Petición para detener al presidente de Sudán en Marruecos

El actual presidente de Sudán, Omar Al Bashir, es el primer jefe de estado –es presidente desde 1989 cuando dio un golpe de estado- que tiene una orden de detención dictada por la Corte Penal Internacional (CPI).

Su visita desde el jueves 3 de agosto a Marruecos ’en visita privada’ ha motivado una serie de declaraciones y movimientos exigiendo que sea detenido y extraditado a La Haya para ser juzgado de los crímenes internacionales y contra la humanidad de la que es acusado.

En julio de 2008, el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, acusó a Al Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra en la región de Darfur a partir de 2003 que costaron la vida a 400 000 personas. La Corte resolvió una orden de arresto para el actual presidente sudanés, el 4 de marzo de 2009, por crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no genocidio y otra el 12 de julio de 2010.

Según el Derecho Internacional, pese a que exista una orden de arresto, el presunto culpable únicamente puede ser detenido fuera de sus fronteras y corresponde a un tercer país el entregarlo a la justicia internacional. Por este motivo, sus salidas del país son más que limitadas y siempre a países seguros que sabe no aplicarán la orden de arresto por no ser firmantes del tratado de la CPI.

El Centro Marroquí para la Paz y el Derecho, que preside el especialista en la CPI, Hicham Cherkaoui, ha exigido que el Gobierno marroquí no reciba a Al Bashir y lo extradite a la CPI, porque se trata de un ’delincuente acusado de graves crímenes internacionales’. También advierten que el estado marroquí se expone ’a menospreciar el trabajo y la lucha contra la impunidad que se refleja al aceptar a un acusado por la CPI’.

Sostienen además que Marruecos ’no debe ser un país seguro para tiranos y torturadores’ y recuerdan que el estado, tras haber suscrito el acuerdo de septiembre de 2000 en Roma, tiene la obligación de respetar la jurisdicción de la CPI, citando además las disposiciones de la Constitución de 2011

Al mismo tiempo, se hizo público un manifiesto de juristas, intelectuales, profesores y periodistas contra la visita de Omar al Bashar por encontrarse en la lista de criminales de la Corte Penal Internacional solicitando al jefe de Gobierno, Saadedín al Ozmani que no lo reciba.

’La invitación no sirve a los intereses del pueblo marroquí’, recordando que se encuentra en búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional que emitió ’en 2009 y 2010 órdenes de detención por los cargos de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio’ por la represión en Darfur.

Los firmantes manifiestan su ’enérgica protesta’ porque se le haya invitado y piden al Gobierno que rechace ’a este brutal dictador que huye de la justicia internacional. Nuestro país no debe tener el honor de acoger a un asesino en serie ya que representa el contraste absoluto con los valores fundamentales que debe aspirar el pueblo marroquí de respeto a los derechos humanos, la dignidad, servicio a la justicia y un estado democrático y de derecho’.

En el amplio listado de firmantes se encuentran la exportavoz de la misión de la Unión Africana (UA) y la ONU en Darfur, Aisha El Basri; el periodista Ali Anouzla; el profesor universitario, Abdullah Al Hamoudi; la expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Khadija Riadi; el expresidente de la Liga Marroquí de los Derechos Humanos (Lmddh), Mohamed Zehari; el activista de la AMDH Youssuf Raissouni; la periodista excolaboradora de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui; el abogado y profesor universitario Abdul Aziz Nouaydi; el militante de derechos humanos, secretario general de Transparencia Internacional Marruecos y economista, Fouad Abdelmoumni; el profesor Mohamed Madani; el periodista Hicham Al Mansouri; la activista de Derechos Humanos Rabia Bouzidi; el escritor y traductor Mohamed Ahrouba y el profesor Khalid Bakary.

Por otra parte, recientemente se conoció que la Corte Penal Internacional considera que Sudáfrica debería haber ejecutado la orden de detención contra al Bashir cuando éste visitó el país en junio de 2015. Un grupo de Derechos Humanos pidió su detención pero huyó de Sudáfrica antes de que el juzgado se pronunciara.