Impunidad de boletín

Ahora resulta que con el simple hecho de declararse inocente las responsabilidades legales deben detenerse. Por lo menos así lo ordenó publicar el secretario Gerardo Ruiz Esparza, cuya dependencia, la SCT, con un boletín de prensa cree exonerar de toda culpa a su titular.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su segundo visitador, Enrique Guadarrama, señala que Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, sí tiene una responsabilidad directa por el socavón, en el que murieron cuatro personas.

Si bien la Secretaría de la Función Pública ha cerrado el caso como lo afirma la SCT, en la PGR sigue vivo el expediente, y aunque no lo estuviera, Derechos Humanos señala que su investigación implica que ’pues independientemente de los procedimientos abiertos y en trámite, así como de los concluidos, se requiere un nuevo procedimiento’.

Lo cierto es que la impunidad acompaña a Ruiz Esparza a lo largo de su trayectoria en la administración pública desde que Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, lo nombrara su secretario de Comunicaciones. Hay una serie interminable de irregularidades en todo lugar donde el funcionario ha desempeñado cargos.

A pesar de la obviedad de la responsabilidad de Ruiz Esparza, según la Función Pública, su titular, Arely Gómez, ex procuradora de la República, ha olvidado que hubo una inadecuadaplaneación y programación de la obra’ que derivó en que ’el proyecto ejecutivo firmado por Banobras y ORVA Ingeniería S. A. de C. V., en enero de 2015, se realizó posteriormente al procedimiento de licitación. Es decir, primero se licitó y luego apareció el proyecto.

Las empresas Construcciones Aldesem y Eppcor ’concluyó los trabajos tres meses previos a la fecha convenida, por un importe de 230 millones 629 mil pesos’, todo esto sin comprobación documental, cuyo monto total asciende a 197 millones 737 mil pesos, con un alto sobrecosto, situación que caracterizó la gestión de Ruiz Esparza en el Estado de México y en la SCT.

Cuando se cambió la señal televisiva hubo un sobrecosto de más de 10 mil millones de pesos manejados por la SCT. La repartición de 10.5 millones de televisores digitales, generó un sobrecosto porque el plan original era de 18 mil 760 millones de pesos y terminó consumiendo 28 mil 446 millones, con padrones de reparto mal elaborados, acusaciones de soborno y hasta señalamientos de casi 400 mil televisores ’perdidos’.

Las empresas beneficiarias de esta megacompra de televisores fueron Diamond Electronics, en sociedad con Comercializadora Milenio S.A., que terminó acaparando 63 por ciento de las televisiones licitadas, por un valor superior a 19 mil millones de pesos. La segunda beneficiada fue la cadena de supermercados Soriana, con un total de mil 927 millones de pesos por la compra de 781 mil aparatos de televisión.

Como estos casos estuvo llena la gestión de Ruiz Esparza y hasta ahora ha alcanzado la impunidad, lo novedoso de este asunto radica en el intento de que la secretaría que encabeza este funcionario de dudosa honestidad, quiera hacer de un boletín de prensa como un fallo judicial e ir más allá de las instancias legales para tratar de hacer de su titular una blanca paloma.

El agotamiento de las innecesarias oficinas de comunicación social, dedicadas al culto a la personalidad del titular de la dependencia llegan al límite de sus funciones, al pretender ponderar un boletín a cualquier investigación de derechos humanos o una averiguación previa de la PGR, que debe haberla, y debe prosperar.