Jueces vs justicia

El próximo 18 de junio entra en vigor en todo el país el Nuevo Sistema Justicia Penal Acusatorio y nace con antecedentes negros en la manera en que en México se administra e imparte la justicia.
Sin embargo, como si el Poder Judicial tuviera limpia la conciencia, cuestiona una serie de instancias social, que en su momento y en su contexto pueden sustentar una régimen democrático que a veces las instituciones no pueden darle solidez.
Por si fuera poco, en unos meses la PGR se convierte en Fiscalía, y estrena nombre con antecedentes que bien podría pensarse en que debe refundarse y no sólo cambiar de nombre.
Para que los mexicanos podamos creer en la nueva forma de administrar y procurar justicia es necesario que se limpie la casa y que se castigue a quienes la ensuciaron. Todavía está fresca en la volátil memoria de la sociedad la manera en que Felipe Calderón ordenaba a la entonces procuradora Marisela Morales encarcelar generales acusándolos de narcomenudistas para que no le obstaculizaran el desarrollo de su ’guerra’ personal contra el narcotráfico. Marisela es cónsul del gobierno mexicano en Milán, Italia. Los generales están libres pero marginados de toda actividad. La ex procuradora sigue gozando de los lujos de la impunidad. La PGR ha hecho delincuentes a la medida de las necesidades del poder político.
En este mismo sexenio ha habido una serie de errores, voluntarios e involuntarios, en los que se adjudica delitos a los luchadores sociales y al cabo de varios años se les ofrece disculpas sin más sanción que el desprecio de las víctimas. En un sistema donde todos los mexicanos son culpables hasta que demuestren lo contrario, ni el Nuevo Sistema Justicia Penal ni el cambio de nombre de la PGR pueden tener respeto ni validez, a menos que sea pro la fuerza como lo han demostrado siempre. Entonces dónde está el cambio.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Luis María Aguilar Morales calificó de ’mala práctica’ que organizaciones civiles descalifiquen a los jueces y magistrados por ordenar la liberación de presuntos delincuentes al encontrar en sus expedientes violaciones al debido proceso.
El señor defendió el trabajo de los jueces al comentar que se apegan a la Constitución y a las leyes, mientras que las descalificaciones a su labor se han hecho ’sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto’.
Sin embargo hay muchos jueces que no se apegan más que a sus intereses, ejemplos hay muchos pero puede mencionarse uno reciente y de gran difusión mediática, como es el caso de una hombre de 71 años, a quien aún no se declara culpable por un delito administrativo, que podría estar detenido en su casa durante el desahogo del proceso pero la jueza 60 Penal de Primera Instancia de la Ciudad de México, Flor Fernández de castro, no lo permite. La obligada imparcialidad de un cargo como el que pondera y glorifica el magistrado, determina que es ella quien debiera señalar este beneficio; sin embargo, tuvo que ser la defensa la que lo solicitó pero a ocho meses de la petición no le ha sido concedido dicho beneficio, sigue en las mazmorras húmedas y pestilentes del reclusorio Oriente.
Al parecer la ceguera de la justicia implica la miopía de los jueces. Y, ante esta realidad surgen las acciones de las organizaciones sociales que aunque no lo quiera reconocer el magistrado, contribuyen a que en el sistema de justicia haya legalidad y en el proceso legal haya justicia.