1

2,169 vistas

Noviembre 03, 2020 01:46 hrs.

Armando Téllez Flores › diarioalmomento.com

Empresas ›


+Niveles mínimos de protección social universal

+El confinamiento social daña a los estudiantes

CIUDAD DE MEXICO .- Reconstruir mejor después de la pandemia para fomentar la resiliencia frente a futuras crisis requiere solidaridad internacional y una mayor protección social para todos, tanto para las personas en situación de pobreza o marginadas, como para las que disponen de recursos para costearla.

Los gobiernos que han respondido a la pandemia de COVID-19, incluidos sus efectos sociales y económicos, con un conjunto de planes ad hoc, en particular, bajas profesionales remuneradas, transferencias de dinero y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas medidas poseen dos limitaciones principales, señalaron expertos de la OIT, como Michelle Bachelet, Olivier De Schutter y Guy Ryder

.En primer lugar, muchas son soluciones temporales a corto plazo, que abarcan confinamientos o períodos de cierre de duración determinada hasta que se produzca la recuperación económica. No contribuyen a modificar las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad, ni a mejorar su situación para afrontar crisis futuras.

En segundo lugar, dichas medidas no abordan los riesgos vitales a los que deben hacer frente la mayoría de las comunidades más afectadas del mundo. Pese a que las medidas gubernamentales adoptadas en todo el mundo para hacer frente a la COVID-19 han costado más de 11 billones de dólares, la inmensa mayoría se han aplicado en países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (878.780 millones de dólares) (equivalente al 6% de su producto interno bruto, PIB), y Japón implantó un plan de recuperación económica equivalente al 22% de su PIB (1,1 billones de dólares). Sin embargo, en los países en desarrollo de bajos ingresos las medidas de respuesta fiscal han representado, en promedio, el 1,2% del PIB.

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, poseen recursos internos limitados, limitación que se ve acentuada por la caída del precio de determinados productos básicos de exportación. No tienen la capacidad necesaria para aplicar las medidas necesarias para afrontar la crisis que precisa su población, y mucho menos para implantar los sistemas de protección social a largo plazo que permitirían fomentar su resiliencia.

Antes de la pandemia de la COVID-19, el 69% de la población mundial no gozaba de cobertura de seguridad social, ya fuera de forma íntegra o parcial. Casi dos terceras partes de los niños en todo el mundo no tenían cobertura de protección social, únicamente el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones económicas por desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían prestaciones económicas por discapacidad.

Las crisis mundiales, como la provocada por esta pandemia, trascienden límites geográficos y políticos. Frente a ellas, nuestra fortaleza es únicamente la que poseen las personas más débiles. Con objeto de aumentar la resiliencia y la capacidad de recuperación de forma más eficaz, debemos apoyar a todos los países para que puedan establecer bases sólidas de protección social. El enfoque actual, poco sistemático, es como llamar a los bomberos al declararse un incendio, y luego decirles que sólo salven algunas habitaciones del edificio en llamas.

Está claro que esa no es la solución más adecuada. En las circunstancias actuales, la solidaridad internacional es fundamental y nos beneficia todos.

Los niveles mínimos de protección social para todos son viables económicamente. A lo largo del año en curso, el déficit de financiación de todos los países en desarrollo, a saber, la diferencia entre lo que dichos países invierten en sistemas de protección social y el costo que tendría la implantación de un nivel básico de protección social íntegro (incluidas sus prestaciones sanitarias), equivale a unos 1,19 billones de dólares, incluídos los efectos de la COVID-19. Pero dicho déficit es sólo de unos 78.000 millones de dólares en el caso de los países de bajos ingresos, cantidad desdeñable con respecto al PIB de los países industrializados. Sin embargo, el valor económico total de los programas oficiales de asistencia al desarrollo destinada a protección social se eleva únicamente al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.

Los países deben destinar la mayor cantidad posible de recursos disponibles a facilitar el establecimiento de sistemas de protección social para todos. Ello puede conllevar la adopción de enfoques más eficaces en materia de fiscalidad y de lucha contra la corrupción. A largo plazo, esa redistribución de activos contribuirá a disminuir la desigualdad y la discriminación, así como a facilitar el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de "no dejar a nadie atrás".

De esta crisis cabe extraer muchas conclusiones. En particular, que para lograr una mejor reconstrucción es necesario fomentar la solidaridad internacional y la protección social para todos, no sólo para los que ya pueden permitírsela actualmente. Si ignoramos ese mensaje, corremos el riesgo de condenar a las generaciones futuras a que sigan padeciendo el inmenso sufrimiento que ha de afrontarse actualmente. Ese es, sin ninguna duda, un futuro que no se puede tolerar.

EL CONFINAMIENTO SOCIAL HA OCASIONADO DAÑO PSICOLÓGICO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

A pesar de los avances de la ciencia, desastres sanitarios como el COVID-19 siguen siendo impredecibles y causan daños severos a la salud psicológica de estudiantes universitarios por las pérdidas en su entorno social y familiar, sostuvo el maestro Jorge Álvarez Martínez durante la Primera Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental, celebrada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El confinamiento social obligado por la pandemia ha ocasionado la ruptura de las actividades cotidianas, la necesidad del trabajo a distancia y ha provocado miedo e incertidumbre por el futuro y el embotamiento emocional.

Por tanto, las universidades deben desarrollar programas y alistar la logística de apoyo para sus comunidades, advirtió al participar en el Conversatorio Intervenciones en salud y bienestar comunitario basadas en evidencia.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde es profesor de la Facultad de Psicología, ’participan psicólogos y psicólogas tituladas a través de una brigada de atención psicoemocional y psicosocial a distancia y contamos con un servicio de conmutador a través del cual profesores de la facultad brindan atención telefónica’; 78 por ciento de las llamadas recibidas han sido para atender alguna crisis, 19% han sido únicamente para solicitar información y el resto han representado atención de urgencias.

Estos trabajos se realizan en colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), entre otros, para elaborar un curso de capacitación en línea para la formación de personal especializado en salud mental para fomentar la prevención y técnicas específicas de apoyo.

Hasta el mes de junio, 50 por ciento de las personas atendidas por el Programa de Intervención en Crisis a Víctimas de Desastres Naturales y Socio-Organizativos mostraron preocupación por la situación económica y 39 por ciento manifestó alguna dificultad para poder permanecer en casa, ya que si bien 36 por ciento señaló tener ingresos suficientes casi uno de cada cinco (19%) respondió no contar con ingresos.

El maestro Julio Javier Corona Maldonado, profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), reconoció la necesidad de establecer una tipología para atender los casos a partir del confinamiento con el propósito de llevar a cabo intervenciones comunitarias.

De las acciones emprendidas en el IPN para atender a una comunidad de más de 250 mil estudiantes, profesores y trabajadores destacó un primer nivel de información a través de recursos multimedia, para brindar atención de primer contacto.

’Diseñamos cuatro elementos en el ámbito universitario: aperitivos para la salud, Línea de Apoyo Psicológico IPN, aspectos sobre la perspectiva de género y orientación juvenil, a fin de canalizar a quienes puedan requerir asistencia’, señaló el psicoterapeuta del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás.

La unidad politécnica trabajó para atender los problemas de violencia de género que se incrementaron por motivo de la pandemia, mediante propuestas de grupos académicos que han contado con el apoyo institucional y trabajado en conjunto con otras instancias públicas.

En su portal, dijo, han recibido 10 mil visitas y más de 22 mil réplicas en redes sociales. ’En la primera semana tuvimos 126 llamadas hasta llegar a 500 por semana, un incremento de 350 por ciento, aunque ahora estas comunicaciones se han reducido’.

La doctora Kalina Isela Martínez Martínez, investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), coincidió en que es pertinente tener una tipología para establecer programas basados en la evidencia científica, por lo que es preciso analizar la metodología de ese estudio para determinar el tipo de intervenciones que requieren las personas.

En el marco de una intervención sistemática se deben evaluar sus resultados desde un punto de vista científico para replicar esa experiencia toda vez que la contingencia ha agudizado los problemas de salud mental de los estudiantes, de por sí significativos pues según un estudio realizado por esa institución 10 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso presentó depresión, que subió a 13 por ciento en el tercer año, en tanto la población escolar con ansiedad se ubicó en 8.9 por ciento y tres años después subió a 11.4 puntos de la población.

Las respuestas que han dado las instituciones para atender a los estudiantes es muy relevante, no todos los universitarios pero algunos presentan problemas depresión y ansiedad por ello es acertado seguir investigando para una atención de nuestros jóvenes. Ante la pandemia hemos avanzado de manera importante en los servicios de la atención psicológica, sostuvo la investigadora del Departamento de Psicología.

Sin embargo, menos de 30 por ciento de la población que requiere recibir atención siquiátrica o psicológica acude con un profesional debido al alto costo del tratamiento y a la vergüenza para abordar asuntos de su vida privada, concluyó la también secretaria técnica de la maestría Investigación en Psicología de la UAA….

(tellezflores@hotmail.com)

VER NOTA COMPLETA

CONTACTA AL AUTOR

Escribe un comentario directo al autor

Para La OIT los confinamientos temporales no ayudan a solucionar las lamentables circunstancias actuales

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.