El 50 aniversario de la impunidad

En el hipotético caso de que el presidente de la República, todavía en funciones, haya aceptado la culpabilidad de alguno de los casos más sonados como Ayotzinapa, Tlatlaya o Palmarito, en el último informe de gobierno, no faltaría algún priísta que le aplaudiera de pie.

Así como sucediera hace 50 años cuando Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad de la matanza del 2 de octubre.

Este no era un discurso valiente sino la celebración del nacimiento de la impunidad contemporánea en la historia de México.

La verticalidad del poder no admite cambios, el condicionamiento operante de un siglo de poder de una derecha que se dice revolucionaria, impiden muchos casos ver con claridad cuando hay transformaciones. Transformaciones que representan el último recurso de la sobrevivencia pacífica del país.

A los cincuenta años del 68 ha habido muchos cambios, pero no tantos como la lógica nos dicta con un poco de sentido común. Porque las exigencias de los estudiantes del 68 si bien no tenían querer con la educación, sí provenían de una educación más nacionalista que a la de ahora. Simplemente la escuela pública, en todos sus niveles, no arrojaba tantos alumnos a la calle, a pesar de ser un derecho constitucional el que se les escamoteaba.

El autoritarismo no sólo no desapareció sino que siguió sólido e ileso desde hace 50 años, la matanza y sus responsabilidades no han debilitado una forma de gobierno que en ningún momento, se preocupó por la democracia, ni siquiera por acercar las desigualdades sociales. Todo lo contrario.

A cincuenta años de un suceso que no debió ocurrir, donde las máximas autoridades del país fueron las culpables de las muertes de estudiantes, no movieron la sensibilidad de un partido en el poder que deje de serlo precisamente por no querer reconocer sus responsabilidades en los hechos represivos de los que se les culpan desde la historia.

Pero la condena de la historia, a pesar del tiempo y de un estado de derecho de ficción, no corresponde a una sola condena penal, donde el Poder Judicial pudiera sacudirse la imposición del ejecutivo.

La generalidad de los mexicanos culpan a Echeverría, Díaz Ordaz, Gutiérrez Oropeza, Cueto, Mendiolea, quienes nunca han sido ni siquiera a declarar ante la PGR. Se creó, artificialmente una Comisión de la Verdad, donde algunos de ellos declararon, y lo hicieron a sabiendas de que no tendría repercusión alguna su comparecencia.

La impunidad corre de manera paralela a la institucionalización de las luchas sociales. Si pudieron institucionalizar una revolución, lo hicieron con otras como la matanza de Tlatelolco y prueba de ello es el hecho de que ahora, con letras doradas el movimiento estudiantil de 1968 aparezca en uno de los muros del congreso mexicano.

Lo que debería permanecer incólume es la independencia de los poderes en México, y sólo hasta ese momento podría haber un espacio para colocar con letras ’de oro’, el nombre de cualquier movimiento social, en los que han muerto muchos mexicanos.

Celebrar la colocación del Movimiento en el mismo lugar oficial donde los diputados priístas le aplaudieron de pie a Díaz Ordaz por haber reconocido su culpa en la matanza, no es una victoria de las luchas sociales, porque sus dirigentes fueron asesinados, y están bajo sospecha más de un político mexicanos, funcionarios públicos que están libres y mentiras esta impunidad prevalezca no habrá lucha social que pueda reivindicarse con un letrero en la pared de las Cámaras.