Impunidad, nueva nobleza

La inseguridad es sin duda uno de los problemas que ha enfrentado la sociedad. El gobierno tiene miles de averiguaciones previas abiertas sin que haya respuesta, investigación, pesquisa, detenciones, procesos, juicios ni sentencias.


La mejor manera de evadir el castigo a un delito es realizando las demandas a las instancias respectivas, donde un halo de protección encamina a los delincuentes a la impunidad, sea de la índole que sea.


Hay estudios muy serios, profundos, realizados por verdaderos especialistas en diferentes instituciones académicas del país que tienen a la inseguridad como objeto de estudio, pero la necesidad de nombrar amigos y familiares en los puestos se convierte en un problema que deberá erradicarse cuanto antes.


La administración pública tiene en la inseguridad el mayor de sus problemas. El incremento en las tasas de delito son realmente alarmantes. El crecimiento exponencial de la tasa de delincuencia es un aviso de una violencia que debe detenerse y que no han logrado contraatacar los gobiernos.


La impunidad ha sido una característica de los regímenes anteriores, donde los gobernadores parecen tener el campeonato nacional.


No sólo los Duarte, los Medina de la Cruz, los Moreira, los Padres, sino todos quienes han tenido ese cargo salen millonarios de su gestión.


No hay ex gobernador que no sea millonario. Desde luego la discreción es un mérito muy válido, pero que no implica inocencia sino carencia de escándalo.


Si la impunidad caracteriza a las autoridades, los delincuentes comunes exigen su parte del privilegio. Es decir, la impunidad se convierte en una especia de canonjía nobiliaria que otorga no sólo la libertad total para delinquir sino poder.


Todo delito que quede impune, es decir la mayoría de los perpetrados en el país, otorga poder. No sólo porque así actúan los funcionarios públicos sino porque en su ámbito gozan ya de prestigio, desde el momento en que ya no se ocultan. Hasta reparten tarjetas representación ofreciendo servicios de acompañamientos a bancos, de repelentes contra chineros, sobre todo de rentas de piso en diferentes mercados de la ciudad de México.


Es precisamente el Poder Judicial donde la impunidad exhibe su más amplia gama de creatividad, y muestra de ello es el hecho de que dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la nación, los mimos que se negaron a reducirse el salario, tienen familiares en esa misma dependencia, ganando más de 100 mil pesos.


Para Luis María Aguilar Morales, quien tiene a su hija, odontóloga cobrando en la nómina de la Suprema Corte y de profesión dentista, con un salario de 135 mil pesos mensuales y para Jorge Mario Pardo Rebolledo, los mismos del sistema no son suficientes con su alto e injustificado salario, e incurren en faltas que bien pueden ser denominados delitos, porque son ellos quienes deben poner el ejemplo de rectitud y honestidad a los mexicanos.

En este caso no sólo deben renunciar sus hijas sino ellos.


Así, la impunidad es un privilegio de la nobleza en esta monarquía que impusieron el PRI y el PAN. De tal suerte que alcanzarla, implica poder, ser superior y sobre todo actuar sobre la ley. Una ley que en México, en estos momentos ni los magistrados de la Suprema Corte de Justicia respetan.