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Febrero 23, 2015 03:32 hrs.
Fernando Irala › diarioalmomento.com
Periodismo ›
Concatenaciones, Bajo la bandera de la lucha porque aparezcan los desaparecidos de Ayotzinapa, normalistas y profesores han vuelto costumbre un desempeño delincuencial en Chilpancingo y sus cercanías.
Una muy tardía reacción oficial rescató las casetas de las autopistas de la rapiña permanente de la que eran objeto, pero no se han corregido otras conductas tanto o más dañinas, como la toma de edificios públicos, la estrategia anunciada para impedir la realización de elecciones, el asalto y robo de autobuses de pasajeros y camiones repartidores de productos.
La más reciente fechoría, el despojo de una unidad refresquera, motivó la denuncia de la empresa y la aprehensión de algunos de los vándalos, pero las secuelas fueron más graves.
El secuestro de trabajadores de la embotelladora derivó en una increíble negociación para recuperar a los rehenes a cambio del retiro de la demanda y liberación de los detenidos, todo ello con la Comisión de Derechos Humanos como testigo.
Al gobierno del estado todo ello debe parecerle muy normal, pero a los empresarios no les pareció tanto y después de 200 incidentes de robo de mercancía, vehículos y secuestros de su personal, han decidido cerrar la planta, no se sabe aún si de manera temporal o definitiva, pero a como involucionan las cosas en esa entidad, todo hace pensar que tardará su retorno. Y como ésta muchas otras grandes y pequeñas empresas deben estar pensando en retirarse del estado.
En materia turística las cosas no van mejor, pese a los descuentos en peajes y otros ganchos, ya se sabe que la clientela más asustadiza es siempre la de los viajeros.
Así, a la violencia ancestral y la irrupción del crimen organizado, ahora quienes debieran ser un sector constructor de una sociedad mejor en la entidad, contribuyen con su radicalidad llevada al margen de la ley y sobre los derechos de los demás, a hacer más difícil la vida cotidiana y la perspectiva de futuro, a cerrar las ya muy escasas fuentes de trabajo, y abatir todavía más la maltrecha economía regional.
Guerrero tendrá con ello mayor pobreza y desigualdad, más tensiones sociales y menos posibilidad de desarrollo. Eso es lo que buscan esos grupos, aunque pregonen banderas de justicia.
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