos tenían de 80.56 a 97.23 por ciento de avance, de modo que dos (La Laguna–Aguascalientes y Samalayuca–Sásabe) deberán empezar a operar entre julio y agosto de 2019, además de una (Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara) que estará lista en noviembre.

El gasoducto Sur de Texas–Tuxpan fue concluido en junio de este año; y los gasoductos de Tula–Villa de Reyes y Tuxpan-Tula, que debían empezar a funcionar entre noviembre y diciembre de 2019, todavía no tienen fecha estimada de inicio de operación, ya que iniciarán funciones 11 ó 12 meses después de resolver el ’rescate arqueológico’ y la ’consulta indígena’ que aún detienen los proyectos.

Las obras de cinco de los gasoductos mencionados –con la excepción del de Sur de Texas-Tuxpan– están retrasadas por diversas ’problemáticas sociales’, según la CFE. Y de acuerdo con las cláusulas contractuales, esto es razón suficiente para justificar los pagos de la Comisión a las empresas, aunque aún no presten los servicios para los que fueron contratadas.

LAS CLÁUSULAS “LEONINAS”

Ochoa Reza confirmó a SinEmbargo que “la Ley de Hidrocarburos establece, siguiendo las mejores prácticas internacionales, que una misma entidad no puede ser propietaria del gasoducto y transportar y comercializar gas natural en él […] para no generar fuerza monopólica”.

Por ello, dijo que “la actividad que es rentable para la CFE es la de comercializar gas natural” y que “eso se puede acreditar año con año en los resultados financieros de la empresa, que muestran que de la comercialización de gas natural ha recibido utilidades relevantes”.

Debido a ello, los gasoductos no son proyectos de inversión en infraestructura para la CFE, sino más bien, “contratos de transporte de gas natural”.

En ese sentido, Ochoa Reza indicó que “lo más importante es que cuando tu pagas esos cargos y el gasoducto no está concluido, lo que efectivamente estás haciendo es adquirir un derecho para recibir un servicio adicional futuro, por exactamente el mismo tiempo que ya pagaste. Entonces no es dinero que se tira al fondo del mar. Es dinero que se recupera”.

Los contratos de los gasoductos indican que la CFE “pagará la tarifa [por el gas suministrado] durante el periodo operativo y los demás pagos establecidos”.

Según los acuerdos firmados entre las empresas y la Comisión, existen tres cargos adicionales a la tarifa.

Uno es el “cargo fijo por capacidad” que la CFE debe de pagar al transportista, “independientemente del volumen de gas natural entregado”, para cubrir los costos fijos de éste último –deuda, dividendos, impuestos, gastos operativos y de mantenimiento– por transportar “los volúmenes de gas natural que deben estar disponibles para la CFE”.

Otro es el “cargo variable por uso”, que es una compensación de la CFE a las empresas operadoras de los gasoductos, para cubrir “costos variables” –por transporte, impuestos, seguros, margen comercial, materiales consumibles, sustancias químicas, agua, entre otros– para la operación y mantenimiento del sistema de transporte.

Además está el “cargo por gas combustible” que está relacionado con los “costos por compresión necesaria” para la operación del sistema de transporte, “en proporción al volumen de gas transportado”. Su pago es realizado “en especie”.

Sólo en el caso del cargo fijo por capacidad, existen apartados contractuales que indican la obligación de la CFE de seguir pagándolo, a pesar de la suspensión o retraso de los servicios, siempre y cuando se deban a casos fortuitos o de fuerza mayor.

Por ejemplo, los incisos de la cláusula 22 del contrato (SE-DM-TXTU-004-2015) del gasoducto Tuxpan-Tula indican que “la CFE estará obligada a continuar pagando los cargos [fijos] por capacidad”, por un periodo “no mayor a dos años” a partir del inicio de los eventos fortuitos o de fuerza mayor, sin poder suspenderlos.

Existen nueve casos fortuitos o de fuerza mayor:

I.- Catástrofes naturales que escapan al control humano.

II.- Guerras, disturbios civiles, revueltas, actos de terrorismo, bloqueos, motines, insurrecciones y sabotaje.

III.- Desastres de transportación (aéreos, ferroviarios, marítimos y/o viales).

IV.- Huelgas o disputas laborales en México que “no sean motivadas por el incumplimiento de algún contrato laboral por la parte afectada”.

V.- Actos u omisiones de una autoridad gubernamental.

VI.- Incendios.

VII.- “Imposibilidad de la parte afectada de obtener a tiempo, a pesar de sus mejores esfuerzos, cualquier autorización gubernamental necesaria para permitir a dicha parte cumplir con sus obligaciones”.

VIII.- “Falta por parte de cualquier contratista de proporcionar servicios o materiales imprescindibles para la construcción o reparación del sistema de transporte de gas natural”, siempre y cuando se deba a causas de fuerza mayor o causas fortuitas.

IX.- “Cambios en la ruta por hallazgos arqueológicos”.

En caso de los supuestos II, IV, V y VII, la CFE “pagará al Transportista una suma igual a la correspondiente al cargo fijo por capacidad conforme al presente contrato”, pero deduciendo del importe “los beneficios que el transportista hubiera recibido de las pólizas de seguros por la interrupción comercial”.

Sin embargo, la cláusula 22.8 refiere que “si por un evento de caso fortuito o fuerza mayor el transportista ha sido incapaz de proveer el servicio de transporte de gas natural a la CFE, o a esta le ha sido imposible utilizar el servicio de transporte de gas natural, el periodo del contrato deberá extenderse por un periodo igual a la duración de dicha imposibilidad”.

En ese periodo de extensión “se aplicará la tarifa vigente”; y en los cuatro casos indicados, “la CFE sólo pagará los cargos variables, incluido el cargo por gas combustible”.

De acuerdo con el ahora Diputado federal por Michoacán Enrique Ochoa Reza, durante su periodo como director de la CFE “no se otorgó ninguna causa fortuita o de fuerza mayor”, aunque “en subsecuentes momentos del tiempo, la CFE, a partir de solicitudes de los contratistas, advirtieron que se cumplían las causales en el contrato para ejercer una fuerza mayor [y] el contrato mismo protege esos pagos con servicio adicional a recibirse en el futuro”.

“El punto fundamental –añadió el ex directivo– es que el transporte de gas natural a partir de los nuevos gasoductos es más barato que lo que costaban los gasoductos que existían anteriormente, que eran propiedad de Pemex y que ahora administra Cena-Gas”.

Aunque Ochoa Reza dijo que “las cláusulas actuales son adecuadas”, no desestimó que “están sujetas a interpretación entre las partes”, por lo que consideró que la renegociación contractual del nuevo Gobierno federal podría ser positiva.

“Creo que una mesa de diálogo entre las empresas y el Gobierno es una extraordinario espacio para aclarar cualquier aspecto en donde haya duda. Y en consecuencia, lo que considero importante es que las mesas de negociación entre las empresas nacionales e internacionales y la CFE, arrojen resultados ganar-ganar, donde se generen espacios de certidumbre para llevar a cabo futuras inversiones para transportar gas natural en México”.

ASF HALLA ANOMALÍAS

En las cuentas públicas 2016 y 2017, la ASF encontró irregularidades en la determinación de atrasos de obra en la construcción y operación de algunos gasoductos relacionados con la CFE, por motivos de caso fortuito o de fuerza mayor.

Uno de esos casos fue el del gasoducto Ramal de Tula, que en 2015 retrasó su construcción por hallazgos arqueológicos.

En mayo de 2017, el retraso en las obras continuó por supuestas demandas de amparo en contra de la obra, “incumplimiento del transportista de lo establecido en la convocatoria” y “presiones de gas natural distintas de las estipuladas en el contrato”.

Sin embargo, la ASF determinó que no se justificaba el atraso en el inicio del servicio de transporte de gas natural del gasoducto, ya que las partes involucradas no anexaron el soporte documental que acreditara los retrasos.

Algo similar ocurrió en 2016 con el gasoducto Encino-Topolobampo.

Ese año la CFE reconoció un caso fortuito o de fuerza mayor, por una demanda de juicio en contra del gasoducto, promovido por la comunidad de Repechique (Chihuahua).

“Por corresponder a un acto de autoridad gubernamental y conforme a lo previsto en el contrato” –según la ASF– la CFE “reconoció la procedencia del pago del cargo fijo por capacidad por 1 mil 070 millones 143 mil 700 pesos”.

Pero como “dicho acto tuvo su origen en un evento que era previsible y revisable, por corresponder a las consultas que previo al trazo de la ruta del gasoducto, debieron realizarse a la comunidad por cuyo terreno iba a pasar el gasoducto”, el pago no estuvo justificado “ni procedía”.

En caso de no ser comprobados los retrasos o suspensión de servicios por casos fortuitos o de fuerza mayor, los contratos de los gasoductos (cláusula 22.4-b) establecen que la empresa deberá reembolsar los pagos a la CFE, “más los costos financieros que resulten”. Sin embargo, a la fecha no hay registro de que haya sucedido.

Además de estas irregularidades, en 2016 y de acuerdo con la auditoría de cumplimiento 16-6-90TVV-02-0492 492-DE, la ASF encontró que “el 78.1 por ciento de los pagos efectuados por servicio de transporte de gas natural (4 mil 560 millones 636 mil 900 pesos) fueron por costo fijo de capacidad, que no le generaron valor económico ni rentabilidad a la CFE, ya que no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada en cuatro gasoductos, y no se ha concluido la construcción de otros dos”.

Por un lado, la CFE pagó 1 mil 571 millones 067 mil 100 pesos a los “transportistas” de los gasoductos Encino-Topolobampo y Guaymas-El Oro, por tener capacidad reservada de servicio disponible para la CFE, a pesar de que no tenían fecha determinada para iniciar el “servicio de transporte real” de gas natural.

Además pagó 2 mil 989 millones 569 mil 800 pesos a los gasoductos del Corredor Chihuahua, Morelos, Sásabe-Guaymas y Tamazunchale-El Sauz, cuya capacidad de transporte de gas natural fue “subutilizada” por la CFE, en rangos de 63.2 a 100 por ciento de falta de uso.

Por ello, la ASF indicó que la CFE “no asegura la utilización de toda la capacidad de los gasoductos”, pero que, “conforme a lo establecido contractualmente, continuará con el pago del costo fijo de capacidad, el cual no le generará valor económico ni rentabilidad, a pesar de que sigue transcurriendo la vigencia de los contratos (25 años)”.

Sobre las posibles irregularidades, Enrique Ochoa Reza dijo que tratándose de casos particulares, es necesario que sean estudiados y analizados. En caso de que hubiera irregularidades comprobadas, urgió la necesidad de generar cambios para evitar abusos y/o deficiencias en el desarrollo de los proyectos productivos de la CFE.



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